Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento al nuevo presidente para que derogue las leyes mordaza

Este 1 de septiembre de 2004, con ocasión de la investidura de Martín Torrijos Espino a la presidencia de República de Panamá, Reporteros sin Fronteras le hace un llamamiento para que derogue el conjunto de los textos de ley que todavía establecen penas de cárcel para los delitos de prensa. "Le pedimos que, en los primeros 100 días de su mandato, elimine las penas de cárcel previstas en la legislación para los delitos de prensa. Eso significa que es necesario terminar la reforma de la Constitución, que prevé la eliminación del artículo 33 sobre desacato, y la supresión de los artículos sobre difamación y ofensa a la honra del código penal. Tales reformas representarían un testimonio de su compromiso de respetar la libertad de prensa, en tanto que Presidente", ha declarado Reporteros sin Fronteras. "La decisión de la semana pasada de su predecesora, Mireya Moscoso, de indultar al conjunto de periodistas denunciados por difamación demuestra que, al más alto nivel, las autoridades saben que esas leyes son indignas de una democracia. Hoy le pedimos que saque todas las consecuencias de esa postura y derogue las leyes liberticidas", ha añadido la organización. Las leyes mordaza
El artículo 33 de la Constitución da, a los funcionarios que se consideren difamados, poder para encarcelar a su agraviante, sin proceso. Según los artículos 202 y 386 del código judicial, y el artículo 827 del código administrativo, la sanción puede ir de tres días a dos meses de detención, según el estatuto del político o funcionario. El pasado 27 de julio, la precedente Asamblea Legislativa aprobó una ley de reforma de la Constitución, que incluye la eliminación del artículo 33. Ahora, y para que sea definitivamente validada, esa ley debe aprobarla la nueva Asamblea que se ha constituido este 1 de septiembre. Por otra parte, los artículos 173A, 175, 307 y 308 del código penal establecen hasta 24 meses de cárcel para los delitos de difamación, desacato y ofensa a la honra de una persona, o órgano del Estado. A fecha de hoy no está prevista ninguna reforma de ellos. El 27 de agosto de 2004, la presidenta saliente de Panamá, Mireya Moscoso, indultó a más de 80 periodistas denunciados por calumnia e injuria, que corrían peligro de penas de cárcel. Algunas de las denuncias se remontaban a principios de los años 90.