El Tribunal Supremo se niega de nuevo a estatuir sobre el secreto de las fuentes, Reporteros sin fronteras denuncia un statu quo insostenible

Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hecha pública el 5 de junio de 2006, de no estatuir sobre la suerte de cinco periodistas condenados por la justicia federal, por “desacato al Tribunal”, a causa de que se han negado a revelar sus fuentes. De igual manera, la alta jurisdicción se negó el 27 de junio de 2005 a pronunciarse sobre el caso de Judith Miller, que entonces trabajaba en el New York Times, y Matthew Cooper, del Time, condenados por idéntica razón. La primera cumplió doce semanas de cárcel antes de consentir en revelar sus fuentes. Reporteros sin Fronteras denuncia un statu quo jurídico insostenible. “Mientras que en los últimos meses se han multiplicado los ataques a la confidencialidad de las fuentes, el Tribunal Supremo acaba de dejar pasar la ocasión de garantizar a nivel federal uno de los propios principios del periodismo de investigación, a saber el secreto de las fuentes. La suerte de James Risen, Robert Drogin, H. Josef Hebert, Pierre Thomas et Walter Pincus se ha regulado ahora después de que llegaran a un acuerdo económico Wen Ho Lee, el gobierno y los medios de comunicación implicados en este caso. Aunque nos felicitamos por el hecho de que esos periodistas escapen así a unas potenciales penas de cárcel, y estén en grado de proteger el anonimato de sus fuentes, es lamentable que no haya sido resultado de una decisión judicial. Hay otros periodistas que han sido, o van a ser, citados ante la justicia para revelar sus fuentes. Esta situación hace que ahora sea urgente el debate, y la votación, de la proposición de ley presentada en el Senado, en mayo de 2006, por Richard Lugar (Republicando - Indiana), que reconoce a los periodista un “privilegio cualificado” del secreto de las fuentes a nivel federal. La decisión del Tribunal Supremo en este asunto resulta aun más lamentable porque no puede apoyarse en pretendidos imperativos de seguridad nacional. Es muy peligrosa para la libertad de prensa, en la medida en que hace que sean los medios de comunicación quienes tengan que pagar el precio de las filtraciones que se producen desde la administración”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. La decisión del Tribunal Supremo se ha producido tres días después de la conclusión de un acuerdo económico entre el científico Wen Ho Lee, el gobierno norteamericano y la prensa. A cambio de 1,6 millones de dólares, Wen Ho Lee decidió renunciar el 2 de junio de 2006 a denunciar a cinco periodistas, y al gobierno norteamericano. Según los términos del acuerdo, la agencia Associated Press, los diarios New York Times, Los Angeles Times y Washington Post, así como el canal de televisión ABC, actuales empresarios de los periodistas implicados, se comprometen a pagar a Wen Ho Lee la suma de 750.000 dólares. En 2003, el científico chino-norteamericano Wen Ho Lee denunció a los ministerios federales de Justicia y Energía, de los que sospechaba que habían facilitado a la prensa informaciones que le concernían, y le señalaban como un posible espía. El 14 de octubre de 2003 la justicia reconoció al científico el derecho a saber quien, en la administración, fue el autor de la filtración y el culpable de que los medios de comunicación le acusaran. Interrogados por los abogados de Wen Ho Lee entre el 18 de diciembre de 2003 y el 8 de enero de 2004, los periodistas Jeff Gerth y James Risen, del New York Times, Robert Drogin, de Los Angeles Times, H. Josef Herbert, de la agencia Associated Press, y Pierre Thomas, que en el momento de los hechos trabajaba en el canal CNN, aceptaron dar informaciones pero se negaron a revelar sus fuentes, invocando la Primera Enmienda de la Constitución. El 18 de agosto de 2004, el juez del tribunal federal de Washington Thomas Penfield Jackson condenó a los cinco periodistas a pagar 500 dólares diarios, mientras no dieran los nombres de sus contactos. El 28 de junio de 2005, el tribunal de apelación del Distrito de Columbia (Washington) confirmó la sentencia, pero anuló la condena de Jeff Gerth, por falta de elementos de cargo. Los abogados de sus cuatro colegas recurrieron entonces ante el Tribunal Supremo. Actualmente, el privilegio del secreto de las fuentes se les reconoce a los periodistas en 32 Estados de la Unión, pero no a nivel federal. El 24 de febrero de 2005, el juez del Distrito de Manhatan (Nueva York) Robert W. Sweet absolvió a Judith Miller, y a su colega del New York Times Philip Shenon, en otro caso relacionado con el secreto de las fuentes. El juez consideró que las grabaciones telefónicas de los periodistas no habían sido entregadas a los fiscales federales, encargados de identificar una fuga en la investigación, efectuada desde 2001, sobre dos asociaciones islámicas sospechosas de estar relacionadas con movimientos terroristas. El 13 de febrero de 2005, el fiscal federal Patrick Fitzgerald, que había conseguido la condena de Judith Miller en el caso de Valerie Plame -del nombre de una agente de la CIA cuya identidad se “filtró” a la prensa en 2003-, anunció que pensaba apelar la decisión del tribunal de Nueva York. El 3 de mayo de 2006, los parlamentarios del Estado de Connecticut (Noreste) aprobaron definitivamente una ley escudo (“shield law”) que reconoce a los periodistas el privilegio del secreto de las fuentes. La ley, aplicable a los medios de comunicación digitales, establece que solo se puede divulgar una fuente cuando esté establecida su “necesidad”, siempre que esa información no esté disponible en “alguna fuente alternativa” y cuando la divulgación tenga “un interés primordial para el público”. La nueva ley tiene que ser promulgada ahora por el gobernador del Estado. Existe por tanto una laguna jurídica entre los diferentes Estados, que mayoritariamente reconocen la confidencialidad de las fuentes, y el nivel federal, donde la Primera Enmienda y la sentencia del Tribunal Supremo de 1972 no proporcionan suficiente protección a los periodistas que no quieren revelar sus fuentes. Con el fin de llenar esa laguna, Richard Lugar (Republicano, Indiana) y Christopher Dodd (Demócrata, Connecticut) presentaron en el Senado,en mayo pasado, una nueva proposición de ley titulada “Ley sobre la Libertad de Circulación de la Información de 2006”. La última versión de esa “ley escudo federal” garantiza a los periodistas el privilegio cualificado (“qualified privilege”) de no revelar sus fuentes. El privilegio desaparece cuando el fiscal general haya agotado todos los demás medios para conseguir la información buscada, y si se prueba que las informaciones que poseen los periodistas son vitales para el caso, y cuando existe un auténtico interés general en revelar esas informaciones.