Internet en libertad vigilada

La deriva de seguridad generada por los atentados del 11 de septiembre desembocó, en el Hexágono, en la aprobación de dos leyes que restringen las libertades digitales. El gobierno Jospin presentó, en noviembre de 2001, un conjunto de medidas destinadas a luchar contra el terrorismo: la Ley de Seguridad Cotidiana (LSQ). El dispositivo no fue "hecho a medida" para combatir la amenaza terrorista. A toda prisa, se han añadido disposiciones a una osamenta de texto ya existente: la LSI, Ley de la Sociedad de la Información. Votada de urgencia el 15 de noviembre de 2001, y casi por unanimidad después de un debate inexistente, la LSQ fija en un año la duración de la conservación de los datos de conexiones a la Red, y de los datos relativos a los envíos y recepciones de e-mails, por parte de los proveedores de acceso a Internet. Autoriza a los jueces a recurrir a los "medios del Estado sometidos al secreto de la Defensa nacional", para descifrar los mensajes, y obliga a los proveedores de medios de criptografía a entregar a las autoridades sus protocolos de cifrado, para que éstas puedan, a su vez, descifrar los mensajes. Una serie de disposiciones que equivalen a colocar a Internet bajo estrecha vigilancia, y a lanzar anatema sobre la criptografía. Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión en Internet, Reporters sans frontières, LSIjolie, IRIS, Bug Brother, etc, se indignaron con esta votación, tan rápida, de un texto que no fue objeto de ninguna concertación y que cuestiona el principio de la confidencialidad de los intercambios, profesionales y privados, entre otras cosas el del secreto de las fuentes de los periodistas. Rastreos y embargos de datos "en línea" El nuevo gobierno de Jean-Pierre Raffarin sometió a los parlamentarios, en julio de 2002, su Ley de Orientación y programación de la Seguridad Interior (LOPSI), que incluye inquietantes disposiciones para la libertad de expresión en línea, y el derecho de los ciudadanos a la confidencialidad. Algunas medidas contenidas en la LOPSI, aprobada el 31 de julio de 2002, provocan ardientes preguntas. Se refieren, principalmente, a la posibilidad de que los oficiales de la policía judicial puedan proceder "a distancia, en línea" a efectuar rastreos en los servidores informáticos de los proveedores de acceso, en los que están almacenadas las informaciones relativas a las conexiones de los ciudadanos a la Red, pero también al envío y recepción de e-mails, profesionales y privados. "Se elaborará un texto que permita a los oficiales de la policía judicial, que actúen en el marco de una investigación judicial, y con autorización de un magistrado, acceder directamente a algunos ficheros informáticos y embargar a distancia, por vía telemática o informática, las informaciones que estimen necesarias para la manifestación de la verdad", dice la ley de orientación. Algunas preguntas planteadas por los detractores de la LOPSI, tales como el Sindicato de la Magistratura, IRIS o la Federación Informática y Libertades (FIL): el "texto" previsto, precisando las modalidades de aplicación de la ley, ¿será objeto de un debate parlamentario de fondo? Los oficiales de la policía judicial, habilitados para acceder a los ficheros informáticos, y embargar sus contenidos ¿estarán especialmente formados y equipados para realizar esas operaciones? ¿Estarán obligados, como en los procedimientos clásicos de indagación, a informar a los sospechosos del procedimiento en curso? Los magistrados que tendrán que dar esas autorizaciones ¿estarán formados para esos actos, y sensibilizados con su naturaleza intrusa? Por otra parte, la LOPSI precisa: "Se adoptarán los textos necesarios con el objeto de autorizar, bajo control judicial, el empleo de las técnicas más modernas, indispensables para interceptar mensajes y poner en marcha los dispositivos de vigilancia elaborados que sean necesarios, a causa del recurso de los delincuentes, cada vez más sistemático, a las posibilidades de interferir sus intercambios o camuflar sus encuentros". Una medida que afecta directamente a los internautas que utilizan medios de criptografía para preservar su anonimato en la Red.