Criminalización de los medios de oposición y arresto de dos periodistas durante una operación de expulsión en Zacate Grande

El 15 de diciembre de 2010, dos corresponsales de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande fueron arrestadas durante una operación de expulsión dirigida por la policía preventiva y la fuerza naval, en la comunidad de Coyolito. Elba Yolibeth Rubio y Elia Xiomara Hernández estaban cubriendo la expulsión de una familia instalada en un terreno codiciado por el magnate de los agrocombustibles, Miguel Facussé Barjum. Los habitantes de la comunidad se solidarizaron con la familia para protestar contra tal medida. Como respuesta a la movilización, las fuerzas armadas detuvieron a casi veinte personas, entre las que figuraban las dos corresponsales de La Voz de Zacate Grande, sabiendo que éstas justificaron anteriormente su presencia en el lugar al identificarse como miembros de la prensa. Se llevaron a todos los detenidos a la comisaría de la ciudad de Nacome, para que se presentaran luego ante el fiscal general de la República. El subcomisario de policía, Ramón Banegas, negó tener conocimiento del arresto de las dos periodistas, de las que se sigue sin tener noticias. Reporteros sin Fronteras considerará responsable de su integridad física a las autoridades judiciales y policiales, acostumbradas a ocultar la violencia política sufrida por el pueblo en cuanto se pisotean las libertades fundamentales. Pedimos la liberación inmediata de Elba Yolibeth Rubio y Elia Xiomara Hernández. La emisora La Voz de Zacate Grande sufrió últimamente ataques constantes por su postura en cuanto a los conflictos por las tierras en los que estaba implicado Miguel Facussé Barjum. En junio de 2010, militares y policías acallaron la radio. La criminalización de los medios de comunicación de oposición y de las radios comunitarias se ha convertido en una norma siniestra desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La represión tiene lugar en particular en la región del Aguán que está bajo el control del ejército. El periodista Nahum Palacios Arteaga fue asesinado ahí el pasado 14 de marzo tras recibir amenazas que se atribuyeron a militares. En total, nueve periodistas fueron asesinados en Honduras desde el 1 de enero de 2010. Se comprobó que la muerte de tres de ellos estaba directamente vinculada con su actividad profesional. El pasado mes de noviembre, el gobierno hondureño se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión de periodista. No obstante, el 26 de noviembre, unos individuos armados que pretendían obedecer las órdenes del fiscal general, irrumpieron en la sede de la cadena Canal 36-Cholusat, opuesta al golpe de Estado, en Tegucigalpa, y amenazó a los empleados. Finalmente, no se tomó ninguna medida de protección a favor de la redacción de Radio Progreso ni de su director, el padre Ismael Moreno, a pesar de la conminación de la CIDH. Foto: AFP