Confirmado en apelación el encarcelamiento de dos periodistas, por proteger sus fuentes

Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por la confirmación en apelación, el 15 de febrero, de la orden de encarcelamiento, por "desacato al tribunal", dictada contra los periodistas Matthew Cooper y Judith Miller, después de que se negaran a revelar sus fuentes a la justicia. La aplicación de la sentencia se encuentra en suspenso porque el abogado de los periodistas ha decidido apelarla. "Con esa decisión, el cuestionamiento del secreto de la fuentes que hace la justicia federal norteamericana adquiere proporciones inigualables" ha declarado Reporteros sin Fronteras. "¿Vamos a llegar a la situación de que, en el país de la Primera Enmienda, van a encarcelar a los periodistas por defender uno de los principios fundamentales de la libertad de prensa? Cerca de una decena de periodistas se encuentran hoy enjuiciados, por proteger sus contactos. A uno ya le han condenado. Si todos salen perdedores del pulso que les ha echado la justicia, se verá gravemente comprometido el derecho de los norteamericanos a estar informados. Pues lo que aquí se cuestiona es el papel de contra-poder de la prensa. La justicia norteamericana tiene que entender que, si no se garantiza a los periodistas el secreto de las fuentes ante los tribunales, nadie que posea informaciones sensibles se atreverá nunca más a contárselas". "Los periodistas no son auxiliares de la justicia", ha explicado la organización. "El secreto de las fuentes es un principio intangible. Por otra parte, resulta sorprendente constatar hoy que ese principio está mejor reconocido en 31 Estados del país, y en Washington D.C., donde le protegen unas "leyes escudo" ("shields laws"), que a nivel federal. Hay que llenar esa peligrosa laguna. Pedimos a los parlamentarios norteamericanos que, en el menor tiempo posible, estudien los proyectos de ley sobre el secreto de las fuentes que recientemente han presentado en el Senado, y en la Cámara, algunos republicanos y demócratas electos". Cuestionada la Primera Enmienda El 15 de febrero de 2005, el tribunal federal de apelación del distrito de Columbia hizo público su veredicto y ratificó las órdenes de encarcelamiento dictadas, por "desacato al tribunal", contra Matthew Cooper, de la revista Time, y Judith Miller, del diario New York Times. La sentencia se encontraba en fase de deliberación desde el 8 de diciembre. A ambos periodistas se les acusa de haberse negado a revelar sus fuentes a una sala especial, encargada de investigar sobre las fugas que llevaron a la publicación en la prensa de la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA. La revelación voluntaria del nombre de un agente de inteligencia está considerada como un acto de traición. En este caso, se sospecha que fue la Casa Blanca quien facilitó el nombre de la señora Plame, para castigar a su marido, el ex embajador Joseph Wilson quien, públicamente, contradijo algunas de las informaciones facilitadas por el presidente Bus, para justificar la guerra de Irak. Las órdenes de encarcelamiento, dictadas a principios de octubre por el juez federal Thomas F. Hogan, para obligar a Judith Miller y Matthew Cooper a revelar sus fuentes, no se habían aplicado porque los periodistas apelaron. El recurso presentado ante el Tribunal Supremo suspende de nuevo su aplicación. El juez Hogan considera que la Primera Enmienda de la Constitución no protege el secreto de las fuentes. En una decisión fechada el 20 de julio de 2004, había invocado una sentencia del Tribunal Supremo de 1972 (Branzburg contra Hayes), según la cual los periodistas no pueden hacer valer sus privilegios para no revelar sus fuentes a la justicia. Ambos periodistas podrían permanecer detenidos durante un tiempo máximo de 18 meses. En la vista de apelación del 8 de diciembre, el abogado de Matthew Cooper y Judith Miller, invocando la jurisprudencia y la Primer Enmienda de la Constitución, pidió que se reconociera a los periodistas el privilegio absoluto ("absolute privilege") de no revelar sus fuentes. La otra parte, apoyándose en la jurisprudencia de Branzburg contra Hayes, pidió en cambio que, dado que los periodistas no disfrutan de un privilegio cualificado ("qualified privilege"), no están exonerados de revelar sus fuentes, cuando su testimonio pueda resultar esencial, en casos penales. En este caso, hay otros dos periodistas citados, para ser interrogados sobre sus fuentes: Tim Russert, del canal NBC, y Walter Pincus, del diario Washington Post. Robert Novak, el primero que publicó el nombre de Valerie Plame, el 14 de julio de 2003, siempre se ha negado a decir si le han interrogado sobre sus fuentes. Judith Miller investigó sobre el caso Plame pero finalmente no publicó ningún artículo sobre el tema. En cuanto a Matthew Cooper, escribió en la edición de Time del 17 de julio de 2003 que "unos agentes del gobierno" habían revelado a la prensa la identidad de la señora Plame. El periodista de Time ya fue objeto de una primera orden de encarcelamiento, a principios de agosto de 2004, que quedó sin efecto una vez que el periodista aceptara, el 23 de agosto, ser interrogado por la justicia porque su fuente le había exonerado de la confidencialidad. Pero, el 14 de septiembre, recibió otra citación para ser interrogado sobre sus otras fuentes en el caso. Los principales casos en curso El 9 de diciembre de 2004, en el Estado de Rhode Island, Jim Taricani, del canal local WJAR-TV 10, fue condenado a seis meses de arresto domiciliario, por el crimen de desacato al tribunal. El periodista se negó a revelar al tribunal la identidad de la persona que le facilitó un vídeo, realizado en el marco de una investigación secreta del FBI. Le condenaron, a pesar de que la fuente reveló su identidad a la justicia el 26 de noviembre. El pasado 18 de agosto, un juez federal de Washington condenó a cinco periodistas que cubrieron el caso de Wen Ho Lee -un científico acusado de espionaje, antes de que la justicia le declarara inocente- a pagar una multa de 500 dólares al día, durante todo el tiempo que se negaran a revelar sus fuentes. El juez federal consideraba que la negativa suponía "desacato al magistrado". La decisión se produjo en el marco de la denuncia planteada por Wen Ho Lee contra los ministerios ("departments") de Justicia y Energía, a los que acusa de haber facilitado a la prensa las informaciones sobre él, que le señalaban como sospechoso de espionaje. En julio de 2001, la periodista Vanesa Leggett estuvo encarcelada durante cerca de seis meses, por "desacato al tribunal". Se negó a revelar a un tribunal de Texas el contenido de una entrevista que realizó con el principal sospechoso de un crimen. Algunos proyectos de "ley escudo federal" en espera El pasado 2 de febrero, dos miembros de la Cámara, Mike Pence (republicano, Indiana) y Rick Boucher (demócrata, Virginia), presentaron un proyecto de ley titulado "Ley de Libertad de Circulación de la Información", que garantiza a los periodistas el privilegio absoluto (absolute privilege) de no tener que revelar sus fuentes. El texto establece que los periodistas solo podrán ser citado por los tribunales federales como último recurso. El texto establece también un privilegio cualificado (qualified privilege) para las notas, e-mails, negativos y todos los documentos profesionales, a los que no podrán acceder los tribunales federales más que si esas piezas fueran esenciales en asuntos penales. Rick Boucher ha declarado a Reporteros sin Fronteras que ha tomado conciencia de la necesidad de la urgencia de una "ley escudo federal", en nombre del derecho del público a estar informado, y para responder a la multiplicación de casos en espera sobre la confidencialidad de las fuentes. "Muchas "fuentes" se preocupan porque los periodistas no sean capaces de mantener su promesa de confidencialidad, después de pasar seis meses o un año en la cárcel", afirma Rick Boucher. El 9 de febrero, Richard Logar (republicano, Indiana) presentó en el Senado un proyecto de ley similar.