Los proveedores de acceso obligados a vigilar el Net

La empresa estatal TelOne, que detenta el monopolio de las telecomunicaciones del país, ha pedido a los proveedores de acceso a Internet (FAI) que firmen un contrato que, entre otras cosas, se refiere a la vigilancia de las comunicaciones en línea. El texto pide a los FAI que "adopten las medidas necesarias" para impedir la difusión de contenidos ilegales en el Net. La imprecisión de los términos empleados en el contrato, así como el contexto político del país, en el que se burla constantemente la libertad de expresión, hacen temer un reforzamiento del control de la Red, por parte del gobierno. Reporteros sin Fronteras está preocupada por la evolución de Internet en Zimbabue. "El gobierno, por medio de TelOne, intenta dotarse de los medios jurídicos para vigilar la Red. Reconocemos que la lucha contra los contenidos ilegales en el Net -incitación al odio racial, imágenes pedófilas, etc.- está justificada. En cambio, es fundamental que esa lucha no se efectue en detrimento del derecho de los internautas a expresarse libremente. Por eso, pensamos que la actual formulación del contrato, propuesto por el operador estatal, abra la vía a algunas derivas liberticidas", ha manifestado la organización. El contrato establece que los FAI "deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir que se difundan por la Red los mensajes reprensibles, obscenos y no autorizados (S), que infringen las leyes de Zimbabue". Por ello, pide a los FAI que vigilen la totalidad del tráfico por Internet, especialmente los e-mails, para encontrar los contenidos ilegales. Por una parte, una vigilancia así resulta técnicamente imposible, y por tanto hace pesar sobre los FAI una responsabilidad que no pueden asumir. Por otra , se pide a los prestatarios técnicos del Net que juzguen ellos mismos acerca de la legalidad de los mensajes que transmiten, sin control judicial. Sin embargo, censurar la Red debería ser prerrogativa exclusiva de los jueces. A continuación, el texto indica que los FAI deberán permitir a TelOne, y al gobierno, conocer el origen de los mensajes perjudiciales. Este procedimiento, justificado a veces en el marco de investigaciones judiciales, debe estar controlado muy estrictamente, para evitar que se trasgreda el principio de confidencialidad de la correspondencia privada. Porque, en Zimbabue, no hay actualmente ninguna ley que defina las modalidades de interceptar las comunicaciones, ni en qué casos las autoridades pueden requerir informaciones personales sobre un internauta. A principios de marzo de 2004, el Tribunal Supremo consideró anticonstitucional la Post and Telecommunications Act (PTC), que daba al gobierno poderes exhorbitantes para vigilar las comunicaciones telefónicas y electrónicas. Como ninguna ley garantiza correctamente la confidencialidad de las informaciones que circulan por Internet, resulta por tanto muy peligroso que los FAI estén ligados por un contrato tan impreciso como! el que les propone TelOne. Como recordatorio, Zimbabue ocupa la posición 141ª (entre 166) en la clasificación de la libertad de prensa, efectuada por Reporteros sin Fronteras. La organización considera al presidente Robert Mugabe como un predador de la libertad de prensa. www.internet.rsf.org