En 2017, el único y último medio independiente del país, Al Wasat, fue cerrado. Desde entonces, Bahréin ya solo dispone de cadenas de radio y televisión controladas por el Ministerio de Información. Existen cuatro diarios nacionales en lengua árabe y dos en inglés, todos ellos semi-gubernamentales y propiedad de alguno de los miembros de la familia real, a la que, por supuesto, está prohibido criticar.

La libertad de expresión no existe en Bahréin. La situación se ha deteriorado desde las manifestaciones a favor de la democracia de 2011. El gobierno ha reducido el espacio que ocupa el periodismo independiente y los medios se han transformado en un mero canal transmisor para la familia real y sus partidarios.

Varios periodistas de Bahréin que han criticado  al gobierno en Internet, desde el extranjero, han sido acusados de “ciberdelincuencia”. El país no dispone de ninguna ley reciente relativa a la prensa y la legislación en vigor desde hace décadas está totalmente obsoleta y no se adecua a las realidades prácticas, ni a la evolución del periodismo, desde hace 50 años.

Los órganos de prensa en manos del Gobierno o de miembros de la familia real están autorizados a trabajar para políticos, diputados del Parlamento o mujeres y hombres de negocios influyentes. Esta situación crea un conflicto de intereses que lleva a los medios a perder su independencia financiera y que afecta a su línea editorial.

La sociedad y las personalidades religiosas ejercen una fuerte presión sobre los periodistas, con el fin de disuadirlos de abordar ciertos temas como el género, la sexualidad o la religión.

Acusados de participar en manifestaciones o de apoyar al terrorismo, los reporteros profesionales y los periodistas ciudadanos soportant largas condenas de cárcel, a menudo de por vida, durante las cuales padecen malos tratos. A algunos de ellos se les ha retirado incluso la ciudadanía. Desde 2016, los periodistas de Bahréin que trabajan para medios internacionales afrontan dificultades para renovar su acreditación.