Un incendio intencionado destroza el estudio de una radio de Oaxaca
Reporteros sin Fronteras condena con firmeza los diferentes actos de violencia contra medios de comunicación, ocurridos en los últimos dos meses en la región de Oaxaca. La organización pide a las autoridades federales que actúen.
Reporteros sin Fronteras está consternada por la nueva agresión que sufrieron, el 22 de agosto de 2006, los fotógrafos Jorge Luis Plata, del periódico Reforma, Luis Alberto Cruz, del periódico Milenio, y un equipo de reporteros de la Televisión Azteca, cuando cubrían una operación policial destinada a desalojar a los miembros de la APPO, instalados desde el 21 de agosto en los locales de la radio La Ley. Jorga Luis Plata ha indicado que estaban fotografiando los vehículos policiales, encargados de la evacuación del lugar, cuando los policías comenzaron a dispararles. Los reporteros se escondieron detrás de unos postes para evitar que les hirieran. Edgar Galicia, periodista de la Televisión Azteca, añadió que la policía confiscó las cámaras, los micrófonos y todos los teléfonos móviles de los miembros de la APPO. La operación fue ordenada por Aristeo López Martínez, coordinador de la seguridad pública municipal, y por Manuel Moreno Rivas, director de la policía. _________________________________________________________ 22.08.06 - Los medios de comunicación tomados como rehenes en la región de Oaxaca
Reporteros sin Fronteras condena vigorosamente el ataque a mano armada a las instalaciones del canal público de televisión Canal 9 de Oaxaca (Sur), que causó un herido. Esta agresión, que se inscribe en el marco de un conflicto político-social entre el gobierno de la provincia (procedente del Partido Revolucionario Institucional) y algunos sindicatos, constituye otra violación grave de la libertad de prensa. “Nos sentimos consternados por las repetidas agresiones que, desde hace dos meses, afectan gravemente a la libertad de prensa en Oaxaca. Es urgente que se restablezca la paz social y que cesen los ataques armados y las ocupaciones de los medios de comunicación, públicos o privados. La coexistencia de unos medios libres, críticos e independientes, resulta indispensable para cualquier democracia. Ante la imposibilidad de que el poder local arregle el problema, pedimos a las autoridades federales que intervengan y pongan fin, en el menor plazo posible, a las intimidaciones, amenazas y violencia contra medios de comunicación y periodistas”, ha declarado la organización. El 21 de agosto por la mañana, unos hombres encapuchados dispararon a las instalaciones del grupo público de radio y televisión de Oaxaca (CORTV, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión), ocupadas desde el 1 de agosto por miembros de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El sindicalista Sergio Vale Jiménez resultó herido y fue trasladado al hospital de Oaxaca, y quedó destruida una parte de los estudios. Se interrumpieron los programas realizados por la APPO, gracias a la presencia del personal retenido en los locales. La asamblea se encontraba a punto de emitir las reivindicaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (STNE), que pedía la dimisión del gobernador de la provincia, Ulises Ruiz. Más tarde, durante la mañana, algunos miembros de la APPO se manifestaron pacíficamente delante de una docena de radios comerciales, y llamaron al pueblo a movilizarse contra la agresión. Las radios ACIR y La Ley fueron ocupadas, para permitir que la APPO siguiera emitiendo sus programas, ya que sus propias radios habían quedado fuera de uso tras sufrir un reciente ataque. El portavoz de la presidencia de la república, Rubén Aguilar, ha declarado que la agresión a Canal 9 fue ordenada por Ulises Ruiz, con el propósito de recuperar la CORTV. El gobernador niega esa versión, y se desconoce la identidad de los autores del ataque. Lizbeth Caña Cadena, fiscal del Estado de Oaxaca, ha negado con firmeza que la policía participara en la operación, y ha indicado que se ha abierto una investigación. El 16 de agosto, el periódico Milenio denunció la agresión a su corresponsal, Oscar Rodríguez, de unos miembros de la APPO, que anteriormente le habían acusado de divulgar informaciones falsas. El 9 de agosto sufrió un atentado el periódico Diario, en el que resultaron heridas varias personas. El 8 de agosto, quince personas encapuchadas entraron en los estudios de Radio Université (emisora de la APPO), y quemaron con ácido parte del material. El 3 de agosto, la APPO amenazó con atacar las instalaciones de los periódicos Tiempo y Extra, a los acusaba de estar relacionados con el gobierno de Ulises Ruiz. Por razones de seguridad, las redacciones cerraron los locales.