RSF pide a las autoridades que garanticen la protección de siete periodistas amenazados

En una carta dirigida al presidente Andrés Pastrana, Reporteros Sin fronteras (RSF) ha expresado su preocupación ante las amenazas de muerte recibidas por siete periodistas. La organización, que se felicita por el apoyo que ha dado el gobierno a los siete profesionales de la información, ha pedido al Presidente que continúe dándoles toda su ayuda. "En el actual contexto de recrudecimiento de la violencia resulta indispensable que el gobierno garantice la seguridad de los periodistas y, al mismo tiempo, la libertad de la sociedad colombiana para estar informada", declaró Robert Ménard, secretario general de RSF. En un informe publicado en noviembre de 2001 (disponible en www.rsf.org), RSF pidió al gobierno que "aumentara los medios destinados al Programa de Protección de Periodistas". Según ese informe, con "cuarenta periodistas muertos en los últimos diez años, otro medio centenar secuestrado en los tres últimos años, y cerca de una treintena de ellos obligados a exiliarse...Colombia ostenta el record de las violencias de todas las categorías". Según las informaciones recogidas por RSF, Juan Carlos Giraldo, del canal RCN TV, y Julia Navarrete, de la emisora Caracol Televisión, recibieron, los días 1 y 4 de marzo de 2002 respectivamente, el mismo parte de fallecimiento que contenía su nombre y el de cinco periodistas más que trabajan para otros medios de comunicación y que, como ellos, cubren las investigaciones de la Fiscalía General de La Nación. El mensaje indica que todos los periodistas de las secciones judiciales han sido declarados "objetivos militares" y disponen de 72 horas para abandonar el país. El comunicado está firmado por un cierto "Comando muerte", desconocido para los servicios de la policía. Los otros cinco periodistas mencionados son: Marilyn López, del noticiero "Noticias Uno", emitido por Canal 1; José Antonio Jiménez, reportero del noticiero desaparecido TV Hoy; Jairo Lozano, del diario El Tiempo; Hernando Marroquín, de la emisora Caracol Radio, y Jairo Naranjo, de RCN Radio. Posteriormente, dos de ellos fueron objeto de un seguimiento. Los periodistas ignoran el origen y los motivos exactos de las amenazas. Entre otras hipótesis, algunos observadores subrayan que los siete profesionales de la información tienen en común haber cubierto la investigación sobre las presuntas relaciones entre la organización de Rodríguez Gacha, ex jefe del brazo armado del cartel de Medellín, y algunos miembros del ejército y de la clase política. Los siete periodistas han recibido apoyo del gobierno a través del programa de Protección de los Periodistas, dirigido por el Ministerio del Interior, que ha abierto una investigación. Sin embargo, uno de los periodistas ha abandonado Colombia y otros varios contemplan esa posibilidad, o se han visto obligados a cambiar de lugar de residencia.