Magreb-Oriente medio
Marruecos / Sahara Occidental
-
Clasificación 2024
129/ 180
Puntuación: 45,97
Indicador político
119
40.31
Indicador económico
135
35.68
Indicador legislativo
128
48.92
Indicador social
125
50.30
Indicador de seguridad
123
54.63
Clasificación 2023
144/ 180
Puntuación: 43,69
Indicador político
151
39.92
Indicador económico
164
30.62
Indicador legislativo
129
48.97
Indicador social
117
56.87
Indicador de seguridad
139
42.07

Los periodistas independientes marroquíes sufren presiones constantes y el poder tiene como objetivo someter a los medios y ponerlos a sus órdenes. El actual gobierno, dirigido por el influyente empresario Aziz Ajanuch, ha reforzado su control sobre el sector. 

Panorama mediático

El pluralismo de la prensa marroquí no es más que una fachada, pues los medios no reflejan la diversidad de opiniones políticas que hay en el país. Los medios y los periodistas independientes se enfrentan a graves presiones y el derecho a la información es arrollado por una maquinaria de propaganda y desinformación al servicio de la agenda política del poder y su entorno. Frente a estas presiones, el último medio independiente de Marruecos, el diario Akhbar Al Yaoum ha tirado la toalla y se publicó, por última vez, en abril de 2021. La principal fuente de información de la población es Internet, tanto a través de las redes sociales como de las webs de información.

Contexto político

El islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), formación en el poder desde 2011, sufrió un varapalo en las elecciones legislativas de 2021 en beneficio de la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI). El primer ministro, Aziz Ajanuch, ha recrudecido las presiones y acciones judiciales contra los periodistas críticos. Desde hace años, el trabajo de los reporteros se ve torpedeado por las líneas rojas implícitas impuestas por el reino sobre númerosos asuntos, como el Sáhara Occidental, la monarquía, la corrupción, el islam, los servicios de seguridad o la represión en las manifestaciones. 

Marco legal

La Constitución marroquí ampara la libertad de expresión y el derecho a la información, prohíbe toda censura previa y garantiza que una “Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual vele por el respeto de la pluralidad”. A pesar de que el nuevo código de la prensa, adoptado en 2016, despenaliza los delitos de prensa, cualquier publicación considerada crítica puede ser objeto de demandas judiciales basadas en el código penal. Esta falta de garantías legales para la libertad de expresión y para el periodismo, la escasa independencia de la justicia y el aumento de procesos contra los periodistas llevan a los profesionales de la información a autocensurarse. La sustitución del Consejo Nacional de Prensa por una comisión temporal, en 2023, constituye un paso atrás en el proceso de autorregulación de la prensa marroquí.

Contexto económico

El contexto económico dista de ser favorable y los medios de comunicación no logran atraer a los anunciantes. Los medios independientes, cada vez más escasos, sufren para tener una estabilidad financiera que les permita desarrollarse. Los afines al poder se benefician de mayor estabilidad, pues acceden a recursos financieros con mayor facilidad.

Contexto sociocultural

La sociedad marroquí se informa a través de la prensa independiente, sin por ello estar comprometida en su defensa. La desinformación reinante se ve acentuada por la tendencia a un periodismo sensacionalista que no respeta la vida privada y degrada, en general, la imagen de la mujer.

Seguridad

Las detenciones sin orden judicial y de forma prolongada están a la orden del día para los periodistas marroquíes. En los últimos años, asuntos completamente inventados relacionados con la moral, como acusaciones de violación, trata de personas, adulterio o la práctica ilegal del aborto se han utilizado contra los periodistas independientes. Los procesos que siguen a estas acusaciones se acompañan de campañas de calumnias orquestadas en su contra por los medios progubernamentales. En una petición conjunta presentada en 2020, 110 periodistas solicitaron al Consejo Nacional de Prensa -el órgano regulador que sancionaba a los medios que infringen la ley de prensa- que adoptase medidas disciplinarias contra estos “medios de difamación”.