Se intensifican los actos violentos contra medios de comunicación: Reporteros sin Fronteras se rebla contra los abusos de poder de los políticos locales
Reporteros sin Fronteras se encuentra sobrepasada por los múltiples atentados a la libertad de prensa constatados desde el comienzo del mes de marzo y en los que con demasiada frecuencia están implicadas las autoridades locales, a quienes correspondería aplicar las sanciones. La dramática situación de los periodistas colombianos no es únicamente culpa del conflicto armado.
Reporteros sin Fronteras está muy preocupada con la intensificación de los actos violentos e intimidaciones contra medios de comunicación colombianos, a pesar de las promesas favorables a la protección de los periodistas, efectuadas por el gobierno colombiano, y en particular por el presidente Alvaro Uribe. Unos ataques que están muy lejos de proceder únicamente de los protagonistas del conflicto armado.
« Desgraciadamente, las guerrillas y los paramilitares no son los únicos implicados en esta multiplicación de atentados a la libertad de prensa, constatada desde el comienzo del mes de marzo. Para explicar este auténtico clima de hostilidad hacia los medios de comunicación, el gobierno, y las autoridades judiciales y policiales, no pueden desentenderse culpando a los protagonistas del conflicto armado. Tienen la obligación de sancionar a los políticos locales que abusan de su poder, y a veces encargan las agresiones », ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 8 de marzo de 2006, Carlos Humberto Patiño, reportero gráfico de La Opinión, tenía que cubrir una manifestación del Día Internacional de la Mujer, organizada en el Club de Comercio de Cúcuta (Noreste). En un salón contiguo se celebraba una reunión política, a la asistía una treintena de personas. En el momento en que el periodista empezó a sacar fotos, César Rojas Ayala, secretario de transportes de Cúcuta, se levantó para golpearle y le insultó violentamente. Muchos otros asistentes intentaron agredir al periodista y quitarle la cámara fotográfica. Después, los agresores le retuvieron en el recinto, y destruyeron la película. Gracias a la intervención de la gerente del club, Gloria Rodríguez, el periodista pudo salir del recinto. Inmediatamente informó a su redacción y presentó una denuncia.
El mismo día, a las 11 de la mañana en Pereira (Centro-Oeste), entre 20 y 30 hombres, algunos de ellos armados, entraron en la reserva en que Antonio Vargas Valbuena, director del mensual Primera Plana, almacenaba los ejemplares de la última edicón. Aseguraron que tenían que embargar los números por orden de Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, ex gobernadora de Risaralda y actual candidata al Senado por el partido político Cambio Radical. Antonio Vargas Valbuena avisó entonces a Carlos Alberto Botero López, actual gobernador del Departamento, y la policía envió inmediatamente a cuatro agentes, que lograron disuadir al grupo de hombres.
Pero, a primeras horas de la tarde, mientras el periodista había salido a comer y a distribuir algunos ejemplares, cuatro vehículos se pararon delante de la reserva. Una veintena de hombres agredieron al vigilante, quien se negaba a entregarles los ejemplares. Tras agredir violentamente al guardia se apoderaron de los números.
La última edición de Primera Plana contenía un artículo titulado “¿La corrupción ha llegado al Senado?”, que cuestionaba el pasado de Elsa Gladys Cifuentes, en su calidad de gobernadora del Departamento de Risaralda. El gobernador actual ha dicho a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que las amenazas contra el periodista datan de antiguo, y que existen serios indicios acerca de la responsabilidad de Elsa Gladys Cifuentes, y algunos de sus allegados. Están en curso una serie de procedimientos penales sobre estos hechos.
El 7 de marzo, Edison Núñez, periodista del canal de televisión local de Barrancabermeja (Este) Enlace 10, recibió por escrito amenazas de muerte relacionadas con las investigaciones que efectuó sobre el proceso de desmilitarización de los paramilitares en la región. La carta indica que ahora es un blanco vigilado. Según las manifestaciones efectuadas por la directora de Enlace 10, Mónica Arcella, el canal se limitó a pedir la opinión de expertos de organizaciones civiles, para tratar el tema de la desmovilización. Y precisó que Edison Núñez no estaba encargado de la cobertura del conflicto armado.
Siempre en Barrancabermeja, Marco Perales, director del semanario La Portada, recibió amenazas por correo electrónico, en la semana del 6 al 12 de marzo.
Finalmente, según Diro César González, director de La Tarde de Barrancabermeja, el 3 de marzo unos desconocidos secuestraron, a la salida de la escuela, a la hermana pequeña de Gladys Villamizar Rodríguez, dibujante del semanario. El mensaje era muy claro: su hermana tenía que dejar la actividad periodística. Gracias a que uno de los secuestradores estaba distraído, la joven consiguió escapar, sana y salva. La periodista y su hermana se han marchado de la región.