Suspendidos, tras un escándalo de escuchas telefónicas, varios altos responsables de la policía y de inteligencia

El 25 de junio de 2007, las autoridades colombianas anunciaron la suspensión, por tres meses, de cinco altos responsables de la policía y de inteligencia, sospechosos de haber sometido a escuchas ilegales a periodistas, políticos de oposición e incluso funcionarios del actual gobierno. La sanción afecta entre otros al director de los servicios operativos de inteligencia, y a su homólogo en la contrainteligencia. El general Guillermo Chávez Ocaña, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), dimitió justo después de que el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, revelara el asunto el pasado 14 de mayo. La víspera, el periódico Semana hizo público el contenido de algunas grabaciones, que ponían de manifiesto como algunos jefes paramilitares, detenidos en la cárcel de Itagüi, organizaban actuaciones criminales desde sus celdas. _____________________________ 16.05.07 - Escuchas ilegales a periodistas constatadas en los niveles más altos del Estado
El 14 de mayo de 2007, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció públicamente que desde hace dos años la policía nacional viene interceptando ilegalmente las llamadas de algunos funcionarios del gobierno y miembros de la oposición, así como de periodistas. “Estos espionajes telefónicos son indignos de un Estado democrático. Aquellos violan las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución, y el principio de protección de las fuentes, sin el que es imposible el ejercicio del periodismo. No basta con que haya dimisiones. Pedimos explicaciones al presidente Alvaro Uribe y una de estas dos cosas: o bien estaba al corriente de esas prácticas, y debería explicarse ante el Congreso, o las ignoraba y tiene que reorganizar en profundidad algunos de los engranajes del Estado que escapan a su control”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. La declaración del Ministro de Defensa se produjo después de que el periódico Semana hiciera públicas unas grabaciones que ponían de manifiesto que algunos delitos se habían planeado en la cárcel de Itagüí, donde se encuentran encarcelados algunos jefes paramilitares. Juan Manuel Santos dijo que se había enterado de las escuchas el 13 de mayo de 2007, cuando se le entregó una lista que contenía datos sobre paramilitares encarcelados que continúan en activo, así como números de teléfono de algunos periodistas, parlamentarios y agentes del gobierno. Una de las conversaciones grabadas era entre la periodista Claudia Gurisatti, del canal privado de televisión RCN, y el presidente del Polo Democrático Alternativo(oposición de izquierdas), Carlos Gaviria. Tras asegurar que ningún servicio del Estado había efectuado las grabaciones, el gobierno ha reconocido que efectivamente la Dirección de los Servicios Secretos de la Policía (Dipol) grababa algunas conversaciones, y rastreaba a los medios de comunicación. El director de la Dipol, Guillermo Chaves, ha presentado la dimisión, que le ha sido aceptada. Jorge Daniel Castro, director de la policía nacional, ha sido cesado en su cargo, y reemplazado. También han cesado a otros once generales de la policía nacional. Juan Manuel Santos ha declarado que todavía no han sido identificados los funcionarios que interceptaron las llamadas, pero que las investigaciones terminarían encontrándoles.