Informe de una misión de investigación internacional: “La lucha por la supervivencia”

En octubre de 2006 visitó Sri Lanka una delegación que agrupaba a miembros de organizaciones internacionales de defensa de la libertad de la libertad de prensa. La misión tenía como objetivo dar cuenta de la realidad de los medios de comunicación locales, en un contexto conflictivo entre el gobierno de Sri Lanka y el movimiento de los Tigres de Liberación del Eelam (LTTE). La misión examinó la situación de los medios en inglés, cingalés y tamul, pero concedió particular importancia a la represión de los medios en tamul, que sufren repetidos ataques sobre todo en las zonas afectadas por los combates. Esos enfrentamientos entrañan importantes restricciones en la circulación de la información en el Norte y el Este, obstaculizando así el acceso a la información en todo el país. La falta de información propicia que las comunidades sean vulnerables a los rumores que, al final, no hacen más que alimentar la inestabilidad. En las zonas controladas por el LTTE los periodistas no disponen prácticamente de ninguna libertad. La seguridad: La misión internacional observó que existe un deterioro real en las condiciones de seguridad de los medios de comunicación de Sri Lanka, con un incremento de las amenazas, secuestros y agresiones, llevados a cabo por todas las partes comprometidas en el conflicto, pero sobre todo por militares y paramilitares. Desde agosto de 2005 han matado a nueve profesionales de los medios, y se han producido decenas de amenazas de muerte y agresiones; otros han sido víctimas de violencia, con el fin de impedirles distribuir sus periódicos. Además, y aunque a veces se conoce la identidad de los asesinos, las autoridades locales no actúan. En consecuencia, muchos profesionales se ven obligados a esconderse, incluso durante largos períodos (seis meses). Tampoco las familias de las víctimas quedan al margen de las amenazas. La censura informal: Existe censura, aunque de manera indirecta. A quienes cuestionan la política del gobierno les acusan de traidores, o espías. En un contexto en que las autoridades denigran a los medios de comunicación, manifestarse libremente se convierte en una actividad peligrosa, y a veces incluso mortal. En agosto, el presidente comunicó a los periodistas que los militares iban a hacer de todo para censurar los medios de comunicación. Una carta fechada el 20 de septiembre de 2006, escrita por el Ministro de Defensa a la atención de varios profesionales de los medios, informándoles de que “cualquier información recogida debía someterse a confirmación y verificación”, se interpretó como un intento de censura, fuera o no fuera esa su intención. A esto hay que añadir que el acceso a la información oficial se ve condicionado por la afiliación política de cada medio de comunicación. Los canales internacionales de televisión son inaccesibles desde que el gobierno decidió impedir cualquier retransmisión de programas vía satélite. La censura gubernamental de algunas películas y programas, así como la intervención en los procesos de validación, ponen seriamente en peligro la libertad de expresión. Leyes liberticidas: Las regulaciones de urgencia, creadas el 18 de agosto de 2005, prácticamente han dotado al gobierno de plenos poderes, en cuanto a la censura de los medios de comunicación. Por otra parte, la Ley de Secretos Oficiales (OSA) castiga cualquier revelación de “secretos oficiales”, que además no están definidos con precisión. Por eso, resulta muy difícil escribir cualquier cosa referida a las autoridades. A lo que hay que añadir la Ley del Consejo de Prensa (PCL), que data de 1973, prohibiendo la difusión de algunas de las decisiones adoptadas por el gobierno, determinados documentos oficiales y ciertas informaciones en materia de defensa, seguridad y fiscalidad. En junio de 2006 el gobierno decidió reimplantar la regulación estatal de los medios de comunicación, reafirmando la autoridad del Consejo de Prensa de Sri Lanka en la materia. En los hechos, todavía no se ha puesto en marcha. El 6 de diciembre el gobierno introdujo regulaciones de urgencia (la ley de prevención del terrorismo y de actividades terroristas), que la sociedad civil ha criticado fuertemente por su nefasto impacto sobre la libertad de expresión. En cambio, el gobierno no ha aprobado todavía la ley para garantizar el acceso a la información, a pesar de que aceptó una primera versión del texto en 2003. Por otra parte, la legislación sobre teledifusión no garantiza la independencia de los canales, privados y públicos. Aunque han sido muchas las campañas pidiendo que el gobierno no continúe siendo propietario de cabeceras de la prensa escrita, el gobierno sigue controlando el grupo de prensa Periódicos Asociados de Ceilán (ANCL o “Lake House”). Leer la totalidad del informe en inglés www.rsf.org