Un periodista podría ir a la cárcel por “difamación” : Reporteros sin Fronteras pide clemencia en la víspera del juicio

Reporteros sin Fronteras espera que la justicia dé muestras de clemencia con Miguel Salazar, director del semanario político Las Verdades de Miguel, cuyo juicio por “difamación agravada” comienza el 18 de abril de 2007, en Caracas. Según la ley venezolana, al periodista podrían condenarle a una pena de prisión incondicional y una multa. “Como el caso no se ha juzgado todavía, no nos corresponde considerar el carácter difamante de los artículos incriminados. Sin embargo, el proceso de Miguel Salazar presenta dos peligros para la libertad de prensa. Por una parte, los tres querellantes, en tanto que depositarios de un cargo público, están expuestos por naturaleza a la crítica, a fortiori de un semanario de opinión. Que la “difamación” sea “agravada”, a causa de sus funciones, platea en un problema en sí mismo. Y después, y sobre todo, una condena a Miguel Salazar significaría una prima a la autocensura y un auténtico revés para la libertad de expresión. Por eso pedimos clemencia a los magistrados”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. Simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, el sin embargo crítico con él Miguel Salazar publicó, a finales del año 2003, en las páginas del semanario que lleva su nombre, una crónica que cuestionaba algunos casos de corrupción y de violación de los derechos humanos, en el Estado de Guárico (centro). En enero de 2005, el gobernador del Estado de Guárico, Eduardo Manuitt, el diputado José Albornoz y el ex ministro Rafael Vargas, presentaron denuncias por “difamación agravada” contra Miguel Salazar y uno de sus periodistas, Henry Crespo, que investigó los casos de corrupción. El 5 de mayo de 2005, a éste último le condenaron a una pena de dieciocho meses de cárcel, con la sentencia en suspenso, y no apeló. Inmediatamente, Miguel Salazar cuestionó la parcialidad de los jueces ante el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas. El 10 de agosto de 2006, el tribunal número 29 de Caracas, al que se remitió el caso, dictó una medida conservadora de privación de libertad porque no se había presentado a otras vistas preliminares. El pasado 13 de marzo, el tribunal ejecutó la medida y retuvo al periodista en el recinto penitenciario. Sin embargo, la magistrada Norma Torres levantó la privación de libertad y ordenó a Miguel Salazar que se presentara ante el tribunal cada ocho días, con prohibición de salir del territorio. La vista sobre el fondo del caso, relativo a las denuncias por “difamación agravada”, se fijó para el 18 de abril. Al director de Las Verdades de Miguel podrían condenarle a una pena que va de dos a cuatro años de cárcel, y a una multa de 320 000 dólares por lo máximo, según el código penal cuya reforma de 2005 agravó considerablemente las sanciones para los delitos de prensa.