Fuerte controversia en torno a un proyecto de ley atentatorio contra la libertad de opinión

Reporteros sin Fronteras le pide al Congreso que renuncie a adoptar un proyecto de ley de iniciativa gubernamental, presentado el 19 de agosto de 2009, y que endurece las cláusulas y sanciones relativas a la rectificación de propósitos relatados por la prensa. Esta modificación legislativa también se aplicaría a Internet. “Este proyecto de ley, aún estudiándose, es al mismo tiempo discutible e inoportuno. Le impone a la prensa una responsabilidad civil sistemática por unas opiniones y no sólo por hechos, en la mayoría de los casos dadas por unos colaboradores exteriores cuya palabra sólo les compromete a ellos. Esta disposición, de muy mal augurio para el futuro del debato público, tiene lugar cuando unos medios de comunicación críticos con el gobierno sufren importantes presiones. La adopción de tal ley empeoraría una situación ya desfavorable”, declaró Reporteros sin Fronteras. Presentado en el Congreso el 19 de agosto por Mercedes Cabanillas, ex ministra del Interior y presidente de la comisión de Constitución del Congreso, el proyecto de ley 2971/2008-CR tiene por objeto garantizar el ejercicio del “derecho de rectificación que le asiste a quién haya sido afectado por unas afirmaciones inexactas o injuriosas en la prensa escrita, audiovisual o electrónica”. No sólo el alcance del texto concierne unos hechos considerados difamatorios sino también unas posturas. Con respecto a Internet, el abogado Alejandro Godoy afirmó en el diario La República que el presidente de la República, Alan García, se quejó recientemente de las críticas del que fue objeto en muchos blogs. Al imponerle a la prensa de manera sistemática una responsabilidad civil en caso de propósitos litigiosos, el proyecto de ley dispone que a partir del plazo de siete dìas impartido para exigir una rectificación, ésta se deberá publicar o difundir a los tres días, a diferencia de los diez actuales. Controvertido, el texto ha suscitado reacciones muy vivas por parte de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) para quien “esta nueva iniciativa conlleva la tácita voluntad de un sector político de silenciar toda forma de crítica y de denuncia periodística a través de cambios de orden jurídico”. El llamamiento de la ANP recuerda entre otros los casos de dos emisoras del departamento de Amazonas, en el punto de mira del gobierno desde la revuelta de poblaciones indígenas de la región en el mes de junio. La primera, Radio Oriente, es objeto de una vigilancia permanente. La segunda, La Voz de Bagua Grande, fue víctima de un cierre fuera de cualquier marco legal. Las peticiones de Reporteros sin Fronteras a favor de ésta permanecen aún sin respuesta. (Foto: AFP)