En una carta abierta, Reporteros Sin Fronteras hace un llamamiento a los dos candidatos para que combatan la impunidad que disfrutan los asesinos de periodistas. La organización estima que sólo una reforma que confiaría las investigaciones a la policía federal, considerada mejor equipada y menos ligada a los intereses políticos locales, puede constituir una medida eficaz para luchar contra la impunidad.
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París, 17 de octubre de 2002
Señores candidatos,
A diez días de la segunda vuelta de la elección presidencial, Reporteros Sin Fronteras les pide que se comprometan a luchar contra la impunidad que disfrutan los asesinos de periodistas.
Nuestra organización le pide que, en caso de resultar elegido, se comprometa a hacer todo lo posible para que, en un plazo breve de tiempo, se apruebe el proyecto de enmienda de la Constitución nº 29/2000, relativo a la reforma del poder judicial. Este proyecto incluye la "federalización" de la justicia en lo relativo a cualquier crimen, o violación grave de los derechos humanos, incluidos los asesinatos de periodistas, y permitirá poner esas investigaciones en manos de la policía federal. Aprobado en primera lectura por los diputados de Brasilia, el texto ahora tiene que ser aprobado por el Senado.
Reporteros Sin Fronteras estima que sólo una transferencia de competencias, a manos de la policía federal, considerada mejor equipada y menos ligada a los intereses políticos locales, puede constituir una medida eficaz para luchar contra la impunidad.
Dado que la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas ocurren en las provincias, donde los caciques locales continúan sin tolerar el contrapoder que representa la prensa, la lucha contra la impunidad representa un compromiso de su parte, para consolidar la democracia local que aún es frágil en muchas de las regiones de Brasil.
Desde 1991 han muerto quince periodistas en Brasil. La mayoría de ellos trabajaban para publicaciones pequeñas o para radios de provincias, y pagaron con su vida las revelaciones sobre prácticas fraudulentas de los cargos locales, o sobre exacciones cometidas por las fuerzas del orden. A pesar de haberse abierto investigaciones, prácticamente la totalidad de esos crímenes han permanecido impunes.
Y esta impunidad es la que lleva, a Reporteros Sin Fronteras, a preguntarse acerca de la organización del poder judicial en Brasil, Estado Federal en el que el asesinato de un periodista depende de la competencia exclusiva de la justicia de los Estados, más sensible a las presiones locales, y de la policía civil, controlada por los cargos locales.
El 3 de octubre de 2002, nuestra organización publicó un informe en el que denunciaba graves anomalías, aparecidas en la investigación del asesinato de Manuel Leal de Oliveira, director del semanario A Região, publicado en Itabuna (Bahía), que murió el 14 de enero de 1998, tras haber denunciado al alcalde de la ciudad, Fernando Gomes, aliado político de Antonio Carlos Magalhaes, jefe del Partido del Frente Liberal (PFL, derecha) y ex gobernador del Estado.
Para Reporteros Sin Fronteras, el caso de Manuel Leal de Oliveira pone de manifiesto, sobre todo, los límites de un sistema que confía a una policía tutelada por los cargos locales, en este caso la policía civil del Estado de Bahía, la misión de investigar el asesinato de un periodista, que había denunciado a uno de esos cargos.
Desgraciadamente, los dos asesinatos de periodistas ocurridos en 2002 confirman nuestro análisis. Así, en el caso de Tim Lopes, periodista de TV Globo ejecutado por unos narcotraficantes el 2 de junio, la detención de los presuntos autores del asesinato se ha visto retrasada por las complicidades de que gozaban con unos miembros de la policía del Estado, encargada de la investigación.
Por otra parte, Hércules Araújo Agostinho, el principal sospechoso del asesinato del periodista Sávio Brandão, es un cabo de la policía militar, que también está controlada por las autoridades locales. Tras el asesinato del periodista, el pasado 30 de septiembre, se ha sabido que Hércules Araújo Agostinho es sospechoso de haber matado a otras once personas, durante los últimos seis años, y que se ha beneficiado de la protección de su jerarquía, para que nadie le molestara. Sávio Brandão, propietario del diario Folha do Estado, publicado en el Estado de Mato Grosso, murió tras haber publicado unos artículos sobre la implantación del crimen organizado en la región.
Señores candidatos, nuestra organización espera una respuesta de su parte, que hará pública inmediatamente, antes del 26 de octubre. En espera de recibirla les ruego, Señores, que acepten la expresión de mi mayor consideración.
Robert Ménard
Secretario general