Reporteros sin Fronteras ha pedido a las autoridades afganas, y especialmente al presidente Hamid Karzaui, que convierta en una de sus prioridades la defensa de la libertad de prensa. Junto a representantes de asociaciones afganas de periodistas, la organización internacional ha celebrado, el 15 de enero de 2009, una conferencia de prensa en Kabul, como colofón de una misión de investigación.
Reporteros sin Fronteras ha pedido a las autoridades afganas, y especialmente al presidente Hamid Karzaui, que convierta en una de sus prioridades la defensa de la libertad de prensa. Junto a representantes de asociaciones afganas de periodistas, la organización internacional ha celebrado, el 15 de enero de 2009, una conferencia de prensa en Kabul, como colofón de una misión de investigación.
“La situación de la libertad de prensa se ha degradado en Afganistán y es responsabilidad del gobierno encauzar esa inquietante deriva. El país no podrá seguir progresando hacia la democracia y desarrollarse sin una prensa libre e independiente. El Jefe del Estado y su gobierno tienen que ocuparse plenamente de este asunto y adoptar medidas que permitan a los periodistas trabajar en mejores condiciones. Hay mucho que hacer en Afganistán, pero el país no podrá recuperarse de treinta años de guerra sin la ayuda de una información libre y diversificada”, ha declarado Jean-François Julliard, secretario general de Reporteros sin Fronteras, en Kabul.
“Cada vez están más diversificadas las amenazas que reciben los periodistas afganos y extranjeros presentes en el país. A los talibanes, que no han dejado nunca de amenazar de muerte a los periodistas que no se avienen a sus demandas, se han sumado ahora criminales y grupos mafiosos. Los periodistas afganos son libres de expresarse -mientras no ataquen al auténtico tema tabú del país: El Islam- pero trabajan en condiciones de seguridad muy difíciles. El sur y el este del país son extremadamente inestables y cada vez son menos los periodistas que acuden a las regiones que escapan al control de las autoridades, convertidas en auténticos agujeros negros de la información”, ha indicado la organización.
El 12 de enero la delegación acudió al centro de detención provisional de Kabul para entrevistarse con Perwiz Kambakhsh, condenado en apelación a veinte años de cárcel por haberse bajado un texto sobre la condición de las mujeres en la religión musulmana. “Mientras a un ciudadano puedan condenarle a muerte, o a una pena grave de cárcel, simplemente por consultar un texto en Internet, no se podrá hablar de libertad de expresión en Afganistán. Perwiz Kambakhsh tiene que salir en libertad rápidamente. No ha cometido ningún crimen y este caso, salpicado de irregularidades en el procedimiento judicial, perjudica gravemente la imagen de Afganistán. Hemos pedido su libertad a todos los cargos oficiales con quienes nos hemos entrevistado”, ha añadido Reporteros sin Fronteras.
En 2008 mataron allí a dos profesionales de la prensa, e hirieron o agredieron a otro medio centenar. Para Reporteros sin Fronteras Hamid Karzai debe asumir enteramente esta cuestión y recordar con firmeza que no piensa dejar que la impunidad se instale en los asuntos relativos a la violencia cometida con periodistas. Muchos viven con miedo, y es responsabilidad de las autoridades adoptar medidas para tranquilizarles y permitirles que trabajen serenamente. Es lamentable que una decena de mujeres periodistas se hayan visto obligadas, en los últimos meses, a abandonar su trabajo por culpa de las amenazas. Muy raramente han conseguido la protección que necesitaban.
Las autoridades deben ser más eficaces en la resolución de los casos de periodistas asesinados, o víctimas de amenazas, y efectuar auténticas investigaciones para identificar a los autores. Es inaceptable la impunidad en los asesinatos de Zakia Kaki y Abdul Samad Rohani.
Reporteros sin Fronteras ha pedido también que se apruebe con rapidez el proyecto de ley de medios de comunicación. Numerosos representantes de la profesión esperan mucho de ese texto, que continúa en período de estudio y está sufriendo las dificultades que tienen el Parlamento y el gobierno para trabajar juntos.
El gobierno tiene también que plantearse la redacción de una ley que facilite el acceso a la información. La totalidad de los periodistas con los que ha hablado la delegación estiman que es difícil conseguir información fiable, o comentarios de las autoridades. “En el caso de un acontecimiento importante relacionado con el conflicto en curso nos encontramos al menos con cinco versiones diferentes de los hechos: la de los talibanes, la del Ministerio de Defensa, la de la Presidencia, la del ISAF y la de algunos testigos directos, que aceptan hablar con la prensa. Con frecuencia, las informaciones de las autoridades son las más largas y difíciles de conseguir. Aunque nos felicitamos por la creación de un Centro para los Medios, es necesario que el gobierno comunique mejor y esté más disponible para los periodistas”, ha añadido Reporteros sin Fronteras.
Por otra parte, Reporteros sin Fronteras considera que algunos propietarios de medios tienen que dejar de interferir en el contenido editorial. Hay que establecer una frontera hermética entre las redacciones y los propietarios. Los accionistas utilizan a muchos medios con fines partidistas, y la calidad de la información se resiente de ello. Algunas asociaciones de periodistas piensan también en un código de conducta para los medios, y Reporteros sin Fronteras apoya la iniciativa. La organización aplaude igualmente los esfuerzos por unirse de las asociaciones de periodistas afganos, a fin de defender la libertad de prensa.
La misión de Reporteros sin Fronteras ha estado compuesta por Jean-François Julliard, secretario general, Vincent Brossel, responsable de Asia, y Reza Mohín, encargado de Afganistán. Se ha entrevistado con los ministros de Justicia y Cultura e Información, un representante del Consejo de los Ulemas, representantes de la sociedad civil, cargos oficiales del ISAF y diplomáticos, así como con muchos periodistas y asociaciones profesionales. Ha permanecido en el país del 10 al 16 de enero de 2009. La organización publicará un informe detallado en las próximas semanas.