La justicia embarga dos ordenadores de un periódico digital

Reporteros sin Fronteras protesta por el embargo judicial, el 27 de abril, de los discos duros de dos ordenadores del periódico digital El Mostrador, efectuado en aplicación de la Ley antiterrorista. El material fue restituido al día siguiente.
"Este embargo representa un atentado al secreto de las fuentes, piedra angular de la libertad de prensa. Si no se respeta, ya nadie confiará nunca nada a los periodistas, y el que resultará gravemente perjudicado será el derecho de la sociedad a estar informada", ha manifestado Reporteros sin Fronteras en una carta dirigida a la juez Gloria Ana Chevesich, que fue quien ordenó el embargo.
Según el artículo 8 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".
El 27 de abril de 2004 por la mañana, la policía embargó los discos duros de dos ordenadores en la sede del diario digital El Mostrador (www.elmostrador.cl), por orden de la juez Gloria Ana Chevesich. Para justificar el embargo, la magistrada, que investiga un atentado cometido el pasado 24 de marzo contra el consulado de Brasil en Santiago, recurrió a la Ley antiterrorista. Según la orden de embargo, el objetivo es "efectuar una clonación y análisis del contenido de los discos duros, con el fin de obtener información en torno a la existencia de un nuevo correo de adjudicación del atentado". Los dos discos duros fueron restituidos al periódico el 28 de abril por la tarde.
Los dos ordenadores contenían un e-mail firmado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, movimiento de extrema izquierda), recibido en el periódico justo después del atentado, reivindicándolo. Sin embargo, en un segundo e-mail enviado al periódico al día siguiente de los acontecimientos, un líder del grupo negó cualquier implicación en el acto terrorista.
Los dos ordenadores pertenecen a Lino Solís de Ovando G. y Jorge Molina Sanhueza, respectivamente responsable de la publicación y responsable de la sección judicial. Pocas semanas antes, unos inspectores ya verificaron el contenido del ordenador del segundo, con su consentimiento, sin encontrar nada. El día 26 por la noche El Mostrador fue informado de que la policía iba a ir a inspeccionar la máquina de Lino Solís de Ovando G., aunque no dijeron nada de un embargo. En nombre de la protección del secreto de las fuentes, el periódico ha condenado la medida.