Investigaciones sobre corrupción: dos periodistas brasileños enfrentan 11 demandas por difamación

En diciembre de 2014, poco después de su llegada a la ciudad de São Gonçalo do Amarante, Francisco Costa y Josi Gonçalves crearon el sitio web informativo Fala RN. Desde entonces, han publicado en él notas y reportajes sobre casos de corrupción en los que están implicados políticos de la ciudad: malversación de fondos, nepotismo, fraude electoral, etc. Publicaciones que no fueron del agrado de las autoridades, que presentaron decenas de demandas contra ellos por injuria, difamación y calumnia. Entre los acusadores se encuentran Jaime Calado, alcalde de São Gonçalo do Amarante, diputados municipales (vereadores) y ministros locales (secretarios municipales).

En total, ambos reporteros enfrentan 11 demandas, cuyas multas ascienden en total a más de 200.000 reales (unos 57.000 euros).

Además del acoso judicial, la pareja de periodistas señaló a RSF que se sentía en peligro y temía por su integridad física. Una de sus fuentes informativas en el municipio les advirtió que existía un plan para intimidarlos, que incluía el secuestro de su hijo de 4 años y la fabricación de pruebas falsas para incriminarlos y que los arresten. Asimismo, el principal anunciante de FalaRN sufrió presiones por parte de la policía local para que ya no compre publicidad al sitio web.

“Reporteros sin Fronteras condena firmemente el encarnizamiento judicial de las autoridades de São Gonçalo do Amarante contra Francisco Costa y Josi Gonçalves, y pide que se retiren todos los cargos presentados contra la pareja”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “El número de demandas presentadas contra ellos es aberrante, se trata de una verdadera campaña de intimidación para hacer callar a los periodistas y constituye un grave ataque a la libertad de expresión. Las normas internacionales señalan que los políticos deben aceptar un mayor grado de escrutínio por la sociedad y por la prensa, y demonstrar mayor tolerancia delante de las críticas".

Este encarnizamiento judicial es aún más injustificado dado que los textos publicados en FalaRN la mayoría de las veces se basan en información oficial y pública. Un ejemplo es el caso de una nota publicada en 2015 sobre la apertura de una investigación en el Ministerio Público Federal contra el Secretario de Educación del municipio, Abel Soares Ferreira, por corrupción. Inmediatamente después de que fue publicada, el secretario presentó una demanda contra los periodistas.

Algo similar sucedió con la acusación más reciente, presentada el 7 diciembre pasado por el ex alcalde de la ciudad, Ítalo Vale Monte; a éste no le gustó que FalaRN recordara a sus lectores las razones por las que se había alejado del poder: el Tribunal de Cuentas señaló la mala gestión financiera del ayuntamiento. Por esta última demanda se pide como indemnización 35.200 reales (unos 10.000 euros).

El actual alcalde, Jaime Calado, ha presentado seis de las 11 demandas contra los periodistas, una de ellas por un comentario negativo de un internauta publicado en la página Facebook de FalaRN. Un procedimiento muy expandido en Brasil, que no deja de ser sorprendente.

Brasil ocupa el lugar 104, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.