Por orden del Pentágono, tres periodistas y un fotógrafo han sido obligados a marcharse de la base militar de Guantánamo donde, desde el 11 de junio, cubrían las consecuencias del suicidio de tres detenidos. Reporteros sin Fronteras denuncia esta decisión, que atenta contra la libertad de prensa.
El 14 de junio de 2006, los periodistas Carol J. Williams, de Los Angeles Times, Carol Rosenberg, del Miami Herald, Michael Gordon, del Charlotte Observer, y el fotógrafo Todd Sumlin, del Charlotte Observer, fueron obligados a marcharse del centro de detención de Guantánamo, como resultado de una decisión del Pentágono. Entre otras cosas, habían cubierto el suicidio de tres detenidos, ocurrió el 10 de junio.
Esa decisión del Pentágono se produce en un momento en que se está cuestionando internacionalmente la existencia de la base militar de Guantánamo. Los últimos acontecimientos tendrían que haber impulsado a la administración Bush a optar por una mayor trasparencia, en lo que concierne al funcionamiento de la base. La decisión desacredita a la administración norteamericana e induce a creer que se afana en esconder algunas cosas, sobre la actividad del centro. “Denunciamos la decisión del Pentágono, y hacemos un llamamiento al gobierno norteamericano para que adopte las medidas necesarias para garantizar a los medios de comunicación el libre acceso a la base militar de Guantánamo”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
Michael Gordon y Todd Sumlin se encontraban en Guantánamo el 10 de junio, en el momento del suicidio de tres detenidos. Habían conseguido autorización para acceder a la base, para retratar a uno de los responsables de la cárcel, el coronel Mike Bumgamer, natural de Carolina del Norte, donde tiene su sede el periódico.
En cuanto a Carol J. Williams y Carol Rosenberg, así como otros ocho periodistas, tenían que cubrir la vista de un detenido etíope, prevista para el 12 de junio. Tras los acontecimientos del 10 de junio, la vista se retrasó y les retiraron la autorización de acceso a Guantánamo. Sin embargo, según Los Angeles Times, Carol J. Williams y Carol Rosenberg contaban con el acuerdo del comandante de la base naval norteamericana, el contralmirante Harry Harris Jr., para acceder a la base.
Según Los Angeles Times, el 11 de junio los tres reporteros empezaron a investigar sobre las consecuencias de los tres suicidios y a efectuar entrevistas, entre ellas una con el jefe del Mando Sur, John Craddock.
El portavoz del Pentágono, Jeffrey D. Gordon, ha declarado a Edito & Publisher que la orden de que los periodistas se marcharan de Guantánamo no tiene nada que ver con los reportajes que habían realizado, incluso a pesar de que un artículo de Michael Gordon podía considerarse controvertido. Precisó que varios medios de comunicación habían amenazado con iniciar procedimientos legales si sus reporteros no conseguían autorización para acceder a la base, o si se favorecía a algunos medios de comunicación, en relación con otros.
Cynthia Smith, otra portavoz del Pentágono, ha asegurado que la decisión respondía por tanto a un deseo de imparcialidad y equidad. Añadió que es imposible permitir que todos los medios de comunicación puedan acceder a la cárcel. Según ella, el personal militar de la base está dedicado enteramente a la investigación sobre los tres suicidios, y sobre el fortalecimiento de la seguridad de la cárcel. Para la administración, actualmente no se puede contemplar la llegada de un gran número de medios de comunicación.
Sin embargo, según Douglas Frantz, director de Los Angeles Times, “expulsar a Carol J. Williams y a sus colegas es un comportamiento de la edad de piedra, que no hace más que alimentar las sospechas sobre lo que pasa en Guantánamo. Si la administración militar no tenía nada que ocultar, probablemente debería respetar la decisión del comandante de la base naval y el profesionalismo de los periodistas”.
Las autoridades militares han obstaculizado muchas veces el trabajo de los periodistas en Guantánamo, con el pretexto de la “seguridad operativa”; sin embargo, en octubre de 2003, se levantó la prohibición de plantear preguntas sobre las investigaciones en curso.