Dos periodistas de oposición, blanco de amenazas atribuidas al ejército, carecen de una protección real

Aunque oficialmente deberían gozar de medidas de protección, por órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Arnulfo Aguilar, director de la estación Radio Uno, ubicada en San Pedro Sula (noroeste), y Luis Galdamez, conductor de un programa de Radio Globo, de Tegucigalpa, han denunciado, cada uno por su lado, haber recibido graves amenazas a inicios de noviembre. Opositores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los dos periodistas también son conocidos por seguir de cerca las artimañas del ejército y de la policía. “Las medidas de protección de las que deberían gozar los periodistas perseguidos, ordenadas desde hace tiempo por la CIDH, siguen siendo letra muerta ante la falta de una verdadera colaboración de las autoridades. Éstas deben poner fin al calvario de Arnulfo Aguilar y Luis Galdamez, asegurando de forma real su seguridad y la de los medios de comunicación en los que trabajan. Esta exigencia se encuentra entre los compromisos adquiridos por el gobierno hondureño a cambio de la reintegración del país a la Organización de Estados Americanos (OEA) y debe ser respetada”, declaró Reporteros sin Fronteras. Arnulfo Aguilar, quien el 27 de abril fue víctima de un atentado en su domicilio, ha recibido amenazas de muerte contra él y su hija a través de su teléfono móvil, según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Desde el golpe de Estado, tanto el director de Radio Uno, como este medio de comunicación –que perdió a uno de sus colaboradores, Medardo Flores, asesinado el 8 de septiembre pasado – han sido regularmente blanco de los ataques de la fuerza pública. Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras, cuando Luis Galdamez estaba transmitiendo en vivo su programa “Tras la Verdad”, recibió una llamada telefónica en la que un supuesto oficial lo amenazaba. “Venite para aquí, aquí te esperamos, sólo pasas hablando papadas de los militares y policías…”, le advertía. Luis Galdamez también ha padecido la violencia militar tras el golpe de Estado. Él era uno de los periodistas cercanos al presidente derrocado Manuel Zelaya, cuando éste se refugió en la embajada de Brasil tras un regreso clandestino en el país. Finalmente, el 9 de noviembre en Tegucigalpa, Gabriel Álvarez Padget, hijo de Renato Álvarez, periodista del grupo Televicentro, escapó por poco a un atentado con balas cuando salía de su domicilio. Recientemente Renato Álvarez pugnó por una verdadera purga de la policía; al menos ocho miembros de ella fueron señalados por su implicación en el asesinato de dos estudiantes. La investigación sigue en un punto muerto ante la falta de colaboración de la misma institución policíaca. “Las ambiciones del gobierno a través del lanzamiento del Operativo Relámpago para luchar contra la delincuencia, no resuelven por ahora la cuestión de la inseguridad ni la de la impunidad. Esta situación no cambiará mientras los altos cargos de la policía y del ejército, retirados o en funciones, no hayan respondido públicamente por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado y no hayan entregado todos los documentos necesarios para el esclarecimiento de la verdad en los asesinatos de 16 periodistas, registrados desde 2010”, concluyó Reporteros sin Fronteras. El Operativo Relámpago suscita una gran preocupación entre los movimientos comunitarios y sociales, en especial en la militarizada región del Bajo Aguán, donde se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. El pluralismo de la información requiere con urgencia que se otorgue un reconocimiento legal y un espacio de difusión a las comunidades locales y sus medios de comunicación, que han sido víctimas de los terratenientes, con la frecuente complicidad de las fuerzas armadas.