Un informador de la policía intenta hacer que acusen a una periodista disidente

Reporteros sin Fronteras está indignada por la maniobra urdida, el 17 de marzo de 2005 en Placetas (provincia de Santa Clara, centro del país), contra María Elena Alpízar Ariosa, de la agencia de prensa independiente Grupo de Trabajo Decoro, con la intención de imputarle un delito imaginario. "Esa manipulación lleva la impronta de la policía política cubana. Los periodistas cubanos, cuando no se encuentran encarcelados o en arresto domiciliario, son frecuentemente víctimas de este tipo de acoso. Es lamentable que una vez más los autores intelectuales de una maniobra así disfruten de total impunidad, y que la responsabilidad incumba a un simple lampista", ha declarado la organización. El 17 de marzo de 2005, según Cubanet, María Elena Alpízar Ariosa llegó a su domicilio hacia las 11 de la mañana. Al abrir la puerta descubrió en el suelo un machete manchado de sangre. La periodista decidió no entrar, temiendo que se tratara de una trampa de la policía política. Avisó a sus vecinos y luego telefoneó a la policía local, que no acudió al lugar. Un grupo de disidentes llevó el caso ante la sección territorial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y consiguió una entrevista con el capitán Julio, responsable de la Seguridad del Estado, quien les aseguró que no estaba al corriente de nada. La opositora Berta Antúnez, miembro del colectivo de disidentes, avisó por teléfono a Rubén Alvárez, alcalde de Santa Clara, capital de la provincia. El edil respondió que ordenaría una investigación. Después, los disidentes acudieron al domicilio de la periodista. Un tal José Ramón Valdés Ortuela se presentó en el lugar y declaró ser el autor de un robo y el sacrificio de un animal. El hombre, conocido por ser informador de la PNR, fue detenido. Tres de los 21 periodistas encarcelados desde la oleada represiva del 18 de marzo de 2003 son miembros de la agencia independiente Grupo de Trabajo Decoro. Héctor Maseda Gutiérrez, Omar Moisés Ruiz Hernández y José Ubaldo Izquierdo Hernández están condenados a 20, 18 y 16 años de reclusión, respectivamente.