Las televisiones, radios y periódicos están estrechamente vigilados por el Estado, y la prensa privada sigue estando prohibida por la Constitución. Las cadenas de televisión Tele Rebelde y Cubavisión son las más importantes del país, mientras que la emisora de radio Radio Reloj es la más escuchada. El diario Granma es el de mayor difusión y está controlado por el Estado, como el resto de medios. Los periodistas independientes están vigilados por agentes que intentan limitar su libertad de movimiento, realizan detenciones y borran las informaciones que poseen. 

Miguel Díaz-Canel, protegido de Raúl Castro, al que relevó en 2019 en la presidencia del país, y posteriormente como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información. 

Los blogueros y periodistas encuentran un espacio de libertad en Internet, cuyo acceso está controlado en gran parte por el Estado, pero lo hacen por su cuenta y riesgo. Frecuentemente, se les impide cubrir acontecimientos importantes, ya sea a través de detenciones o de arrestos domiciliarios. En 2021, nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet abierto, libre e inclusivo, violando íntegramente el derecho a la libertad de expresión y de información en el entorno digital. El nuevo código penal aprobado en 2022 ha reforzado el repertorio de medidas de represión en Cuba, mediante una terminología vaga (“alteraciones públicas”, “ultraje”, “peligro para el orden constitucional”...) que puede servir fácilmente de pretexto para perseguir a periodistas.

Debido a la pandemia y al refuerzo de las sanciones americanas, Cuba atraviesa su peor crisis económica desde hace 30 años, lo que obliga a numerosos habitantes a emigrar a cualquier precio.

Las protestas del movimiento de San Isidro, en noviembre de 2020, y las posteriores manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, dieron lugar a una ola de implacable represión, similar a la de la Primavera Negra de 2003.

Los arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución y hostigamiento, registros ilegales de domicilios y la confiscación y destrucción de material, forman parte del día a día de los periodistas contrarios a la línea oficial castrista. Las autoridades también controlan la cobertura mediática de los medios extranjeros, concediendo acreditaciones de forma selectiva y expulsando a aquellos considerados como “demasiado negativos” hacia el régimen.