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17 Agosto 2011 - Actualizado el 20 Enero 2016

Una burbuja mediática estremecida por la ebullición ciudadana


Hace cerca de un año Sebastián Piñera juraba “¡un nuevo Chile ha nacido!”, al acoger en persona a 33 mineros que habían sobrevivido tras quedar atrapados en un yacimiento en el desierto de Atacama. Desde entonces ha cambiado el rostro del país, pero no como lo creía el habitante del Palacio de La Moneda. Los estudiantes se manifiestan en masa contra un sistema educacional costoso y marcado por la desigualdad. Movimientos sociales y ecologistas denuncian, con cierto éxito en el aspecto jurídico, el proyecto hidroeléctrico de HydroAysén. Los mineros, quienes aún trabajan en condiciones extremas y siguen recibiendo las mismas remuneraciones, celebran con irritación el aniversario del rescate de “los 33”. En el sur, la minoría Mapuche ha encontrado nuevo eco a sus reivindicaciones territoriales y culturales. En Santiago, los estudiantes han ocupado varias veces la sede del canal privado Chilevisión, propiedad de Sebastián Piñera antes de su investidura como jefe del Estado. Pese a la fuerte represión policíaca, el movimiento no se debilita y más de 500 comitivas se habrán aglomerado tan sólo en la capital desde el inicio del año.

De visita en Chile en junio pasado, con motivo de la celebración de los veinte años de la estación comunitaria Radio Tierra, Reporteros sin Fronteras pudo constatar lo central del tema de la información en esta ebullición ciudadana. Actores de la prensa en línea, comunitaria o alternativa, representantes de asociaciones, incluso periodistas extranjeros, todos perciben que en las protestas actuales se vuelve a cuestionar un modelo político, económico y mediático heredado de los años de Pinochet. Veinte años de poder de la Concertación de Partidos por la Democracia mantuvieron una extrema concentración de los medios de comunicación, con grandes conflictos de interés y obstáculos al pluralismo. La burbuja mediática, ¿estará a punto de estallar?

Concertación y concentración

Cause, Análisis, Apsi, Fortín Mapocho, La Época. Con frecuencia estos nombres no significan mucho para la generación de estudiantes que hoy está en las calles. No obstante, estas revistas jugaron un rol fundamental en la llegada de una nueva época, la del referéndum de 1988 que puso fin a la dictadura y abrió la vía, dos años más tarde, a un gobierno de coalición entre partidos de centro izquierda y demócratas cristianos. Creada en 1987 con el reto del “No” a Pinochet y apoyada por una prensa aún disidente, la Concertación de Partidos por la Democracia rompería finalmente con 17 años de censura directa. Un esfuerzo crucial pero insuficiente para muchos. Francisco Martorell, quien fue vicepresidente del Colegio de Periodistas de 2006 a 2008, dirige hoy la publicación mensual El Periodista, que tiene un tiraje de 12.000 ejemplares y es conocida por su versión en línea. El periodista, que también fue colaborador de Cause, analiza con severidad el balance de veinte años de Concertación. “Cause, Fortín y las otras revistas de la misma corriente sobrevivieron un tiempo gracias a la ayuda exterior que se organizó bajo la dictadura. Después de 1990, la prensa dejó de constituir una prioridad para un gobierno que tenía por conquista el retorno a la democracia y nunca tocó el sistema de subvenciones implantado bajo el régimen de Pinochet. Este sistema, que había provocado la desaparición de la prensa de oposición, la mató una segunda vez tras el regreso de la democracia, cuando apenas acababa de resucitar. Para colmo, ¡hoy hay menos prensa escrita en este país que a finales de la dictadura!”

Una extrema concentración caracteriza desde entonces un panorama en el que el grupo de prensa español Prisa (propietario del diario El País, entre otros), posee cerca de 60% de las frecuencias radiofónicas. Pero la palabra “concentración” designa sobre todo los dos oligopolios nacionales, los grupos: El Mercurio, cuyo escaparate es el periódico que lleva el mismo nombre, y Copesa, editor del diario La Tercera y de tres revistas. Únicos destinatarios –de hasta 5 millones de dólares anuales– del sistema de subvención instaurado bajo la dictadura, los dos conglomerados conservaron este beneficio exclusivo después de 1990. El resto de la prensa debió enfrentar sin red de protección los avatares del mercado.

Mauricio Weibel, hoy corresponsal de varios medios de comunicación extranjeros, reivindica su participación en cinco proyectos de prensa durante los últimos años. “Sin la herramienta de Internet, simplemente sería imposible emprender el mínimo proyecto de prensa alternativa”, explica. “La distribución de periódicos es de por sí difícil debido a la muy particular geografía de este país. Para imprimir un periódico uno está obligado a dirigirse a los oligopolios. Incluso para difundirlo, ya que casi todos los puntos de venta les pertenecen. En cuanto a la radio, ésta depende casi por completo de un sector privado que se confunde totalmente con el financiero”. Éste decide al final, y sin control público, la atribución del maná publicitario.

Frecuencias en espera

Un periodista nos confía: “si este modelo es hoy criticado, es también porque el gobierno de Sebastián Piñera –proveniente en parte de la derecha pinochetista y muy ligado a los grupos económicos dominantes–, no tiene otra vocación que mantenerlo”. Así, la espera podría ser larga para los medios de comunicación comunitarios que, aunque numerosos, aún no tienen capacidad financiera ni jurídica. Las esperanzas parecían esta vez más serias en tiempos de la Concertación, con la adopción de una ley de radios de mínima cobertura en 1994. En el momento de la sucesión entre los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, esta primera legislación legalizó las pequeñas estaciones de tipo comunitario con poder de emisión de un watt. El texto pasó pese a las fuertes presiones de la oposición conservadora, que estaba a favor de la penalización de las transmisiones ilegales.

Bajo la presidencia de Michelle Bachelet (2006-2010) se aprobó una nueva ley de servicios comunitarios y ciudadanos que amplió a 25 watts la capacidad de difusión de los medios de comunicación concesionados y a 40 watts la de las radios ubicadas en comunidades alejadas incluyendo las indígenas, en nombre de los estándares jurídicos interamericanos sobre la promoción de las culturas minoritarias. La nueva legislación instauró también dos cláusulas: una respecto a la calidad de la “organización de la sociedad civil” que dio origen al medio de comunicación, para gozar de la aplicación de la ley; otra, relativa al derecho de transmitir publicidad, pero sólo como mención de una empresa presente geográficamente en el sector de difusión. Aún así, el examen de María Pía Matta, codirectora de Radio Tierra y presidenta de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), no es blando respecto a la Concertación.

“Al final, la noción de perímetro, siempre limitada, se tomó como criterio y no una definición clara de lo que es una radio o un medio comunitario”, lamenta. “La ley habla sin mayor precisión de ‘organizaciones de la sociedad civil’; puede tratarse tanto de una iglesia evangélica como de una empresa”. De hecho, el número de radios comunitarias en Chile varía mucho según los criterios que se tomen en cuenta. Si se consideran los de la última ley –cuya promulgación después quedó en suspenso–, sumarían 350; si se toman en cuenta los de AMARC, que excluyen todo proselitismo político y religioso, serían 30. Apesadumbra, la presidenta de la AMARC critica sobre todo “el gran error cometido por Michelle Bachelet en 2008, con la llamada ‘ley express’, que fue promulgada y privilegió las concesiones perpetuas de frecuencia para las radios comerciales”. Enfrentando aún más precariedades tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 –pese a su utilidad demostrada en situaciones de urgencia locales–, las radios comunitarias también fueron grandes perdedoras en un decreto de ley firmado por el actual presidente en octubre de 2010. Esta disposición permitió desconcentrar algunas frecuencias, pero sin prever una parte de las concesiones para medios de comunicación demasiado débiles para soportar la competencia del mercado.

Tabú Mapuche

“¿Presenciamos una transformación política? Sin duda, es demasiado pronto para decirlo”, considera el español Manuel Fuentes, director de la oficina de la agencia EFE en Santiago. “Pero es claro que los conflictos actuales por cuestiones de educación y medio ambiente se manifiestan contra un modelo económico desequilibrado y brutal. Podemos hablar de una toma de conciencia y hasta de una ciudadanía emergente, frenada durante mucho tiempo por el trauma que dejó la dictadura”. Lógicamente es allí, donde esta pesada herencia fue más marcada, que el descontento se enraizó. En la región de la Araucanía.

El conflicto ecológico y político entre las comunidades indígenas Mapuches, originarias del lugar, y los grupos agroindustriales provenientes sobre todo de las poderosas familias Matte y Angelini, es antiguo. Según nuestros interlocutores, las posesiones de estas familias, cuya fortuna se debe en gran parte a la explotación forestal y a la industria piscícola, ascienden hoy en día a tres millones de hectáreas, es decir, cinco veces la superficie de tierra aún a disposición de los Mapuches. Aquí también, los intereses directos del poder económico en los medios de comunicación explican la ausencia casi total de cobertura del conflicto de la Araucanía en la mayor parte de la prensa. Más grave aún, el tema todavía constituye un verdadero tabú, que el caso de HydroAysén, de envergadura nacional, comienza apenas a eliminar.

La decisión judicial de la que fue objeto el 22 de junio pasado la joven fotógrafa del sitio web Mapuexpress, Marcela Rodríguez, detenida durante una manifestación un mes antes, ¿habría sido también favorable si la movilización contra el proyecto hidroeléctrico no hubiera sobrepasado ampliamente las fronteras de la Araucanía? La pregunta se plantea puesto que en el mismo periodo la Corporación de Fomento (CORFO), organismo público de ayuda a la producción, se negó a proporcionar a la documentalista Elena Varela, autora de la película Newen Mapuche, los recursos que solicitaba para la distribución de su obra. Motivo: “una imagen negativa de la Araucanía”. El desaliento aflora en la cineasta. Elena Varela fue arrestada en 2008 durante la grabación del documental, y exonerada dos años más tarde, pero estuvo a punto de padecer otra herencia de la dictadura: una condena por “vínculos con un grupo terrorista”, a título de la ley de 1984, hoy aplicada sólo a los activistas Mapuches.

“Sin embargo, las protestas suscitadas por HydroaAysén también trajeron al debate público la cuestión Mapuche”, considera Elena Varela. “Fue hasta el último momento que la población tuvo conocimiento de la existencia del proyecto hidroeléctrico. Una vez los contratos firmados. Entonces, el público descubrió que esta información se le había ocultado durante mucho tiempo, que no tenía un verdadero acceso a la información”.


Sendas alternativas

Flavia Liberona, activista de la causa medioambiental, quien dirige desde hace cuatro años la fundación Terram, coincide con este análisis. “La mayoría de los ciudadanos que se manifestaron contra HydroAysén en Santiago no conocía el fondo del proyecto, incluso ni esas alejadas regiones del sur del país donde debían ser construidas las presas. Es la señal de que emerge una nueva generación de medios de comunicación o de circuitos de información”. Creada en 1997 bajo el estatuto de ONG, Terram edita en línea un boletín cotidiano que monitorea cuestiones medioambientales, de la pesca a la biodiversidad, pasando por la explotación minera. Según su directora, la publicación cuenta hoy en día con 4.000 suscriptores y comienza a imponerse como referencia, incluso para las autoridades. “Ante la amplitud de la protesta contra HydroAysén, un senador de la región de Aysén, Antonio Horvath, quien sin embargo proviene de la derecha conservadora, adoptó una posición ecologista. Esta toma de posición no dejó de influir en la suspensión del proyecto, por parte de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 20 de junio pasado. Esto dice si el debate tuvo eco”.

“La marginalidad ha terminado por unirnos, celebra Pía Figueroa, directora de la agencia en línea Pressenza, fundada en 2009 y especializada en la cobertura de conflictos y la promoción de la no violencia. “Incluso si el apoyo de nuestras redes exteriores es determinante en el proceso de construcción de una comunicación alternativa”, agrega. Mauricio Weibel no contradice esta declaración. Él trabaja en este momento en la creación de una Unión Sudamericana de representantes de la prensa extranjera, cuyo congreso inaugural se realizará el próximo mes de octubre en Santiago. “Para nosotros, corresponsales de medios de comunicación extranjeros, en ocasiones es más fácil obtener información, incluso de las autoridades, que para la prensa nacional. Hoy, el reto es saber cómo la información sobre la realidad chilena difundida primero en el exterior, retorna al público al que le concierne. Por ejemplo, hace cerca de dos años fui uno de los primeros en revelar los proyectos gubernamentales de control de las redes sociales. Fue necesaria la movilización actual para que al fin la prensa dominante decidiera abordar el tema, aún de actualidad”.

Prudente, Francisco Martorell, de El Periodista, entrevé todavía numerosas etapas a superar antes de una democratización real del espacio informativo en Chile. “Los partidos políticos, de todas las tendencias, no manifiestan un compromiso firme a favor de la libertad de expresión y del pluralismo. Por otra parte, aún no se ha logrado despenalizar los delitos de prensa, como la difamación. El riesgo de encarcelamiento que corre un periodista no ha desaparecido”. El mismo Francisco Martorell se ve afectado por ello, tras sus revelaciones sobre un caso de pedofilia en el que se acusa a una personalidad de alto rango.

El director de EFE en Santiago, Manuel Fuentes, espera garantías contra la impunidad desde que un carabinero agredió de forma violenta al fotógrafo Víctor Salas, durante una manifestación de profesores en Valparaíso, en mayo de 2008. Se identificó a un sargento como el autor del porrazo que le costó a la víctima la pérdida de un ojo. ¿Después? “El procurador intentó archivar el caso hace un año. Por fortuna, debió dar marcha atrás frente a las pruebas aportadas por la policía de investigación (PDI). ¡Pero esto no resuelve el problema de la justicia militar!, que aún posee el expediente, puesto que el agresor es un carabinero.”

La herencia de 1973 tiene una larga vida. No obstante, los retos están planteados para que en materia de información y de pluralismo Chile sobrepase el marco definido por el ex presidente Patricio Aylwin durante su investidura en 1990: “Una democracia en la medida de lo posible”.

Benoît Hervieu, Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras,

con la colaboración de la AMARC-Internacional y Radio Tierra