Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento al diálogo con el gobierno, en una carta dirigida al nuevo Ministro de Comunicación e Información

A la atención del Sr. D. Willian Lara
Ministro de Comunicación e Información Señor Ministro, Con ocasión de su toma de posesión, el 9 de marzo de 2006, Reporteros sin Fronteras quiere volver sobre los recientes intercambios habidos entre el gobierno que usted representa y nuestra organización. Esperamos así plantear las bases de un auténtico diálogo. En tanto que asociación de defensa de la libertad de prensa, últimamente publicamos dos comunicados relativos a otros tantos asuntos, en vía de tratamiento judicial, que han suscitado una aparente controversia, en la opinión pública y algunos medios de comunicación venezolanos. El primero, publicado el 27 de febrero, se presentaba en forma de carta abierta a su predecesor, Sr. D. Yuri Pimentel, preguntándole acerca de un procedimiento abierto a varios medios de comunicación, por « desacato a la justicia ». El segundo comunicado se refería a la detención, el 7 de marzo, de Gustavo Azócar Alcalá, presentador de un programa en el canal Televisora del Táchira, denunciado por « estafa » y « desvío de fondos ». Nos hemos sentido sorprendidos y disgustados a la vez por la violenta reacción que su ministerio ha opuesto a nuestras posturas, en dos declaraciones fechadas los días 1 y 9 de marzo. Por otra parte, nos hemos tomado el trabajo de publicar, en nuestro sitio de Internet en versión española, la respuesta del Sr. Yuri Pimentel a la carta abierta que le habíamos dirigido. Disgustados, porque estas declaraciones multiplican las falsas acusaciones, y los procesos de intenciones contra Reporteros sin Fronteras. Nuestra organización, « a sueldo del gobierno de Estados Unidos y de sus servicios secretos » habría emprendido « el sabotaje mediático contra la Revolución Bolivariana ». Según el gobierno de su país, seríamos culpables de « difamar al pueblo venezolano, despreciar a Venezuela y estarnos ingiriendo en sus asuntos internos ». Y todo ello « con la complicidad de la oposición sediciosa y los medios de comunicación privados, en una nueva ofensiva mediática que forma parte de la guerra psicológica del Imperio - Estados Unidos -, para justificar su agresión a la democracia venezolana » (comunicado del 9 de marzo). Tanto en un caso como en otro, no hicimos más que expresar nuestra « preocupación » sobre algunos puntos jurídicos precisos, sin cuestionar el principio de los procedimientos instruidos y sin denigrar lo más mínimo a las autoridades encargadas de llevarlos a cabo. Preocupación no significa condena. El papel de cualquier organización no gubernamental es dirigirse a los Estados en relación con los principios o la causa que defiende, y que reivindican esos mismos Estados democráticos. Es cierto que hemos criticado una parte de la Ley de responsabilidad social de los medios de radio y televisión, y de la Ley de reforma del código penal. Tememos que algunas de las disposiciones de esas leyes restrinjan la libertad de prensa. ¿Eso significa que hayamos dicho que ya no existe libertad de prensa de prensa en Venezuela? La crítica de una ley no significa la condena de un gobierno. De ahí viene nuestra sorpresa. Por una parte sabemos que la situación de los periodistas en mucho más dramática en países donde, a diferencia de Venezuela, son víctimas de la represalia de grupos armados, como México o Colombia. Por otra parte, condenamos igualmente el encarcelamiento en Estados Unidos, de julio a septiembre de 2005, de Judith Miller, Del New York Times, únicamente porque se negó a revelar sus fuentes a la justicia de su país. Y estamos siguiendo con gran atención el caso de Sami al-Hajj, camarógrafo de Al-Jazira, detenido desde hace cuatro años en la base militar de Guantánamo, sin cargos precisos contra él y en condiciones contrarias a todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Le invitamos a leer nuestro reciente informe, disponible en nuestro sitio de Internet, cuyo título no puede ser más claro : « Camp Bucca y Guantánamo: cuando Norteamérica encarcela a periodistas ». Estamos dispuestos a enviarle un ejemplar. No ignoramos - y dejamos constancia de ello en su tiempo - la actitud adoptada por determinados medios de comunicación privados, durante el período del golpe de Estado de abril de 2002. Por eso, aún entendemos menos que el gobierno de su país sea el único que no soporta la menor crítica. Finalmente, efectivamente recibimos fondos de la National Endowment for Democracy. Ese dinero representa el 2% de nuestro presupuesto (nuestras cuentas son públicas) y, aparte de que procede del Congreso norteamericano y no de la Casa Blanca, va dedicado a nuestra actuación en favor de los periodistas africanos encarcelados. No concierne en absoluto al continente americano. En espera de que escuche nuestro llamamiento le ruego, Sr. Ministro, reciba la expresión de mi mayor consideración. Robert Ménard
Secretario general