Espionaje bancario: la Cámara de representantes aprueba una resolución de apoyo a la administración Bush contra la prensa

El 29 de junio de 2006, la Cámara de Representantes aprobó, por 227 votos contra 183, una resolución presentada la víspera, que apoya el programa de vigilancia de las transacciones bancarias internacionales, puesto en marcha por la administración Bush, en el marco de su lucha contra el terrorismo. La resolución equivale a una condena de los medios de comunicación que revelaron la existencia de dicho programa, empezando por el New York Times, blanco de vehementes ataques del ejecutivo y de la mayoría parlamentaria. Algunos políticos republicanos reclaman ahora que se expulse del Congreso a los periodistas acreditados del diario. Otros llegan hasta el extremo de pedir que se les denuncie por alta traición. El representante Michael Oxley (republicano, Ohio), autor de la resolución, declaró que “el artículo del New York Times le ha cortado las piernas al programa”. Por propia iniciativa, su colega J.D. Hayworth (republicano, Arizona) lanzó una petición, que de momento ha recogido 70 firmas, exigiendo el despido de los periodistas del New York Times que efectuaron las revelaciones. “Denunciamos el tono excesivo y las abusivas reclamaciones solicitadas por los partidarios de esa resolución, cuyo violento discurso representa un atentado a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a estar informados. La resolución significa un deseo de controlar a los medios de comunicación, a los que se invita a no tratar temas sensibles. Esta nueva iniciativa, sumada a las amenazas relativas al secreto de las fuentes, apoya el temor a que cada vez sean mayores las restricciones impuestas a la prensa. Estamos muy preocupados por esta progresiva degradación de las libertades de prensa y expresión en Estados Unidos, y hacemos un llamamiento a la opinión pública norteamericana, y a la clase política, para que reaccionen”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. ____________________________________________________________ 27.06.06 - Secreto de las fuentes y "secreto de Estado" : Reporteros sin Fronteras esta preocupada por las posiciones del ministerio de justicia y de un representante republicano Reporteros sin Fronteras está alarmada por la última iniciativa contra la prensa del Ministerio Federal de Justicia, y por las declaraciones del presidente del comité de seguridad interna de la Cámara de Representantes, Peter King (republicano, Nueva York). El gobierno ha manifestado al Congreso su oposición a cualquier ley federal que garantizara a los periodistas el privilegio del secreto de las fuentes. El político republicano, haciéndose eco del presidente George W. Bus, ha pedido que se inicien diligencias criminales contra el diario New York Times, que recientemente reveló el programa gubernamental de rastreo del dinero del terrorismo, y los peligros de abusos que representa. “Estas posturas vienen a sumarse a la degradación de la libertad de prensa en Estados Unidos. Además de los procedimientos que se siguen contra algunos periodistas a nivel federal, para forzarles a revelar sus fuentes, ahora, para presionar al poder legislativo y en nombre del secreto de Estado, el gobierno querría impedir que la prensa tratara temas sensibles relativos a la seguridad nacional. Una vez más hacemos un llamamiento a los parlamentarios para que debatan y aprueben, lo antes posible, las proposiciones de ley sobre libertad de información, presentadas en el Senado y en la Cámara de Representantes en febrero de 2005, con el fin no sólo de terminar con un statu quo jurídico insostenible, sino también de garantizar a la prensa su indispensable papel de contrapoder”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 20 de junio de 2006, el Departamento (ministerio) Federal de Justicia dirigió a Arlen Specter (republicano, Pennsylvania), presidente del comité judicial del Senado, una carta de nueva páginas en la que argumentaba en contra de la aprobación de una “ley escudo” (“shield law”), que autorizaría a los periodistas a no revelar sus fuentes informativas ante una jurisdicción federal. Arlen Specter forma parte de los promotores de la Ley de libertad de circulación de la información de 2006, presentada en la Cámara Alta, en mayo pasado, por Richard Lugar (republicano, Indiana) y Christopher Dodd (demócrata, Connecticut). El texto concede a los periodistas un privilegio “cualificado”, y no “absoluto, en materia de secreto de las fuentes. Los jueces solo podrían obligar a un periodista a revelar el nombre de su fuente cuando se cumplieran varias condiciones, y entre ellas que esa fuente fuera la única disponible y que el hecho de revelarla representara un interés demostrado para el procedimiento, y la información del público. Paralelamente, un proyecto de ley similar, presentado en la Cámara de Representantes en febrero de 2005, establecía un privilegio absoluto para los periodistas. De momento, el privilegio cualificado se les reconoce a los periodistas en 33 de los 50 Estados. La carta del Departamento de Justicia utiliza, como principal argumento contra el proyecto de ley senatorial, la protección que podría proporcionar a los terroristas. “Según su lectura de la ley, los periodistas del canal Al-Manar, medio de comunicación emanado de la organización terrorista Hezbollah, estarían dispensados de revelar sus fuentes confidenciales”, se dice en la carta, tal y como lo cuenta el Reporters Committee for the Freedom of the Press (RCFP). Los autores de la carta anticipan también que la obligación, prevista en el proyecto de ley, de justificar la revelación de una fuente añade “una carga inaceptable a las responsabilidades constitucionales del presidente y del poder ejecutivo”, en el plano de la seguridad nacional. La seguridad nacional ha servido de pretexto a la administración norteamericana para someter a escuchas a miles de ciudadanos, entre los que se encuentran algunos periodistas, o espiar transacciones económicas, con el fin de rastrear el dinero de las organizaciones terroristas. La revelación de la existencia de dichos programas, y de los riesgos que suponen para las libertades públicas, y en particular para el diario New York Times, han llevado al gobierno a invocar el secreto de Estado. En mayo pasado, el Ministro de Justicia en persona esgrimió la amenaza de actuaciones judiciales contra los medios de comunicación, por violar leyes contra el espionaje. El 24 de junio, el diputado Peter King, presidente del comité de seguridad interna de la Cámara de Representantes, le tomó la delantera pidiendo que se abriera un procedimiento criminal contra el diario neoyorquino. La petición ha sido rechazada por los senadores de los dos grandes partidos. Por otra parte, el vicepresidente Dick Cheney declaró que el “New York Times ha hecho más difícil la tarea de defendernos de ataques terroristas en el futuro”. El Secretario del Tesoro, John Snow, calificó al diario de “arrogante” e “irresponsable”.