Una decena de periodistas han resultado heridos desde el 27 de febrero, primer día de las manifestaciones organizadas por la oposición para exigir la celebración de un referéndum sobre la dimisión de Hugo Chávez. Reporteros sin Fronteras pide la apertura de investigaciones y llama a la calma.
Desde el 27 de febrero, una decena de periodistas de la prensa privada han resultado heridos o agredidos, generalmente por las fuerzas del orden. Estos lamentables actos se han producido durante la represión de las violentas manifestaciones organizadas por la oposición, en Caracas y en provincias, para exigir la celebración de un referéndum sobre la dimisión del presidente Hugo Chávez.
Reporteros sin Fronteras protesta por esta violencia. "Aunque algunos medios de comunicación toman partido, en ocasiones de forma ultrajante, contra el presidente Chávez, en ningún caso eso puede justificar el uso de la violencia contra sus reporteros", ha declarado la organización, que pide a las autoridades que condenen los ataques y abran una investigación sobre cada uno de ellos. Cuando los enfrentamientos han causado seis muertos, Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento a las partes, a la calma y a no usar la violencia.
En 2003, la organización censó más de 80 casos de agresiones y amenazas. La mayor parte fueron dirigidos contra la prensa opuesta al gobierno y se cometieron durante la huelga general decretada por la oposición, desde diciembre de 2002 a principios de febrero de 2003.
El 2 de marzo de 2004, Juan Carlos Aguirre, reportero del canal de televisión CMT, fue golpeado en varias ocasiones con las culatas de los fusiles por unos elementos de la Guardia Nacional (gendarmería) que habían notado que el periodista y su camarógrafo grababan imágenes de la represión policial de una manifestación. Se incautaron de la cámara. El mismo día, unos simpatizantes del gobierno apuntaron a Paula Andrea Jiménez, del canal Televén.
El 1 de marzo, Janeth Carrasquilla, corresponsal del canal Globovisión en Valencia (Estado de Carabobo), resultó herida en la cara por una piedra, mientras cubría el enfrentamiento entre manifestantes de la oposición y fuerzas del orden. El mismo día, en Caracas, a Johnny Ficarella, también del canal Globovisión, le tiró al suelo una granada lacrimogena que le impactó en pleno tórax. En el barrio de Baruta, el vehículo de un equipo de Globovisión fue atacado, con piedras y palos, por algunos simpatizantes del gobierno. Dirigido por el periodista Carla Angola, el equipo tuvo que abandonar la zona. Antes, en la jornada, unos miembros de la Guardia Nacional golpearon a Edgar López y Henry Delgado, reportero y fotógrafo del diario El Nacional, cuando se disponían a cubrir las violencias cometidas en el barrio de Terrazas de Avila (este de Caracas). Los dos periodistas consiguieron darse a la fuga, pero los partidarios del Presidente atacaron su vehículo.
El 29 de febrero, resultó herido de bala en un pie Felipe Izquierdo, corresponsal en Venezuela de Univisión, un canal hispanófono con sede en Estados Unidos, cuando cubría los enfrentamientos entre fuerzas del orden y residentes del barrio de Altamira (noreste de Caracas). No se conoce el origen del disparo. Según la asociación de defensa de la libertad de prensa IPYS (Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima - Perú), Bernabé Rodríguez, fotógrafo del diario El Tiempo, publicado en Puerto Cruz (noreste del país), resultó herido en la cara por un cóctel molotov, mientras cubría el enfrentamiento entre manifestantes de la oposición y fuerzas del orden.
El 27 de febrero, en el primer día de manifestación organizada por la oposición, Luis Wladimir Gallardo, corresponsal en Caracas del diario El Impulso, resultó herido en la cara por disparos de postas, procedentes presumiblemente de la Guardia Nacional. Por otra parte, Carlos Montenegro, del canal Televén, resultó herido de bala en la pierna izquierda y Berenice Gómez, del diario Ultimas Noticias, fue golpeada por unos presuntos partidarios del gobierno.
La oposición venezolana llamó a sus partidarios a salir a la calle el 27 de febrero, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuestionó la validez de más de un millón de firmas que había recogido para conseguir la organización de un referéndum sobre la dimisión del presidente Chávez.
En un comunicado publicado el 2 de marzo, una agrupación de organizaciones venezolanas, entre las que se encuentra la asociación de defensa de los derechos humanos Provea, condenaron "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y de la policía de inteligencia DISIP" en la represión de las manifestaciones. También han denunciado el comportamiento de las fuerzas policiales de municipios controlados por la oposición, "por su participación directa en la colocación de barricadas" y "por la omisión de su deber de garantizar la seguridad ciudadana". Igualmente las ONG's han pedido a los medios de comunicación que "promuevan la tolerancia y la convivencia ciudadana y que se abstengan de publicar remitidos anónimos y llamados a la violencia".
En un informe publicado en abril de 2003, Reporteros sin Fronteras concluía que "la situación de la libertad de prensa se ha hecho de lo más delicada desde que la mayoría de la prensa privada ha tomado abiertamente partido contra el gobierno. Aunque indiscutiblemente está en su derecho de hacerlo, los excesos a los que se ha dedicado debilitan la libertad de prensa (...) Hay que señalar que el canal público ha caído en los mismos excesos, e incluso peores", subrayaba el informe, que precisaba: "Pero la principal responsabilidad en la degradación de la situación de la libertad de prensa recae en el presidente Hugo Chávez y en su gobierno".