El 4 de octubre, el semanario Semana aseguró estar siendo víctima de amenazas y escuchas telefónicas, tras haber denunciado los términos de las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares. Reporteros sin Fronteras ha pedido la apertura de una investigación y la publicación de sus conclusiones.
Reporteros sin Fronteras ha expresado su preocupación tras las revelaciones efectuadas por el semanario Semana sobre las amenazas recibidas por varios de sus periodistas en la semana del 27 de septiembre de 2004, y las escuchas ilegales de que estarían siendo objeto.
"Nos sentimos preocupados por la seguridad de esos periodistas y por sus condiciones de trabajo, dado que ya no se respeta la confidencialidad de sus comunicaciones. Si no se garantiza el secreto de las fuentes, eso supone el fin del periodismo de investigación. Cuando podrían estar implicados los servicios del Estado, es importante que se efectúe una investigación seria sobre el caso", ha subrayado Reporteros sin Fronteras en una carta dirigida al fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio. La organización le ha pedido la apertura de una investigación y la publicación de sus conclusiones.
En un editorial del 4 de octubre, la revista Semana, publicada en Bogotá, ha denunciado las amenazas que, la semana precedente, recibieron algunos de los periodistas de su redacción. Según la revista, fueron interceptadas ilegalmente varias conversaciones telefónicas. En el editorial, la revista precisa que ignora si las amenazas proceden de paramilitares o narcotraficantes. Semana ha precisado que, por razones de seguridad, no quiere revelar la identidad de los periodistas concernidos.
En su edición del 27 de septiembre, Semana transcribió algunos extractos de una conversación secreta entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y varios dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares). En la conversación, el representante del gobierno dejaba entrever que, a cambio de la desmovilización de sus hombres, el Presidente de la República podría evitar que los jefes paramilitares fueran extraditados a Estados Unidos, donde están denunciados por narcotráfico. Recordaba igualmente la posibilidad de aprobar una ley que les evitaría tener que presentarse ante el Tribunal Penal Internacional. En la misma edición, Semana publicaba una investigación sobre la infiltración de narcotraficantes en algunos grupos paramilitares de extrema derecha. El pasado 1 de julio, el gobierno inició negociaciones con los principales grupos paramilitares, con el fin de conseguir su desmovilización antes de finales del año 2005.