Reporteros sin Fronteras está preocupada por el riesgo de una guerra sin periodistas en el Departamento de Arauca

Reporteros sin Fronteras condena con firmeza las amenazas de muerte recibidas por diécisieis periodistas que trabajan en el Departamento de Arauca (noreste del país), una región petrolífera decretada, en septiembre de 2002, zona especial bajo control del ejército, y en la que están presentes varios grupos armados. "Pedimos al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los periodistas amenazados en el Departamento de Arauca. Estamos muy preocupados por la decisión de las autoridades de evacuarles a Bogotá. Una decisión así es positiva en la medida en que da testimonio de la movilización de las autoridades pero, sobre todo, tiene como primera consecuencia el privar a una zona de conflicto de unos testigos preciosos. La ausencia de periodistas es una puerta abierta para los abusos más graves", manifiesta la organización preocupada. Un informe publicado el 20 de diciembre de 2002, firmado por cinco organizaciones, entre las que se encuentran Reporteros sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, Bogotá) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Lima), detalla las amenazas, presiones y trabas a que se ven sometidos periodistas y medios de comunicación, en el Departamento de Arauca (Noreste). Titulado "Arauca : la información en riesgo" (disponible en www.rsf.org), el informe denuncia las actuaciones contra la prensa, tanto por parte de las guerrillas y los grupos paramilitares, como del ejército. Tras su publicación, han sido secuestrados siete periodistas, entre ellos dos de medios de comunicación extranjeros, y a otro le mataron los grupos armados, en ese departamento. El 28 de marzo de 2003, dos listas con los nombres de diéciseis periodistas que trabajan en el Departamento de Arauca, fueron enviadas a Rodrigo Avila, corresponsal de Caracol Televisión en la ciudad de Arauca, y citado en una de las listas. En la primera lista, procedente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; marxistas), aparecen los nombres de ocho periodistas. En la segunda, atribuida a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), figuran ocho nombres de periodistas, así como los de otros dos periodistas de la región, asesinados. Se trata de Efraín Varela, al que mataron el 28 de junio de 2002, y de Luis Eduardo Alfonso, abatido el 18 de marzo de 2003. Las dos listas indicarían que los profesionales de los medios de comunicación citados están considerados como "objetivos militares", y están amenazados de muerte si no se van de la región. Los periodistas mencionados se reunieron el 29 de marzo y pidieron oficialmente protección policial, así como la intervención del Ministerio del Interior, que dispone de un programa de protección de periodistas. Según Rodrigo Avila, la policía local les ha contestado que no dispone de los medios necesarios para garantizar su protección en la región. El 31 de marzo, varios periodistas amenazados se marcharón del Departamento de Arauca con destino a Bogotá. El 10 de septiembre de 2002, el presidente Alvaro Uribe firmó el decreto 2002, que establece "zonas especiales de rehabilitación y consolidación" bajo control del ejército, en las regiones asoladas por los grupos armados ilegales. El Departamento de Arauca forma parte de esas catorce zonas especiales, puestas bajo la dirección de un mando militar, en las que tienen lugar combates muy violentos. Las medidas se adoptaron en el marco del estado de conmoción interior, decretado el 12 de agosto de 2002 por el Presidente, para reforzar la lucha contra las guerrillas comunistas y los grupos paramilitares de extrema derecha.