Conminan a cinco periodistas a revelar la identidad de sus informadores en el "caso del Antrax" : una decisión que una vez más debilita el secreto de las fuentes

Reporteros sin Fronteras está preocupada con la decisión, adoptada el 13 de agosto de 2007 por un juez federal, de ordenar que comparezcan cinco periodistas en el juicio que ha puesto Steven Hatfill al Departamento de Justicia, por violación de la ley de protección de datos personales (Privacy Act). A los reporteros se les pide que faciliten la identidad de los agentes gubernamentales que filtraron que este antiguo científico del ejército era un sospechoso en la serie de ataques con Antrax, que tuvieron lugar en 2001. En aquel momento, varios periodistas entre los que se encuentran Allan Lengel, del Washington Post, Michael Isikoff y Daniel Klaidman, de Newsweek, Toni Locy, ex empleado de USA Today, y James Stewart de CBS News, escribieron artículos sobre los progresos de la investigación y las sospechas de los investigadores sobre algunas personas, entre las que estaba Steven Hatfill. Hasta el momento, todos ellos se han negado a revelar sus fuentes. “La decision del juez Reggie Walton resulta preocupante porque se inscribe en un contexto de intensificación de ataques al secreto de las fuentes en Estados Unidos. Una vez más, se pretende usar a los periodistas en una querella entre el gobierno y personas que le denuncian por difamación. En este caso, como en los anteriores, los reporteros no hicieron otra cosa que cumplir con su obligación al querer informar al público sobre un asunto crucial de la salud pública. El magistrado debería concentrar su esfuerzos en los funcionarios que pasaron esa información. Cuestionando la potección de las fuentes, el juez debilita el periodismo de investigación. Es urgente que ahora las dos cámaras aprueben la “ley escudo” que reconoce a los periodistas el privilegio del secreto de las fuentes que y a fue aceptada por el comité judicial de la Cámara de Representantes”, ha declarado la oganización. El poceso, iniciado en 2003, enfrenta a Steven Hatfill con el Departamento de Justicia, al que acusa de haber puesto en marcha una “coordinada campaña de difamación” contra él, que supone la violación de la ley federal de protección de datos personales. Según él, unos agentes federales habrían puesto en entredicho su carrera professional al decir a unos periodistas que el FBI le consideraba una “persona de interés” (person of interest), en la investigación sobre los envíos de paquetes con antrax, que causaron cinco muertos en 2001. Al final se retiraron todos los cargos que pesaban sobre él. A lo largo del procedimiento los periodistas declararon, negándose a identificar sus fuentes, que unos agentes del FBI y del Departamento de Justicia les facilitaron cien veces información sobre la investigación. El juez Reggie Walton no ha citado a comparecer a los dirigentes del Washington Post, Newsweek, USA Today y CBS News, pero ha manifestado que reconsideraría su postura si lo periodistas no cambian de parecer, y que en ese caso podría imponer una multa a los mencionados medios de comunicación. Según él, en este caso resulta “crucial” revelar la identidad de los informadores, y sera decisivo para el futuro, cuando se trate de respetar la Privacy Act, lo que pone en cuestión el privilegio del secreto de las fuentes. Steven Hatfill ya ganó en 2006 un juicio contra el New York Times, por “difamación”. El juez consideró que el diario no podía basarse en informaciones anónimas, procedentes del FBI, para implicar a Steven Hatfill en la serie de atentados; pero se negó a multar al periódico por no revelar sus fuentes.