El gobierno de Juan Manuel Santos tendrá que romper con las prácticas de los años Uribe

Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que llevaron a la victoria de Juan Manuel Santos, el 20 de junio de 2010, Reporteros sin Fronteras vuelve a difundir su informe “Chuzadas: las grandes orejas de inteligencia vueltas contra la prensa”. Este documento, publicado por primera vez el pasado 27 de mayo tras una misión conjunta de la organización y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), hace el balance de una verdadera caza de brujas realizada durante ocho años por el poder ejecutivo contra las personalidades críticas con la política de “seguridad nacional” de Álvaro Uribe. Entre ellas y en este momento de la investigación figuran dieciséis periodistas relacionados con una decena de medios de comunicación. Para descargar el informe El caso compromete el futuro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El principal servicio de inteligencia del país aparece como el fundador de prácticas que van de las interceptaciones salvajes (“chuzadas”) hasta el atentado, pasando por campañas de descrédito sistemático o “propaganda negra” transmitidas al más alto nivel del Estado. El escándalo empeoró cuando se revelaron maniobras de espionaje contra personalidades extranjeras, tal como la abogada iraní y Premio Nobel de Paz Shirin Ebadi y el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, y de representantes diplomáticos en Colombia. Juan Manuel Santos ha sido durante mucho tiempo ministro de Defensa de Álvaro Uribe, al que sucederá en la Presidencia de la República, el 7 de agosto de 2010. Presentado como el heredero de Álvaro Uribe durante la campaña, el futuro inquilino de la Casa de Nariño deberá romper con unas prácticas cubiertas y animadas por un gobierno al que perteneció. Aunque estén abiertas diligencias contra altos funcionarios de la administración saliente, la cooperación del nuevo jefe de Estado con la justica debe ser absoluta en cuanto a los tres grandes escándalos que mancharon el período 2003-2010: las “chuzadas” y sus corolarios, la “parapolítica”, y las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Tales asuntos constituyen gravísimas violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución política de 1991, entre las que figuran la de informar y ser informado. Tal como pedimos en la conclusión de nuestro informe, la reforma de los servicios de inteligencia no puede ni debe emprenderse sin la desclasificación completa de las grabaciones y documentos recopilados por el DAS y las demás administraciones implicadas durante su caza de periodistas y defensores de los derechos humanos. “Este escándalo ha revelado un plan de envergadura por parte de la administración Uribe para desmantelar la sociedad civil, la oposición, y también la justicia en Colombia”, declaró Claudia Julieta Duque, periodista de Radio Nizkor, víctima de estas prácticas, durante una visita en París y Bruselas esta semana. Shirin Ebadi, que viajó a Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe para reunirse con asociaciones de familias de las víctimas del conflicto, dijo estar “conmocionada por estas revelaciones” y dispuesta a llevar el caso ante una jurisdicción internacional.