Funcionarios y militares irrumpen en una emisora de radio y confiscan el emisor

Reporteros sin Fronteras protesta por la inopinada irrupción de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y cinco militares, en los locales de Radio Alternativa 94.9 FM, ocurrida el 10 de mayo de 2005 en Caracas, y se subleva contra la confiscación del material emisor de la radio. "Estamos indignados con el método empleado, que consiste en irrumpir en una emisora de radio y suspender sus medios de transmisión, sin dar explicaciones. Además, ¿era realmente necesaria la presencia de militares junto a los funcionarios de Conatel? El procedimiento no es otra cosa que intimidación. Nos sorprende, sobre todo, que ahora sancionen a la emisora, alegando que no dispone de autorización para emitir, cuando viene difundiendo su programación desde hace cinco años. Finalmente, el hecho de que la frecuencia 94.9 FM haya sido concedida a otra emisora no es ningún impedimento para conceder otra Radio Alternativa", ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 10 de mayo, unos funcionarios de Conatel, acompañados de cinco militares, entraron sin avisar en los locales de Radio Alternativa 94.9 FM, en Caracas, y se incautaron del material de emisión. Según el equipo de la emisora, los funcionarios no facilitaron su identidad y se refirieron vagamente a una "sanción administrativa", para confiscar el material. Según un corresponsal del IPYS (Instituto Prensa y Sociedad, asociación de defensa de la libertad de prensa) en Caracas, contactado por Reporteros sin Fronteras, "la emisora, que lleva cinco años emitiendo, siempre solicitó una licencia en la Conatel, sin éxito". Un responsable del Colegio Nacional de Periodistas ha explicado a Reporteros sin Fronteras que "la Conatel concedió ya, en septiembre de 2004, la frecuencia 94.9 FM a Radio Tiburón", una emisora con sede en el Estado de Guárico (centro del país), lo que provocó interferencias entre ambas emisoras, durante tres meses. Por tanto, Radio Alternativa 94.9 FM no tiene autorización para emitir. Pero, la ley orgánica venezolana de Telecomunicaciones establece que se lleve a cabo una investigación administrativa antes de cualquier sanción, tal como una suspensión de antena. Por lo tanto, Conatel no ha respetado la ley.