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22 Septiembre 2011 - Actualizado el 20 Enero 2016

Retiran cargos y liberan a dos usuarios de redes sociales : “un mes en prisión por nada”


Por haber enviado mensajes de alerta en Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado contra un colegio de Veracruz, María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, pasaron un mes tras las rejas. Un juzgado del Estado de Veracruz anuló, finalmente, el 21 de septiembre de 2011, los cargos de “terrorismo” y “sabotaje” establecidos contra los dos usuarios de redes sociales tras un mes de arresto. Fueron inmediatamente puestos en libertad. Los dos anteriormente acusados corrían el riesgo de purgar de tres a treinta años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario y la suspensión de sus derechos políticos. Su liberación se efectúa un día después de la aprobación, por el Congreso de Veracruz, de una modificación que impone pena de prisión de uno a cuatro años y multa de hasta mil días de salario a toda persona que ocasione la “perturbación del orden público”. Entrevistada por Reporteros sin Fronteras, la abogada Claribel Guevara ha excluido, sin embargo, toda relación entre esta reforma legislativa y la liberación de sus defendidos. “Este mes de prisión por nada deja que pensar. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz ha perdido tiempo inútilmente con este caso sin futuro, mientras existen tres asesinatos recientes de periodistas por elucidar en un Estado clasificado como el más peligroso para la prensa desde el principio del año. Es sobre esto que los resultados se hacen esperar. Reporteros sin Fronteras ha tomado conocimiento, adicionalmente, sobre el exilio de quince periodistas durante los dos últimos meses”, recordó la organización. ______________________________ 1.09.2011 - Dos usuarios de redes sociales, detenidos y acusados de “terrorismo” y “sabotaje” Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz (este). Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”, Gilberto Martínez Vera, de 35 años de edad, y María de Jesús Bravo Pagola, de 34 años, corren el riesgo de purgar una pena de 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario, así como de la suspensión de sus derechos políticos durante cinco años. "Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados. Pedimos que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola sean puestos en libertad de forma inmediata. Según el Código Penal del Estado de Veracruz, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos. Ante la ausencia de pruebas sobre su intención de ‘perturbar la paz pública’, ‘menoscabar la autoridad del Estado’ o ‘trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado’, los dos twitteros no tienen nada qué hacer en prisión. Asimismo, la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, declaró Reporteros sin Fronteras. "Incluso si la información difundida por estas dos personas pudiera parecer dudosa o exagerada, procesar a los usuarios de redes sociales por actos de terrorismo constituye un exceso procesal”, agregó la organización. Por otra parte, el estado de la libertad de informar en Veracruz es cada vez más alarmante. A los numerosos casos de intimidación y amenazas se suma el hecho de que desde el inicio del año han sido asesinatos tres periodistas en el territorio: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín. El 25 de agosto de 2011 Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola difundieron alertas sobre posibles ataques contra una escuela de Veracruz. Ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas. El 27 de agosto pasado el Ministerio Público del Estado de Veracruz señaló en un comunicado oficial que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Acusación confirmada con la decisión tomada el 1 de septiembre. Otros quince usuarios de redes sociales también fueron objeto de una investigación. Según información del Grupo Fórmula, durante el interrogatorio los dos detenidos habrían padecido presión psicológica para obligarlos a que se declararan culpables. No habrían tenido acceso a un abogado durante más de sesenta horas. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola se declararon inocentes y denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las autoridades. Este episodio ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado más de 45.000 muertes desde diciembre de 2006.