Reporteros sin Fronteras interpela al futuro Presidente sobre las leyes mordaza que están en vigor
Organización:
La organización se ha dirigido al presidente electo Martín Torrijos Espino, en relación con el proyecto de reforma constitucional propuesto por su partido, el PRD: "Cuando el artículo 33 de la Constitución es una compilación inaudita de violaciones de la libertad de prensa, la propuesta de su partido no suprime ninguna disposición liberticida."
Sr. Martin Torrijos Espino
Presidente electo de la República
de Panamá
Panamá Ciudad
Panamá
París, el 30 de junio de 2004 Señor Presidente electo*: Reporteros sin Fronteras se siente estupefacta por el proyecto de reforma de la Constitución, propuesto por su partido, que deja intactas todas las disposiciones liberticidas contenidas en sur artículo 33. Según las informaciones de que disponemos, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa comenzó a estudiar, el 24 de junio de 2004, un proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), del que usted es secretario general. Esa reforma incluye una nueva redacción del artículo 33, relativo al desacato a los funcionarios, y se refiere igualmente a la obediencia que los miembros de las fuerzas del orden y los marinos deben a sus superiores jerárquicos. Tal y como está formulada, la propuesta del artículo mantiene el delito de desacato y el derecho de los funcionarios perjudicados a ordenar el encarcelamiento de su ofensor, "sin juicio previo". La única diferencia es que ahora el encarcelamiento no podrá exceder de las 24 horas, mientras que la Constitución vigente no fija ningún límite para ello. Las sanciones están indicadas en los artículos 202 y 386 del código judicial y en el artículo 827 del código administrativo, y establecen de tres días a dos meses de detención, según el estatuto del cargo público o el funcionario. Así, cuando que el artículo 33 de la Constitución es una compilación inaudita de violaciones de la libertad de prensa, la propuesta de su partido no suprime ninguna disposición liberticida. Se mantiene el delito de desacato, en contradicción con el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisa: "Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información". Ese artículo añade que es normal, en una democracia, que éstos últimos estén "sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad." Igualmente, el texto propuesto mantiene la detención como sanción de una expresión cuando, en un texto aprobado en enero de 2000, el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión establece claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos". Por tanto, y en contradicción con todos los principios del derecho, ese proyecto de reforma continúa dando fachada legal a una detención arbitraria, ejecutada al margen de cualquier proceso. A este respecto, situar en el mismo plano el respeto debido de ciudadanos y periodistas a los funcionarios, y la obediencia debida de militares y marinos a su jerarquía, supone una concepción al menos autoritaria de la democracia... El artículo 33 de la Constitución vigente es anacrónico e indigno de Panamá. Por ello, le solicitamos al secretario general del PRD que revise el texto, eliminando de él cualquier referencia al apartado 1 del actual artículo 33, que establece el delito de desacato a los funcionarios. Además, le rogamos al presidente electo que, en los primeros 100 días de su mandato, se comprometa a eliminar las penas de cárcel previstas en el código penal, para los delitos de prensa. Una decisión así daría testimonio de su compromiso, como Presidente, de respetar la libertad de prensa y de su voluntad de cambiar la imagen de Panamá. En el panorama internacional, a su país hoy le señalan con el dedo por su retrógada legislación. Cerca de 80 periodistas, denunciados por "desacato" a un funcionario o por "difamación", siguen corriendo el riesgo de ir a la cárcel por sus críticas o artículos. En espera de su respuesta le rogamos acepte, Señor Presidente, la expresión de nuestra mayor consideración. Robert Ménard Secretario general * Martín Torrijos Espino, elegido el pasado 2 de mayo, asumirá sus funciones de Presidente el 1 de septiembre de 2004. Sucede a Mireya Moscoso (1999-2004).
Presidente electo de la República
de Panamá
Panamá Ciudad
Panamá
París, el 30 de junio de 2004 Señor Presidente electo*: Reporteros sin Fronteras se siente estupefacta por el proyecto de reforma de la Constitución, propuesto por su partido, que deja intactas todas las disposiciones liberticidas contenidas en sur artículo 33. Según las informaciones de que disponemos, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa comenzó a estudiar, el 24 de junio de 2004, un proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), del que usted es secretario general. Esa reforma incluye una nueva redacción del artículo 33, relativo al desacato a los funcionarios, y se refiere igualmente a la obediencia que los miembros de las fuerzas del orden y los marinos deben a sus superiores jerárquicos. Tal y como está formulada, la propuesta del artículo mantiene el delito de desacato y el derecho de los funcionarios perjudicados a ordenar el encarcelamiento de su ofensor, "sin juicio previo". La única diferencia es que ahora el encarcelamiento no podrá exceder de las 24 horas, mientras que la Constitución vigente no fija ningún límite para ello. Las sanciones están indicadas en los artículos 202 y 386 del código judicial y en el artículo 827 del código administrativo, y establecen de tres días a dos meses de detención, según el estatuto del cargo público o el funcionario. Así, cuando que el artículo 33 de la Constitución es una compilación inaudita de violaciones de la libertad de prensa, la propuesta de su partido no suprime ninguna disposición liberticida. Se mantiene el delito de desacato, en contradicción con el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisa: "Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información". Ese artículo añade que es normal, en una democracia, que éstos últimos estén "sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad." Igualmente, el texto propuesto mantiene la detención como sanción de una expresión cuando, en un texto aprobado en enero de 2000, el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión establece claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos". Por tanto, y en contradicción con todos los principios del derecho, ese proyecto de reforma continúa dando fachada legal a una detención arbitraria, ejecutada al margen de cualquier proceso. A este respecto, situar en el mismo plano el respeto debido de ciudadanos y periodistas a los funcionarios, y la obediencia debida de militares y marinos a su jerarquía, supone una concepción al menos autoritaria de la democracia... El artículo 33 de la Constitución vigente es anacrónico e indigno de Panamá. Por ello, le solicitamos al secretario general del PRD que revise el texto, eliminando de él cualquier referencia al apartado 1 del actual artículo 33, que establece el delito de desacato a los funcionarios. Además, le rogamos al presidente electo que, en los primeros 100 días de su mandato, se comprometa a eliminar las penas de cárcel previstas en el código penal, para los delitos de prensa. Una decisión así daría testimonio de su compromiso, como Presidente, de respetar la libertad de prensa y de su voluntad de cambiar la imagen de Panamá. En el panorama internacional, a su país hoy le señalan con el dedo por su retrógada legislación. Cerca de 80 periodistas, denunciados por "desacato" a un funcionario o por "difamación", siguen corriendo el riesgo de ir a la cárcel por sus críticas o artículos. En espera de su respuesta le rogamos acepte, Señor Presidente, la expresión de nuestra mayor consideración. Robert Ménard Secretario general * Martín Torrijos Espino, elegido el pasado 2 de mayo, asumirá sus funciones de Presidente el 1 de septiembre de 2004. Sucede a Mireya Moscoso (1999-2004).
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Updated on
20.01.2016
