Una jurisdicción de apelación prohíbe a dos periodistas que ejerzan durante un año: “una decisión absurda y peligrosa”

Por decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Sabrina Bacal, directora de las noticias de TVN Canal 2 y Justino González, ex periodista de la misma cadena y comentarista de la emisora KW Continente, fueron condenados a no ejercer su profesión durante un año así como a una multa de 6 000 dólares por “calumnia e injuria”. La sentencia, dictada el 27 de septiembre de 2010 pero que se hizo pública el 4 de octubre, cambió esas condenas a dos años de prisión, pena prevista inicialmente por el código penal para este tipo de delitos. Aida Cecilia Castro Díaz, ex secretaria de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, y Rosendo Rivera, ex abogado de esta misma administración, interpusieron la denuncia contra los dos periodistas. El 29 de septiembre de 2005, la cadena TVN Canal 2, informó de una investigación del Consejo Nacional de Seguridad acerca de un caso de prostitución en el que estaba implicada la Dirección Nacional de Migración y Naturalización. Sabrina Bacal y Justino González fueron puestos en libertad en primera instancia. Esta decisión nos parece a la vez absurda y peligrosa. La prohibición impuesta a los dos periodistas de ejercer su profesión constituye una violación flagrante de la libertad de informar y supone una medida de censura indigna de un Estado de derecho. Mantiene tal cual el régimen de sanciones previstas para los delitos de prensa. La legislación panameña, al contrario de la tendencia general del continente y en contra de los estándares jurídicos interamericanos, sigue previendo penas de prisión en caso de “difamación”, “calumnia” e “injuria”. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia invalide la sentencia de apelación. Apoyaremos la decisión de Sabrina Bacal y Justino González en caso de que recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante las protestas provocadas por la sentencia, el presidente de la República Ricardo Martinelli declaró, según la prensa, que no se pronunciaría sobre esta condena, con el pretexto de que “concierne el sector jurídico”. No obstante, según nos informaron, se estaría considerando un indulto por parte de la presidencia. Ahora bien, “indultar” a los periodistas equivaldría a considerarlos culpables. Este acto de clemencia no resolvería en absoluto la cuestión de fondo.