Irlanda

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Una concentración perjudicial; es necesario reformar la ley relativa a la difamación

La gran concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Irlanda sigue constituyendo una gran amenaza para la libertad de prensa. El grupo Independent News and Media (INM) posee una buena parte del mercado de diarios y publicaciones dominicales, mientras que el sector de la radiodifusión es dominado por la paraestatal Ireland's Nacional Television and Radio Broadcaster (RTE). Los frecuentes juicios por difamación, así como las elevadas indemnizaciones por daños y perjuicios impuestas a los acusados por los tribunales irlandeses, socavan seriamente la libertad de prensa. En noviembre de 2019 el Ministro de Justicia pidió que a inicios de 2020 se revisara la ley relativa a la difamación –una revisión que tardó demasiado y que se ha vuelto urgente, pues se había previsto examinarla cinco años después de su adopción (la ley entró en vigor en 2009)–. En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que, el que se obligara a pagar 1,25 millones de euros como indemnización por daños y perjuicios en un caso de difamación violaba el derecho a la libertad de expresión. Esta suma exorbitante, así como el temor a los elevados gastos que implica el proceso, fomentaron un clima de autocensura, en el que las personas que recurren a este tipo de procesos se vuelven intocables para los medios de comunicación irlandeses. En mayo de 2019 la Suprema Corte de Justicia revocó un fallo del Comisionado de Información, que había dictaminado que la University College Cork debía responder a una solicitud de información de la RTE; esto atenta contra el principio de difusión de información. Por otra parte, se debe revisar y remplazar la Communications Act, concerniente a la retención de datos (adoptada en 2011); en 2017 se presentó un proyecto de ley que fue criticado porque no ofrecía una protección adecuada a los periodistas, desde entonces no se ha propuesto ninguna ley al respecto. Desde que entró en vigor la Garda Siochana Act (en 2005) se ha vuelto casi imposible entrevistar a fuentes policíacas, pues ésta prohíbe a los policías hablar con periodistas sin una autorización previa. Los oficiales que no respeten esta prohibición pueden perder su trabajo o ser sancionados con multas y penas que van hasta los 7 años de prisión. La abrogación del delito de blasfemia, que se aprobó a través de un referéndum en octubre de 2018, es una iniciativa que ayuda a fortalecer la libertad de prensa.

13
en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020

Clasificación

+2

15 en 2019

Puntuación

-2.40

15 en 2019

  • 0
    periodistas muertos en 2020
  • 0
    Periodistas ciudadanos asesinados en 2020
  • 0
    colaboradores muertos en 2020
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