África
Botsuana
-
Clasificación 2024
79/ 180
Puntuación: 59,78
Indicador político
80
49.90
Indicador económico
97
42.56
Indicador legislativo
103
57.28
Indicador social
61
69.56
Indicador de seguridad
82
79.59
Clasificación 2023
65/ 180
Puntuación: 64,61
Indicador político
84
55.63
Indicador económico
67
50.44
Indicador legislativo
103
58.07
Indicador social
48
78.79
Indicador de seguridad
69
80.14

Los graves ataques contra los periodistas en Botsuana se han reducido en los últimos años. No obstante, numerosos obstáculos impiden todavía el ejercicio del periodismo en el país.  

Panorama mediático

Los medios estatales están todavía muy lejos de cumplir la misión de servicio público de  información y están controlados por el poder. De hecho, recientemente se rechazó un proyecto que tenía por objeto transformar la radiotelevisión del Estado en un medio de interés público. El país cuenta con un diario público y doce periódicos privados, de los que cuatro pertenecen al único grupo mediático: Mmegi Investment Holdings. De las cinco emisoras de radio activas, tres son privadas. Botsuana también tiene varias cadenas de televisión privadas, la mayoría de ellas en Internet, pero carece de emisoras de radio comunitarias.

Contexto político

Los medios públicos están controlados por el poder y es el gabinete de la presidencia quien determina la política editorial de la radiotelevisión nacional. Los medios audiovisuales privados están vigilados por la Autoridad de Regulación de las Comunicaciones de Botsuana (Bocra), que depende directamente del gobierno. Las autoridades hacen también uso de la publicidad institucional, gestionada por la presidencia, para ejercer presión sobre los medios privados. 

Marco legal

La Media Practitioners Act de 2008 fue derogada en 2022 para ser sustituida por la Media Practitioners’ Association Act, con el fin de proteger mejor la libertad e independencia de los medios. Sin embargo, la ley contiene una disposición que exige a los periodistas y a los medios de comunicación afiliarse a una organización local, lo que se considera discriminatorio. La ley sobre el acceso a la información sigue sin ver la luz. La crisis sanitaria de la pandemia acarreó un endurecimiento del arsenal legislativo. Cualquier publicación relativa al Covid-19 que provenga de otra fuente distinta al director de los Servicios de Sanidad del país o de la Organización Mundial de la Salud puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión para su autor.

Contexto económico

El desarrollo de medios se ve limitado por la escasa oferta de un mercado publicitario pequeño, dominado a su vez por la importancia de los contratos públicos. El país no dispone de una regulación de la publicidad en los medios. El reparto no es equitativo, ya que  depende del grado de alineamiento de los medios con la línea gubernamental. Muchos de los medios privados del país dependen de los ingresos publicitarios para sobrevivir. Sin embargo, la publicidad financiada con fondos públicos puede utilizarse como una herramienta de influencia y control. La pérdida de ingresos publicitarios a consecuencia de la crisis del Covid-19 ha aumentado la autocensura de los medios con el fin de mantener a sus anunciantes. La oposición ha acusado a algunos medios privados de estar a sueldo del gobierno al haberles concedido publicidad institucional.  

Contexto sociocultural

El acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en los medios es muy débil. Dos de los trece diarios del país, The Botswana GazetteThe Voice Newspapers  están dirigidos por mujeres.

Seguridad

Tras el alarmante deterioro de la libertad de prensa con el anterior presidente Khama, la situación ha mejorado claramente desde 2018, con la llegada al poder del presidente  Mokgweetsi Masisi. Aunque rara vez se detiene o encarcela a los periodistas, las fuerzas del orden pueden cometer actos violentos contra ellos, sobre todo durante las manifestaciones. Los servicios de inteligencia utilizan software de espionaje telefónico contra los periodistas y, a menudo, éstos son víctimas de campañas de descrédito en las redes sociales. El material de trabajo de los periodistas - incluídos teléfonos móviles, máquinas fotográficas y ordenadores portátiles - se incauta frecuentemente sin ninguna orden judicial o base jurídica.