Ley de responsabilidad social de los medios audiovisuales : Reporteros sin Fronteras escribe al Ministro de Información

A la atención del Sr. D. Yuri Pimentel
Ministro de Comunicación e Información Señor Ministro, Reporteros sin Fronteras, asociación de defensa de la libertad de prensa, ha sabido del procedimiento iniciado el 23 de enero contra seis canales de televisión y cuatro diarios nacionales por « obstrucción a la justicia », un delito que puede ser castigado con entre seis meses y dos años de cárcel. Por esa razón, estos diez medios de comunicación tienen prohibido publicar o difundir la menor información relativa a la investigación sobre el asesinato del fiscal Danilo Andreson, ocurrido el 18 de noviembre de 2004. (cf. http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16256) Esa medida precautoria fue confirmada en apelación el 14 de febrero. El 22 de febrero usted personalmente solicitó, por el mismo motivo, la aplicación de la Ley de responsabilidad social, que solo afecta a las radios y televisiones, a un « determinado número de medios de comunicación ». Hechos todos ellos que, por varios motivos, suscitan nuestra preocupación. Si no parece confirmado el delito de « obstrucción a la justicia », el procedimiento abierto por esa razón tampoco implica la adopción de medidas precautorias con los medios concernidos. Un medio denunciado por « difamación » ¿debería cerrase con el único pretexto de que « podría » difamar de nuevo, incluso aunque todavía no haya sido condenado por la justicia? Ese curioso razonamiento es el que parece presidir la sanción adoptada el 23 de enero contra los seis canales de televisión y los cuatro diarios nacionales. ¿Por qué se quiere añadir una sanción « preventiva » a una sanción posible? Vemos que en ello existe un auténtico peligro para la libertad de prensa y una anomalía jurídica, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo motivo. Pero es que a esa doble sanción se ha sumado una tercera. La ley de responsabilidad social, que usted invoca, establece entre otras cosas multas que pueden llegar hasta el 2% de lo beneficios brutos fiscales declarados por un canal, o una emisora, en el año anterior. Y, a partir de aquí, se plantean varias cuestiones. ¿Considera usted que los medios audiovisuales son a priori más condenables que la prensa escrita? La aplicación de la Ley de responsabilidad social que usted ha solicitado ¿se limita a los seis canales de televisión que son objetivo del procedimiento abierto por « obstrucción a la justicia »? No ha precisado este punto. Finalmente, y sobre todo ¿de qué manera encaja la Ley de responsabilidad social con el delito de « obstrucción a la justicia »? El artículo 29 de la Ley castiga la difusión de contenidos que « promueven, hacen apología o incitan a la guerra, la alteración del orden público y el delito ». Aparte de que reproducir una información no significa obstruir a la justicia, hacer obstrucción a la justicia de hecho no significa en absoluto elevar esa obstrucción al rango de principio. ¿Difamar consiste, en sí mismo, en hacer apología de la difamación? Reporteros sin Fronteras le agradece enormemente que aporte todas las aclaraciones necesarias para el tratamiento de este caso. En espera de su respuesta le ruego, Señor Ministro, acepte la expresión de mi mayor consideración. Robert Ménard
Secretario general _____________________________________________________________ 1.03.06 - El Ministerio de Comunicación e Información emite comunicado ante la opinión pública y ante últimos embustes de Reporteros sin Fronteras
El Ministerio de Comunicación e Información ha tomado conocimiento del nuevo mensaje de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización internacional que goza de cierta notoriedad gracias al respaldo que le otorgan las corporaciones transnacionales de la información, en retribución a su defensa militante de intereses corporativos. Asimismo, RSF es conocida por su capacidad de reproducir e incluso anticipar las matrices de opinión emanadas del Departamento de Estado de EEUU contra Venezuela y contra otros Estados que no responden a la línea de imposición de los intereses del imperio. Para validar su rol de defensor acérrimo de los intereses de los medios privados, RSF reproduce el esquema de manipulación que se basa en la idea de que ellos son los titulares legítimos de la libertad de expresión y los vigilantes de la democracia, y que el Estado debe abstenerse de toda regulación de su ejercicio. Esta perversa argumentación desconoce la verdadera dimensión del derecho en el ordenamiento internacional, y niega la dinámica jurídico-democrática detrás del reconocimiento de derechos. Se trata de un ejercicio de defensa fundamentalista de la libertad de expresión, que está directamente reñido con el Estado de derecho y con la defensa de las instituciones democráticas. En su nuevo mensaje, la organización manifiesta por enésima vez su « preocupación » por la libertad de expresión en Venezuela, en esta ocasión ante las medidas judiciales solicitadas por el Ministerio Público para impedir que algunos medios obstruyan la aplicación de la justicia. La comunicación está llena de imprecisiones, y reproduce informaciones falsas emitidas por medios de comunicación venezolanos, que en su práctica informativa desconocen de manera sistemática las responsabilidades que emanan del ordenamiento constitucional y del derecho internacional. Como órgano del Poder Ejecutivo, no nos corresponde enjuiciar ni condenar penalmente a los medios. Para esclarecer sus confusas dudas, RSF debe dirigirse a las instituciones que tienen dicha potestad y la ejercen. Sin embargo, como órgano cuyas competencias están estrechamente ligadas al ejercicio de la comunicación, hemos optado por realizar algunas precisiones, en aras de contrarrestar la intención de la organización de apoyar las estrategias orientadas a proteger a los sospechosos del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y de fortalecer aquellas que en nombre de la justicia, se orientan a garantizar que los culpables de ese execrable acto terrorista sean sancionados. Al respecto, nos parece relevante subrayar la apreciación del Relator Especial de libertad de opinión y de expresión de la ONU, cuando en su informe de 1999 señaló que si bien los derechos humanos son sacrosantos, « ciertamente no se los puede manipular para condonar, alentar o fomentar las actividades terroristas » - actitud que caracteriza la práctica de varios medios de comunicación venezolanos en relación con la investigación penal sobre el acto terrorista que acabó con la vida de Anderson, y que RSF busca avalar en su comunicación. En concreto, RSF señala que los medios « tienen prohibido publicar o difundir la menor información relativa a la investigación » sobre el asesinato de Anderson. Esta afirmación, que « avala » la preocupación de la organización, es completamente falsa. Lo que la sentencia de referencia ordenó a los medios de comunicación, no fue otra cosa que el cumplimiento de la ley, en relación con la divulgación de las actas de la investigación del caso relativo a la autoría intelectual del abominable asesinato del fiscal Anderson, y en respeto al derecho a la honra y reputación de uno de los testigos de la causa. Ambas órdenes judiciales se sustentan en normas presentes en el derecho internacional, así como en la inmensa mayoría de ordenamientos jurídicos del hemisferio occidental, que prohíben la divulgación de las actas de la investigación penal, hasta tanto no se proceda a la acusación formal (art. 304 del Código Procesal Penal), y que obligan al Estado a hacer respetar el derecho a la honra y a la reputación, y a restituirlo cuando éste es vulnerado (arts. 60 y 143 de la Constitución). En cualquier caso, no extraña al Ministerio de Comunicación e Información que esta situación « suscite » la preocupación de RSF. Desde que en Venezuela se viene produciendo un vigoroso proceso de democratización de la sociedad, dicha organización ha realizado diversas intervenciones orientadas por el interés en apoyar el punto de vista de quienes han violado las instituciones democráticas para regresar al poder - notablemente, varios medios de comunicación privados. Como señalara el Equipo Nizkor, una organización de derechos humanos que no se vende al mejor postor, el tipo de comportamiento que evidenciaron los medios de comunicación privados de Venezuela en el marco del golpe de Estado de abril de 2002 constituye « el más evidente riesgo a las libertades civiles en todo el mundo », dado que sus « actividades sobrepujan las instituciones democráticas, y... crean sistemas de control político-social fuera del Estado de derecho ». Es este tipo de comportamientos el que RSF busca avalar de manera irracional y fundamentalista con sus actuaciones, por lo que mal puede esperar que el Gobierno Bolivariano ocupe su tiempo en responder en detalle a sus balbuceantes preguntas. Para concluir, resta señalarle a la opinión pública que el Gobierno Bolivariano está profundamente comprometido con el respeto de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Para ello, se guía entre otras normas por el artículo XXVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que establece que « los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático ». En ese sentido, aún si parece ser del interés de la organización incitar a que se desconozcan estos preceptos fundamentales de los derechos humanos, el Gobierno Bolivariano reitera que no dejará de cumplir su obligación de respetar y hacer respetar el Estado de derecho y los derechos humanos, por el hecho de que una asociación íntimamente ligada a los intereses de quienes agreden a la democracia venezolana vea ampliamente reproducidos sus puntos de vista en los medios nacionales e internacionales que comparten esos intereses.