En una carta abierta dirigida el fiscal David Vega Vera (foto), nombrado el 22 de febrero para dirigirla, Reporteros sin Fronteras se felicita por la creación de una fiscalía especial, dedicada a la lucha contra los crímenes cometidos con periodistas. Sin embargo, la organización lamenta que el narcotráfico, principal origen de la violencia contra la prensa mexicana, no entre en el campo de competencias de esta institución, única en su género.
Reporteros sin Fronteras aplaude que, el 15 de febrero de 2006, el Ministerio Federal de Justicia haya puesto en marcha una fiscalía especial, dedicada a la lucha contra los crímenes y delitos cometidos con periodistas. La organización dirige una carta abierta al Sr. D. David Vega Vera, fiscal especial nombrado el 22 de febrero para dirigir esa instancia, única en el mundo, deseándole buena suerte en su misión aunque lamentando algunas carencias en sus prerrogativas.
Señor Fiscal,
Reporteros sin Fronteras, organización de defensa de la libertad de prensa, aplaude su nombramiento en la dirección de la fiscalía especial dedicada a la lucha contra los crímenes y delitos cometidos con periodistas, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2006. Esa instancia, creada el 15 de febrero por iniciativa del presidente de la República, Sr. D. Vicente Fox, y del Procurador General de la República, Sr. D. Daniel Cabeza de Vaca, representa en sí misma un auténtica primicia mundial. Esperamos que este precedente sirva de inspiración a otros países, donde la libertad de prensa está realmente amenazada.
Creando una fiscalía especial, las autoridades federales parecen finalmente haberse dado cuenta de la magnitud del clima de terror e impunidad que sufren los periodistas mexicanos, sobre todo localmente. Desde hace seis años, han muerto dieciséis han muerto en el ejercicio de sus funciones, o no han vuelto a dar señales de vida ; y, de ellos, seis en el Estado de Tamaulipas. En el transcurso de los años 2004 y 2005 México se convirtió en el país más asesino del continente americano, con ocho profesionales de los medios de comunicación asesinados, o desaparecidos. Nunca se ha detenido, ni juzgado, a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes.
La mayoría de esos periodistas pagaron con su vida el querer informar sobre el narcotráfico y las actividades mafiosas, que causan estragos especialmente en los Estados fronterizos del Norte del país. Dan prueba de ello los asesinatos de Francisco Javier Ortiz Franco, co-fundador del semanario Zeta, ocurrido el 22 de junio de 2004 en Tijuana, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, el 8 de abril de 2005 en el Estado de Veracruz, o la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, el 2 de abril de 2005 en Hermosillo.
Unas tragedias que ha llevado a muchos medios de comunicación a autocensurarse, para protegerse. Línea de conducta que, desgraciadamente, no ha impedido que el 6 de febrero de 2006 se produjera un atentado con ametralladora al diario La Mañana, en Nuevo Laredo, que estuvo a punto de costarle vida al periodista Jaime Orozco Tey.
Por todo ello, Señor Fiscal, Reporteros sin Fronteras se sorprende de que los casos relacionados con el narcotráfico hayan quedado fuera de las competencias de la fiscalía especial, que usted se dispone a dirigir. ¿Cómo puede entenderse esta medida cuando está demostrado que los narcotraficantes, y más ampliamente la delincuencia organizada, son el principal origen de la violencia con los medios de comunicación mexicanos ? La fiscalía especial no debería quedar al margen de esta cuestión.
Tampoco debería ignorar la peligrosa complicidad que en ocasiones existe entre los predadores de los medios y las autoridades locales. Lydia Cacho Ribeiro, detenida abusivamente en diciembre de 2005, tras revelar la existencia de una red de pedofilia en el Estado de Puebla, ha sido objeto de una auténtica conspiración contra su persona, a juzgar por las conversaciones, hechas públicas recientemente, entre sus detractores, algunos de los cuales están situados en lugares muy altos.
No ignoramos ni la magnitud, ni la dificultad del trabajo que le espera. Pero el futuro de la libertad de prensa en México, y de la credibilidad de la fiscalía especial, dependen de que disponga de todos los medios necesarios para llevar a cabo su misión. En vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de julio de 2006, su continuidad dependerá de la capacidad que tanga para demostrar rápidamente su eficacia.
Me quedo a su disposición y le ruego, Señor Fiscal, recibir la expresión de mi alta consideración.
Robert Ménard
Secretario general