El 24 de febrero de 2008 Raúl Castro accedía oficialmente a la presidencia del Consejo de Estado, tras haber estado sustituyendo a su hermano mayor, Fidel, durante diecinueve meses. Al término de este primer año de presidencia, marcado por algunos gestos de apertura del régimen, Reporteros sin Fronteras lamenta constatar que las autoridades se niegan obstinadamente a poner en libertad a
23 periodistas detenidos arbitrariamente, entre los que se encuentra su corresponsal Ricardo González Alfonso, que están entre cerca de 200 presos políticos. La organización aboga por la continuación de los esfuerzos diplomáticos que pueden cambiar esa situación y, a ese respecto, llama al levantamiento del embargo norteamericano impuesto a Cuba desde 1962.
“Diecinueve de los 23 periodistas actualmente encarcelados por sus opiniones y sus escritos en Cuba iniciarán, el próximo 18 de marzo, su séptimo año de internamiento desde la oleada represiva de la llamada ‘Primavera Negra' de 2003. Una situación que resulta aun más absurda y cruel porque, en ocasiones, las autoridades se han avenido a poner en libertad, o a suspender, por razones de salud, las condenas de algunos disidentes del grupo de los 75 detenidos en aquel momento. Y, sobre todo, contradice de manera flagrante las intenciones manifestadas por el gobierno de La Habana con la firma de dos pactos de la ONU sobre derechos humanos, o la liberalización parcial del sector de las comunicaciones. Las autoridades no podrán eludir esa contradicción durante mucho tiempo, en la medida en que intenten consolidar sus relaciones diplomáticas y el país vaya saliendo de su aislamiento. Una vez más pedimos a los países que tengan abierto un diálogo con la isla, y en particular a sus socios de América Latina, que refuercen la mediación en favor de los periodistas encarcelados, en nombre de una libertad de expresión reconocida en todo el continente. A este respecto consideramos necesario el levantamiento del embargo impuesto, desde hace cuarenta y siete años, por Estados Unidos a Cuba. Un dispositivo, rechazado por la práctica totalidad de la comunidad internacional, que no hace otra cosa que reforzar al régimen, al tiempo que penaliza a su población”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
La asunción de Raúl Castro de las funciones al frente del Consejo de Estado se produjo nueve días después de la puesta en libertad, gracias a la mediación del gobierno español que los recibió en su suelo, de
cuatro disidentes de la “Primavera Negra”, y entre ellos el periodista independiente Alejandro González Raga, y José Gabriel Ramón Castillo, director de una revista sociocultural disidente. La sucesión oficial precedió también en pocos días a la firma, por el gobierno cubano, de dos Pactos de derechos humanos de la ONU ; uno relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, y el otro a los derechos civiles y políticos. Cuando ha pasado un año, esos textos no han sido ratificados todavía.
Tras su investidura, Raúl Castro levantó la prohibición de que los cubanos pudieran frecuentar los hoteles de alto standing que disponen de mejor conexión a Internet, a pesar de que las tarifas resultan prohibitivas en un país donde el salario medio está en torno a los 13 dólares mensuales. Siguieron otras medidas en el terreno de las comunicaciones, como la legalización de la compra de ordenadores personales y teléfonos móviles. Unos cambios que no han significado en absoluto que terminara la actitud represiva de las autoridades con quienes deciden dedicarse a informar al margen de su control. Continúa la vigilancia de la Red, que sufre frecuentes bloqueos. Sin embargo, el acceso de los cubanos a Internet choca con un gran problema técnico, debido a las restricciones en las comunicaciones derivadas del embargo de Estados Unidos a Cuba. Una situación que, el 4 de julio de 2008, llevó a Michael Parmly, entonces representante de la Sección de Intereses Norteamericanos (Sina) en La Habana, a pedir en vano a su gobierno un mejor acceso a la Red desde la isla. Ahora, Cuba cuenta con la ayuda de Venezuela para conseguirlo.
La flexibilización del embargo, anunciada por la nueva administración del presidente norteamericano Barack Obama, debería tener como primer objetivo las visitas de los cubanos exiliados a sus familiares que permanecen en la isla, y la revisión de las remesas que los primeros envían a los segundos. Incluso a pesar de que el gobierno cubano no ha hecho ninguna concesión después de conseguir que, el 23 de junio de 2008, se anularan definitivamente las sanciones de la Unión Europea, puestas en marcha y rápidamente suspendidas tras la “Primavera Negra”, el embargo de Estados Unidos sigue siendo - como anteriormente las sanciones de la UE - un argumento de peso que las autoridades de La Habana utilizan para amordazar cualquier tipo de oposición. Los periodistas víctimas de la “Primavera Negra”, acusados de ser “mercenarios a sueldo de Estados Unidos”, fueron condenados, por ese falaz motivo, a penas de entre catorce y veintisiete años de cárcel. Sacando también argumentos de la “opresión norteamericana” derivada del embargo, el régimen prohíbe el acceso de sus ciudadanos a una información plural.