Situación de la libertad de prensa "grave" en Colombia, Cuba y Haití

En vísperas de la apertura en Madrid de la segunda cumbre Unión Europea -América Latina (17-18 de mayo), Reporteros Sin Fronteras recuerda que en Colombia, Cuba y Haití la situación de la libertad de prensa es grave y que ha pasado por situaciones delicadas en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela. La organización pide a la UE que apoye el Proyecto Varela en Cuba y tome sanciones contra el jefe de Estado haitiano.

20.05.2002 - La Unión europea saluda el "Proyecto Varela" de la disidencia cubana La presidencia española de la Unión europea se congratuló por la presentación ante el Congreso de Cuba del "Proyecto Varela". Según un comunicado oficial emitido en Madrid el 20 de mayo, la UE confía en que la initiativa de la oposición anticatrista para convocar un referéndum, como vía hacia la apertura democrática en la isla, "sea admitido a trámite y que sirva para abrir una democracia pluralista y una sociedad cubana reconciliada". En opinion de la UE, el "Proyecto Varela" constituye " una importante iniciativa impulsada por la sociedad civil cubana para introducir los cambios que Cuba necesita y que la propia sociedad cubana demanda". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2002 - Situación de la libertad de prensa "grave" en Colombia, Cuba y Haití En vísperas de la apertura en Madrid de la segunda cumbre Unión Europea -América Latina, en la que van a participar 33 Estados latinoamericanos y de la región del Caribe, Reporteros Sin Fronteras (RSF) recuerda que en tres de ellos es grave la situación de la libertad de prensa -Colombia, Cuba y Haití- y que, últimamente, ha pasado por situaciones delicadas en otros seis: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela. Dado que estos Estados se comprometieron, en la Cumbre de Río de los días 28 y 29 de junio de 1999, a "promover y proteger la totalidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales", RSF pide a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que exijan el respeto a esta cláusula a sus socios latinoamericanos. Recordando que Cuba es el último país de la región donde todavía se encarcela a periodistas, la organización pide a los europeos, entre otras cosas, que tercien con las autoridades cubanas para que organicen el referendum sobre la democratización del régimen y el respeto de la libertad de expresión, reclamado por la oposición interna. Esta iniciativa de la disidencia cubana, conocida como Proyecto Varela, acaba de recibir el apoyo del ex presidente norteamericano Jimmy Carter, actualmente en visita en la isla. En sus recomendaciones, RSF pide también a los jefes de Estado de la UE que pongan fin a la impunidad que disfrutan, con la complicidad de las autoridades, los asesinos de periodistas en Haití, adoptando sanciones personalizadas (negativa a conceder visados y congelación de sus cuentas en el extranjero) contra los oficiales haitianos que ponen trabas al trabajo de la justicia, entre ellos el presidente Jean-Bertrand Aristide. Grave situación en Colombia, en Cuba y en Haití Con cinco periodistas y dos colaboradores de los medios de comunicación muertos en los últimos dieciocho meses, la situación de la prensa colombiana sigue siendo dramática. Principal causa: la guerra entre los grupos armados paramilitares y las guerrillas comunistas. La situación se ha degradado aun más desde el comienzo del año 2002. Las sedes de tres medios de comunicación resultaron afectadas por atentados con bombas, atribuidos a las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas). En el marco de la campaña presidencial, fueron amenazados al menos tres periodistas y un cuarto tuvo que exiliarse, después de haber investigado sobre el pasado del candidato Alvaro Uribe. En total, cinco periodistas han emprendido el camino del exilio, desde el 1 de enero de 2002. En Cuba, la Constitución establece el monopolio del Estado sobre la información. La represión que se cierne sobre los miembros de las agencias de prensa, que las autoridades se niegan a legalizar, está dirigida sobre todo a proteger ese monopolio. Cuba, última dictadura del continente americano, es también el único país de la región donde todavía se encarcela a periodistas. Actualmente, cuatro se encuentran encarcelados. Desde el 1 de enero de 2002 se han contabilizado una treintena de detenciones y actos de acoso contra sus colegas, y se fue prohibida la venta de ordenadores a particulares. El acceso a Internet continúa estando estrictamente regulado. "Limpio" de esta manera, el espacio mediático cubano está ocupado por la prensa oficial, que difunde las informaciones que reciben el visto bueno del Departamento de Orientación Revolucionaria. En Haití, todas las instituciones del Estado participan del clima de impunidad. Lo demuestran los obstáculos encontrados en la investigación sobre el asesinato de Jean Dominique, director de Radio Haïti Inter, ocurrido en abril de 2000. La policía está implicada en la muerte de dos importantes sopechosos. El Senado se negó a levantar la inmunidad parlamentaria del principal sospechoso, el senador Dany Toussaint. A pesar de que el presidente Aristide ha hecho muchas declaraciones tranquilizadoras, ante todo ha tapado estas irregularidades. Convencidos de poder disfrutar del mismo trato de favor, sus seguidores multiplican las agresiones contra periodistas críticos. Una escalada de violencia que, el 3 de diciembre de 2001, condujo al asesinato de otro periodista, Brignol Lindor, y a la salida hacia el exilio de una quincena de periodistas. Problemas delicados en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela En los últimos dieciocho meses ha muerto un periodista tanto en Bolivia como en Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Venezuela. El asesinato de Parmenio Medina, de Radio Monumental, en Costa Rica, demuestra que la prensa no está al margen de la violencia en ningún país de América Latina. En ese Estado, considerado hasta ahora como modélico por el respeto a los derechos humanos, la sociedad civil se encuentra preocupada por el silencio de las autoridades sobre los avances de la investigación. En Paraguay, aunque ha sido juzgado y condenado el asesino de Salvador Medina, abatido en enero de 2001, a los inductores ni siquiera se les ha molestado. Tres de cada cinco asesinatos cometidos en estos Estados están relacionados con las revelaciones de los periodistas sobre asuntos de corrupción, o sobre presuntas relaciones entre la clase política y los medios mafiosos. En Guatemala, una decena de profesionales de la información fueron amenazados y agredidos, por este motivo, durante el año 2001. Otro se vio obligado a abandonar el país, en abril de 2002, mientras se encontraba investigando sobre las exacciones cometidas por el ejército durante la guerra civil (1960 - 1966). En Venezuela, la situación se ha degradado recientemente. Al fotógrafo Jorge Tortoza le mataron el 11 de abril de 2002, mientras cubría las manifestaciones de la oposición que llevaron al efímero golpe de Estado contra el presidente Chávez. El pasado 10 de mayo, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el clima de inseguridad para la prensa, creado por las incendiarias declaraciones del Presidente, y de miembros del gobierno, en relación con los periodistas. Finalmente, en Panamá, orgullosos de una legislación que todavía establece penas de cárcel para los delitos de "difamación" y "atentado al honor", los agentes del Estado molestos con las críticas ejercen un constante acoso judicial contra los medios de comunicación. Actualmente hay presentadas noventa querellas por "difamación" contra periodistas. Recomendaciones RSF recomienda a los Estados de la UE que tercien, con sus socios latinoamericanos y de la región del Caribe, para que respeten los compromisos asumidos en la anterior cumbre UE - América Latina, en Río, de "promover y proteger la totalidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". RSF pide, en particular, a los Estados de la UE: - que apoyen económicamente el programa de protección de periodistas, puesto en marcha por el gobierno de Colombia, para garantizar su seguridad, y presionar sobre éste último para conseguir avances en la lucha contra la impunidad, en los casos de asesinatos de periodistas. - que tercien con las autoridades cubanas para que organicen el referendum sobre la democratización del régimen, reclamado por la oposición interna. Acogiéndose a una disposición de la Constitución cubana, algunos opositores moderados han depositado, en el Parlamento cubano, las diez mil firmas necesarias para conseguir un referendum sobre cinco puntos: libertad de expresión y de asociación, amnistía para los presos políticos, reconocimiento de la libertad empresarial, elaboración de una nueva ley electoral y, si el referendum se aprueba, convocatoria de elecciones en el plazo de nueve meses. Esta iniciativa de la oposición, bautizada como Proyecto Varela, ha recibido el apoyo del ex presidente norteamericano Jimmy Carter, que actualmente se encuentra de visita en la isla. - que adopten sanciones individuales contra algunos oficiales haitianos, entre ellos el presidente Aristide, que, por acción u omisión, ponen trabas a las investigaciones destinadas a aclarar los asesinatos de Jean Dominique y Brignol Lindor. Las sanciones personalizadas que se solicitan, son de dos tipos: negar, a las personas citadas y a su familiares, el visado de entrada y de tránsito en los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea, y congelación de sus cuentas en el extranjero. La lista de los veinticuatro oficiales concernidos se encuentra disponible en el sitio de RSF (www.rsf.org). - que pidan a las autoridades de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Venezuela, que efectúen una investigación sobre los asesinatos de Juan Carlos Encinas (Bolivia), Parmenio Medina (Costa Rica) y Jorge Mynor Alegría Almendáriz (Guatemala), Salvador Medina (Paraguay) y Jorge Tortoza (Venezuela), con el fin de castigar a los ejecutantes y a los inductores de estos crímenes. Igualmente, RSF pide que se ejerzan presiones sobre las autoridades panameñas para que sean abolidas las leyes que establecen penas de cárcel para los delitos de prensa.
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Updated on 20.01.2016