Reporteros sin Fronteras denuncia el acoso judicial contra la prensa

Reporteros sin Fronteras ha manifestado su gran preocupación ante la comparecencia forzosa ante un fiscal de Roberto Eisenmann Jr., fundador del diario La Prensa, al que el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, acusa de calumnia e injuria. "En Panamá, la principal amenaza de la libertad de prensa es el acoso judicial", ha recordado la organización. "Para atacar a los periodistas que critican su gestión, cargos electos y funcionarios, y en particular José Antonio Sossa, continúan evocando una legislación que todavía establece penas de cárcel incondicional, para delitos de prensa", ha añadido. Desde hace varios años, Reporteros sin Fronteras viene pidiendo la derogación de estas leyes, conocidas como "leyes mordaza". Una reforma que nunca ha emprendido la presidenta Mireya Moscoso quien, sin embargo, condenó esas leyes en diciembre de 1999 y proclamó que "no debía existir ninguna ley o acción que restrinjan la libertad de prensa". En el caso de Roberto Eisenmann Jr., la organización ha pedido que se levante la prohibición de salir del territorio, que pesa sobre él. El 24 de marzo de 2004, unos agentes de la Policía Técnica Judicial, provistos de una orden de conducción, se presentaron en las oficinas de Roberto Eisenmann Jr., fundador del diario La Prensa, para llevarle al despacho al despacho del fiscal que instruye una querella por calumnia e injuria contra él. Roberto Eisenmann Jr. está perseguido por un artículo publicado el 30 de enero de 2004, en el que denunciaba la actitud adoptada en los casos de corrupción por José Antonio Sossa, procurador general de la Nación. "Se dedica a proteger a los delincuentes y a demandar a periodistas y a denunciantes", acusaba. José Antonio Sossa interpuso inmediatamente una demanda contra él. El 15 de febrero, la justicia panameña prohibió a Roberto Eisenmann Jr. salir del país. Citado en tres ocasiones, el fundador de La Prensa que hoy preside una asociación de defensa de los ciudadanos, se negó siempre a presentarse alegando que el funcionario no tenía ninguna autoridad moral para denunciarle. Tras su comparecencia forzosa del 24 de marzo, se le sigue prohibiendo la salida del territorio. A Roberto Eisenmann Jr. podrían condenarle a dos años de cárcel. Un informe publicado el 15 de diciembre de 2002 por el delegado especial para la libertad de expresión del Defensor del Pueblo denunciaba el acoso judicial contra la prensa. Según este informe, en aquel momento estaban en curso 90 denuncias por "difamación". Más de la mitad las habían planteado funcionarios o cargos electos, entre ellos el procurador general de la Nación. En total, concernían a 78 periodistas.