Periodistas y defensores de los derechos humanos, estigmatizados por la policía y el ejército

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) informó a Reporteros sin Fronteras sobre las muy graves acusaciones que el 18 de febrero de 2013 formuló el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch contra varios periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de movimientos sociales que informan sobre los acontecimientos que tienen lugar en la región militarizada del Bajo Aguán. La organización ve en esta iniciativa una clara maniobra de intimidación y censura, y teme por la vida de personas que trabajan al servicio de la información en medio de una situación particularmente peligrosa. En una conferencia de prensa el coronel Germán Antonio Alfaro Escalante acusó directamente al periodista Marvin Palacios, miembro del Cofadeh; a Wilfredo Paz, portavoz del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán; a Vitalino Álvarez y a Yony Rivas, dirigentes del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) –interlocutores de radios comunitarias locales–, así como al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), de “denigrar las acciones de los miembros de las fuerzas armadas” y de “deteriorar la imagen de la nación hondureña”. El comunicado difundido por el alto mando formula las mismas acusaciones contra otras personas que “se escudan en el anonimato”. Los portales informativos defensoresenlinea.com (diario en línea de la Cofadeh), voselsoberano.com y hondurastierralibre.com también se encuentran concernidos. Versión integral del comunicado: “Esta forma de estigmatización pública expone directamente a los afectados a riesgos importantes, teniendo en cuenta la situación de los derechos humanos en el Aguán y, más ampliamente, en Honduras, donde la criminalización de aquellos que se atreven a informar sobre los conflictos agrarios y medioambientales es sistemática. El gobierno debe aclarar a qué título un alto mando militar, supuesto a someterse a la autoridad del poder político, tomó esta iniciativa. Existe en este caso un verdadero peligro para la libertad de informar, del que las instancias internacionales y americanas deben hacerse cargo”, declaró Reporteros sin Fronteras, quien recuerda que en Honduras han sido asesinados 30 periodistas en la última década, 25 de ellos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La organización ha solicitado una protección adecuada para periodistas y defensores de los derechos humanos. Aún espera la respuesta del gobierno a estas peticiones. La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch cuenta con más de 500 militares y policías. Su objetivo es “conducir operaciones de estabilización en el Departamento de Colón”, “en un irrestricto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”, con el fin de garantizar “el respeto de la propiedad privada en el agro”, según las declaraciones del comandante. “Este comunicado es un insulto para todos aquellos que denuncian las violaciones a los derechos humanos y que padecen las constantes amenazas de las fuerzas armadas. Estos militares y policías no hacen nada para acabar con las exacciones cometidas por las milicias de los terratenientes que nos persiguen”, confió a Reporteros sin Fronteras Vitalino Alvarez. “Es un acto caracterizado de censura. Incluso grandes medios de comunicación, como El Heraldo, has recibido amenazas cuando han publicado información sobre la situación en el Aguán”, añadió el portavoz del MUCA, quien informó que este 21 de febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en la capital, Tegucigalpa, organizada por las organizaciones afectadas. El 19 de febrero de 2013 el Cofadeh respondió con un comunicado, en el que denunciaba la “militarización del país”, con la presencia de las fuerzas armadas en las calles y en las instituciones, lo que consideró una “estrategia de aniquilación a las demandas y reclamaciones ciudadanas”. El comunicado del Cofadeh también denuncia el uso de armas, bombas lacrimógenas, torturas, detenciones, así como la criminalización de la lucha campesina y los ataques a la prensa por parte de la unidad militar Xatruch. El peligro que implica dar cobertura informativa a conflictos agrarios y medioambientales también lo demuestran las amenazas policíacas proferidas el 18 de febrero contra Isaac Leonardo Guevara Amaya, corresponsal de Radio Progreso en Tela (norte) y fundador de la radio comunitaria Exclusiva. Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre, organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras), el periodista es conocido por dar cuenta de las protestas contra los proyectos de extracción minera a cielo abierto en el Litoral Atlántico. Reporteros sin Fronteras reitera su llamado a la protección de los periodistas de Radio Progreso. El asesinato de su corresponsal Nery Jeremía Orellana, director de la radio Joconguera en Candelaria (oeste), ocurrido el 14 de julio de 2011, sigue hasta ahora impune. Los conflictos agrarios, mineros y medioambientales se encuentran entre los principales contextos de ataques graves a la libertad de informar en toda América Latina. (Foto, de izquiera a derecha: Wilfredo Paz, Juan Chinchilla, Osman del Cid, Yoni Rivas, Vitalino Alvarez, Marvin Palacios)