Un ciberdisidente acusado de "conspiración contra el poder del Estado"

El 3 de septiembre de 2003 fue inculpado por conspiración contra el Estado Li Zhi, un funcionario de treinta y dos años, por haber entrado en relación con disidentes residentes en el extranjero, a través de Internet. Detenido el 8 de agosto por la Seguridad del Estado, Li Zhi arriesga una condena de quince años de cárcel. Reporteros sin Fronteras pide a las autoridades chinas la inmediata liberación de Li Zhi, y que se desestime cualquier causa contra él. La organización recuerda que una inculpación como ésta no solo es contraria a la constitución china, sino también a sus compromisos internacionales en relación con los derechos humanos. La detención y acusación de Li Zhi constituyen nuevos atentados a la libertad de expresión y de opinión. Forman parte de las numerosas medidas represivas adoptadas por el gobierno chino, y una vez más demuestran la absoluta intolerancia de las autoridades con la libertad de expresión en Internet. Reporteros sin Fronteras recuerda que la vigilancia que ejercen las autoridades sobre el correo electrónico y algunos foros de discusión es un inaceptable método de represión, y de acoso a los opositores del régimen. La inculpación de Li Zhi, por "conspiración contra el poder del Estado", se produjo después de que la Seguridad del Estado de la provincia de Sichuán (sudoeste del país) le detuviera en su domicilio de Dazhu. Según Human Rights in China, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, Li Zhi manifestó en Internet algunas opiniones críticas con el Estado, en distintos foros de discusión. Así se relacionaba con opositores extranjeros. La policía confiscó el ordenador de Li Zhi. Las autoridades de la provincia de Sichuán se niegan a dar ninguna indicación sobre el contenido de los textos escritos por el disidente. Tras la adopción, durante el año 2000, de tres drásticas leyes sobre la circulación de información en la Red, Internet se ha convertido en un apuesta mayor del régimen, en su política de represión y de control de la información. Actualmente hay treinta ciberdisidentes encarcelados en el país, por haber manifestado opiniones disidentes en la Net.