La ley portuguesa penaliza la difamación; si la persona ofendida es un funcionario, la pena es 1,5 veces mayor. Además, los jueces tienden a ver casos de difamación por dondequiera. Entre enero de 2005 y enero de 2017 Portugal fue condenado 21 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión; tres veces más que la media de países de la Unión Europea. Catorce de estos 21 procesos concernían a casos de periodistas juzgados por difamación.