La fuerte concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Irlanda, que durante mucho tiempo ha ido en detrimento de la libertad de prensa, ha experimentado en los últimos años una transición positiva hacia un mayor pluralismo. La venta de las acciones del empresario Denis O’Brien en Independent News & Media, en 2019, y Comunicorp, en 2021, ha abierto el panorama mediático a una mayor competencia y diversidad.    

La Comisión sobre el Futuro de los Medios, creada por el Dáil Éireann (parlamento irlandés) en 2020 publicó finalmente su informe, en 2022. El Gobierno ha aceptado 49 de las 50 recomendaciones de la Comisión, entre ellas un nuevo Fondo de Medios de Comunicación y el apoyo al periodismo local. Sin embargo, sigue sin resolverse una cuestión clave en torno a la financiación del ente público RTÉ, un debate avivado por un escándalo relacionado con algunos salarios que se perciben en el medio.  

El informe que recomendaba una protección más específica del periodismo de interés público y la implantación de mecanismos anti SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) o “procesos mordaza”, y que tuvo un gran acogida, debería transformarse en un proyecto de ley en 2024. No obstante, la abolición de los jurados en los casos de difamación ha generado cierta preocupación. El principal partido de la oposición, el Sinn Fein, ha sido criticado duramente por utilizar el procedimiento de difamación para amordazar a periodistas.

Los medios irlandeses, especialmente los diarios regionales, han seguido experimentando importantes dificultades económicas en los últimos años. El gobierno no ha tomado todavía las medidas necesarias para remodelar los mecanismos de financiación de RTÉ y de otros medios de comunicación.

En Irlanda, los periodistas gozan de una gran libertad en el ejercicio de su labor, sin obstáculos culturales destacables. La abolición de la blasfemia por referéndum, en 2018, entró en vigor en 2020 y ha permitido despenalizar la publicación de “discursos blasfemos, sediciosos o indecentes”, y abolir el delito de difamación hacia cualquier religión; un progreso acogido con satisfacción.

Si bien hay periodistas irlandeses que han denunciado que su seguridad está amenazada por grupos criminales, ningún caso significativo se ha dado en los últimos años, aunque los ataques en las redes sociales generan cierta preocupación. Desde la ley Garda Siochana de 2005, es casi imposible entrevistar a fuentes policiales, ya que prohíbe a las fuerzas de seguridad hablar con periodistas sin autorización previa, bajo pena de despido, multa o una condena de hasta siete años de cárcel.