Roberto Santana Rodríguez confinado en su casa con el espectro de la ley 88

Desde el mes de febrero de 2006, la Seguridad del Estado molesta frecuentemente a Roberto Santana Rodríguez, colaborador independiente de Cubanet, conminándole a dejar de escribir. Una vez más, Reporteros sin Fronteras denuncia el chantaje del recurso a la ley 88, relativa a la independencia nacional y la economía de Cuba, que sirve de argumento al régimen para condenar a graves penas de cárcel a los disidentes. “Denunciamos los insidiosos métodos empleados por la Seguridad del Estado para silenciar a la prensa disidente. Las citaciones oficiales, las amenazas de encarcelamiento y las inopinadas visitas de la Seguridad del Estado a los domicilios son, en este momento, el destino habitual de los periodistas disidentes. El aspecto más escandaloso de este tipo de maniobras es el espectro del recurso a la ley 88, que la policía política esgrime en cada ocasión, como si la existencia de una prensa independiente pudiera amenazar a la integridad de un país”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 25 de abril de 2006, Roberto Santana Rodríguez recibió, en su domicilio de Santiago de las Vegas (un barrio de La Habana), la visita sorpresa de los “factores”; es decir, del jefe de sector de la policía, el secretario local del Partido Comunista, el coordinador local del Comité de Defensa de la Revolución y un miembro de la Asociación de Combatientes. Notificaron al periodista que ahora tiene prohibido salir de su casa, bajo pena de que se adopten represalias contra él. Según Roberto Santana Rodríguez, esa acción intimidante fue orquestada por la Seguridad del Estado, que pretendía impedir que asistiera a una tele-conferencia en la Sección de Intereses Norteamericanos, a donde debía acudir aquel mismo día. Roberto Santana Rodríguez ya había tenido que vérselas con la policía política. El 7 de abril de 2006 le citó el jefe de policía de su barrio. Cuando acudió, tuvo que entrevistarse con dos oficiales de la Seguridad del Estado, quienes una vez más le pidieron que abandonar sus actividades periodísticas, o en caso contrario le castigarían con veinte años de cárcel, en aplicación de la ley 88. También le mencionaron el débil estado de salud de su madre. La Seguridad del Estado llevó también a cabo una campaña de descrédito del periodista entre sus vecinos, pidiéndoles que no le saludaran. A pesar de las presiones, el periodista aseguró su voluntad de seguir escribiendo e informando. Finalmente, el 13 de febrero de 2006, dos agentes de la Seguridad del Estado, el mayor Moisés Leonardo y el teniente coronel Iván, citaron e interrogaron al periodista. El segundo de ellos le enseñó un paquete que contenía algunos de sus artículos y grabaciones de algunas de las llamadas efectuadas a Radio Martí, y le amenazó con la cárcel si no cesaba en sus actividades.