No al secreto de defensa de lo nuclear

Reporteros sin Fronteras y algunas asociaciones ecologistas piden al Consejo de Estado la anulación del decreto que clasifica como secreto de defensa la información sobre materias nucleares. El 9 de octubre se presentaron dos recursos ante el Consejo de Estado, para pedir la anulación del decreto relativo a la "protección del secreto de defensa nacional en el terreno de la protección y el control de las materias nucleares", firmado por Didier Lallemand, alto funcionario de Defensa, el 24 de julio de 2003. Uno de los recursos lo presentaron la asociación ecologista Greenpeace y la CRIIRAD (instituto independiente de investigación radiológica). WISE-París se les unirá próximamente. El otro recurso lo han planteado Reporteros sin Fronteras y los Periodistas-Escritores por la Naturaleza y el Medio Ambiente (JNE). La Asociación de Periodistas del Medio Ambiente (AJE) también ha decidido sumarse al procedimiento. Las asociaciones acusan a Didier Lallemand de haber rebasado sus competencias, firmando un decreto que atenta a la libertad fundamental de expresión e información. Corresponde al legislador, y no al poder reglamentario, regular el ejercicio de un principio de valor constitucional. "Los periodistas están particularmente afectados por el decreto ya que corren el riesgo de sanciones penales; entre otras, penas de cárcel que pueden llegar hasta cinco años, si difunden informaciones que caigan en el ámbito de ese texto. Resulta fundamental el papel de los periodistas cuando se trata de informar al público, en terrenos tan delicados como el nuclear. Son un elemento esencial del debate público", ha subrayado Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras. "No se trata solamente de una querella entre Greenpeace y el gobierno francés. La amenaza que representa la industria nuclear, y especialmente los transportes de materias nucleares, afecta al conjunto de la sociedad. Este decreto es un intento grosero de suprimir el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre lo nuclear. El recurso que hoy planteamos es un momento importante de nuestra campaña, tendente a hacer desaparecer la amenaza que representa esta industria, peligrosa e injustificada", ha declarado Yannick Rousselet, de Greenpeace Francia. "Resulta aun más sorprendente que Francia, que fue uno de los primeros países en firmar la Convención de Aarhus del 25 de junio de 1998, que afirma un derecho a la información en materia de medio ambiente, se contradiga adoptando tal decreto", ha añadido Sylvia Preuss-Laussinotte, una de las abogadas de Reporteros sin Fronteras. "Por otra parte, el texto es contrario a una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 28 de enero de 2003, que se refiere al acceso del público a la información sobre el medio ambiente", ha precisado.