Un año después de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, Reporteros sin Fronteras denuncia el estancamiento de la investigación

El 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota, redactor del diario El Imparcial en Hermosillo (Estado de Sonora, Noroeste), desaparecía en oscuras circunstancias. Reporteros sin Fronteras constata con amargura la ineficacia de la investigación que ahora parece encontrarse en un callejón sin salida, a pesar de la participación de las autoridades federales. “A pesar de las repetidas promesas del presidente Vicente Fox, los investigadores no han conseguido ningún elemento nuevo relativo a esa desaparición, manifiestamente relacionada con las actividades periodísticas de Alfredo Jiménez Mota. Pedimos que la nueva fiscalía especial, encargada de los ataques a la prensa, disponga de todos los medios necesarios para la resolución del caso marcado, como tantos otros, con el sello de la impunidad”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. Alfredo Jiménez Mota no ha vuelto a dar señales de vida desde el 2 de abril de 2005. Según su redacción, hacia las 21 horas telefoneó, nervioso, a una colega, para avisarle que tenía una cita con uno de sus contactos. Tras una corta entrevista, se reuniría con ella. No volvió a aparecer después de la llamada. Alfredo Jiménez Mota era famoso por sus arriesgadas investigaciones sobre temas tan sensibles como el narcotráfico o la seguridad pública, lo que le exponía a graves represalias. La desaparición de Alfredo Jiménez Mota inauguró una semana negra para la prensa mexicana, cuyas condiciones de trabajo no han mejorado en absoluto desde entonces. Guadalupe García Escamilla, de la radio Estéreo 91 XHNOE en Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas (Noreste), sufrió un atentado con arma de fuego el 5 de abril de 2005, delante del local de la emisora. Falleció once días más tarde, a consecuencia de las heridas. A este drama le siguió, el 8 de abril de 2005, el asesinato del director del diario La Opinión, Raúl Gibb Guerrero, ocurrido en Papantla, Estado de Veracruz (Este). Martín Rojas, presunto jefe de la red de contrabando de gasolina del Estado de Veracruz “Los Chupaductos”, y principal sospechoso de la muerte del periodista, fue detenido el 4 de julio en Estados Unidos, aunque hasta ahora no ha sido extraditado. Frente a esa intensificación de la violencia contra los periodistas, el Ministro de Justicia federal creó, el 15 de febrero de 2006, una fiscalía especial dedicada a la lucha contra los crímenes y delitos cometidos con periodistas. Desde enero de 2006, en México han asesinado a dos más, en el marco de su trabajo.