El Valle del Cauca : con miedo a informar

Hechos tan graves como el asesinato de dos periodistas, nuevas amenazas contra reporteros y un alto nivel de autocensura en temas como narcotráfico y corrupción en la administración local, fueron los hallazgos más significativos de la visita de cinco organizaciones de libertad de prensa al departamento del Valle del Cauca los días 13, 14, 15 y 16 de julio de 2005. Representantes del Comité de Protección a Periodistas de New York (CPJ, por su sigla en inglés), de Reporteros sin Fronteras (RSF), del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESOFIP) y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con las Naciones Unidas como observador, se entrevistaron con periodistas, autoridades y organizaciones sociales en las ciudades de Buenaventura, Tuluá, Cartago, Palmira y Cali. Las organizaciones de libertad de prensa decidieron visitar ese departamento preocupadas por antecedentes como el asesinato en diciembre de 2003 de William Soto Cheng, en Buenaventura ; las amenazas de al menos cuatro periodistas durante 2004 y la poca información que se publica en el ámbito nacional sobre lo que sucede en la región, pese a la grave situación de violencia que se registra en varias de sus ciudades. Basta con mirar a Buenaventura, donde según el comandante de policía local, Freddy Muñoz, mensualmente se registran 30 muertes. En efecto, el fin de semana anterior a la llegada de las organizaciones a esa ciudad, siete personas fueron asesinadas en el barrio Lleras, una zona de bajamar utilizada como corredor estratégico para el envío de drogas. Por su parte, en Cartago tres frentes de las Farc luchan por el control territorial contra grupos de paramilitares al servicio del narcotráfico, como las bandas Los Machos y Los Rastrojos, cada una con cerca de 800 hombres armados. Y Tuluá y Palmira, con menos problemas de narcotráfico, deben enfrentar conflictos con los políticos regionales, quienes ejercen la mayor presión sobre los comunicadores. ASESINATOS, AMENAZAS E INTIMIDACIONES: EL PAN DIARIO DE LA PRENSA EN EL VALLE William Soto Cheng, director del programa de televisión “Litoral Pacífico” fue asesinado el 18 de diciembre de 2003 en Buenaventura. El 4 de febrero de 2004 Oscar Polanco Herrera, director y presentador del noticiero CNC en Cartago, fue abaleado cuando salía de las instalaciones del canal. Desde 2002 varios periodistas de la región han recibido amenazas. Adonai Cárdenas, corresponsal del diario El País y periodista radial en Buenaventura, ha sido hostigado constantemente por su trabajo y Patricia Sánchez, corresponsal del diario El Tiempo, tuvo que salir de esa ciudad por amenazas. Las presiones vienen de todos los actores: narcotraficantes, políticos, paramilitares y guerrilleros son quienes tienen en riesgo a los reporteros del Valle. • Autoridades locales: los intocables Los colegas de William Soto Cheng concuerdan con que este reportero fue asesinado por razones de oficio. Su última publicación fue el supuesto fraude en las elecciones para la alcaldía de Buenaventura. Capturaron a una persona por el hecho, pero a las pocas semanas lo dejaron en libertad. Este caso muestra de manera clara las consecuencias que tiene para la prensa tratar temas de corrupción. Pero Saulo Quiñones, alcalde de ese puerto, no piensa lo mismo. Quiñones dijo a las organizaciones que “sí hay amenazas porque se tocan intereses particulares de grupos armado ilegales”, pero no por tocar intereses políticos. No obstante, las declaraciones de Quiñones no concuerdan con las de los periodistas de Buenaventura, pues todos coincidieron en que el tema de la corrupción administrativa es intocable. En Tuluá los intocables, según varios periodistas, son los miembros de la Policía local porque, pese a los indicios de corrupción en esa entidad, los reporteros no informan al respecto. “Si me informan de un caso, prefiero cerrar los ojos y publicar el comunicado de las autoridades”, explica un reportero. Otro problema allí es el de las emisoras comunitarias, que se quejan por la dificultad que tienen de acceder a la información oficial. En Cartago la situación es más difícil de manejar porque muchas personas aseguran que existen vínculos entre políticos y narcotraficantes. Algunos periodistas manifestaron haber sufrido intimidaciones luego de publicar un artículo donde se criticaba al alcalde por la construcción de una terminal de transporte en la ciudad. En una de las conversaciones que sostuvimos un periodista afirmó: “Uno se pone a patear con esos temas y va a dar a la 11”, en referencia a la calle donde queda el cementerio. De la misma manera, en Palmira los reporteros se quejan del asedio de las autoridades cada vez que tocan el tema de la corrupción. Algunos, incluso, han recibido correos electrónicos amenazantes. Cali, capital del departamento, tampoco es ajena a esta situación. Varios periodistas que han registrado información relacionada con corrupción en la administración han sido objeto de amenazas. Tal es el caso del diario El Caleño. Desde la creación de una unidad investigativa, en agosto de 2004, su directora ha venido recibiendo advertencias. El 18 de diciembre de 2004 ocho hombres fueron a buscarla a su casa, entraron, revolcaron todo pero no se robaron nada. El último hecho se presentó el 21 de junio de 2005, cuando un desconocido rondó las instalaciones del diario varias veces preguntando de manera insistente por la directora. En general, las administraciones municipales aprovechan su situación de principales proveedoras de publicidad de los medios locales para ejercer un chantaje económico tácito. “Habla bien de la alcaldía y tendrás pauta”, reza un periodista. Es otra forma de silenciar a los medios locales. El alcalde de Tulúa no negó esto del todo, al decir que “cuando los medios cambien sus posiciones políticas, allí vamos a comprar su publicidad”. • Un tema prohibido: el narcotráfico “Siembre coca, coseche muerte”, es la frase que utilizaron para definir las consecuencias que tiene la influencia del narcotráfico sobre el Valle del Cauca. En Cartago, por ejemplo, no hay claridad sobre si el asesinato del periodista Óscar Polanco fue por razones de oficio, pero sí hay un acuerdo general en que algo tuvo que ver con narcotráfico. Y es que Cartago es una ciudad que ha crecido alrededor del tema. El Cañón de Garrapatas, una zona de difícil acceso, ubicada en la jurisdicción de Cartago, es un corredor para el transporte de las 5.000 hectáreas de coca cultivadas en la zona. Adicionalmente, Diego Montoya Henao, uno de los más reconocidos traficantes de droga, tiene ubicada allí a una agrupación armada de cerca de 800 hombres (Los Machos) ; Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”, también es de la región y tiene bajo su cargo a otros 800 hombres conocidos como Los Rastrojos, quienes luchan contra Los Machos por el control de la zona. Pese a que es evidente la influencia del tráfico de drogas en Cartago, de narcotráfico no se habla. El 14 de julio, un día antes que la misión llegara a esa ciudad , capturaron en Medellín a un narcotraficante ampliamente reconocido en Cartago, José Aldemar Rendón, alias “Mechas”. Al día siguiente, 15 de julio, los periodistas le dijeron a la misión que no iban a hablar de la captura de “Mechas”, y no lo hicieron. Durante el tiempo que permaneció la misión ninguno de los medios locales publicó la noticia. “Tiene sus negocios y su gente aquí, no nos podemos exponer”, explicaron. El caso de Aldemar Rendón no es el único. Cuando un bloque de búsqueda organizado por el Ejército estuvo en la ciudad durante varias semanas buscando capturar narcotraficantes, su presencia no fue mencionada por los medios locales ni reportaron sobre las incautaciones de bienes que se hicieron en ese momento. Y no lo hicieron porque, como dijo un reportero, “muchas veces me he autocensurado, porque pendejo no soy”. Además de periodistas, varias autoridades civiles y gente de la comunidad reafirmaron a la Misión que entienden el miedo de la prensa y que por esa razón siempre utilizan los medios nacionales para conocer las noticias locales. Pero a veces ni los medios nacionales logran llegarle a los ciudadanos de Cartago. En una ocasión, según miembros de la sociedad civil, la edición completa de un medio nacional desapareció de las tiendas. El medio había publicado una nota sobre los vínculos con el narcotráfico del hijo de un político muy influyente en la región, Ignacio Londoño. Esta autocensura contagió a Tuluá, donde el narcotráfico es un tema extremadamente sensible. “Estamos demasiado expuestos. Solo se repite lo que dicen los comunicados oficiales, explica un periodista. Si el coronel (de la policía) no dice nada, pues no hay nota.” Muchas veces, los narcos asesinados o detenidos son presentados en las notas como simples “comerciantes” o “comisionados”. Los periodistas de Buenaventura actúan al igual que sus colegas en Cartago: de narcotráfico no se habla. Esa posición resulta realmente grave en una ciudad considerada el corredor estratégico de cocaína, donde en lo corrido del año se han incautado 70 toneladas de droga, cifra que se calcula es el 10% del total que se ha movido por el puerto, según señaló el comandante de la policía. Pero el miedo es justificado. Tan sólo en 2004, el periodista Luis Klinger de CNC noticias fue amenazado por haber mostrado fotos de un narcotraficante. • Guerrilla y paramilitares: el silencio por las armas El camarógrafo de CNC noticias, Fanor Zúñiga, también fue amenazado y tuvo que salir de Buenaventura, no por informar sobre narcotráfico, sino por rehusarse a transmitir en el noticiero unos vídeos entregados por el grupo guerrillero de las FARC. Adonai Cárdenas, periodista radial de Buenaventura, constantemente recibe mensajes, mientras camina por la calle, de supuestos amigos que le recomiendan abstenerse de publicar información o que le reprochan no haber publicado lo que ellos querían. “Para evitar represalias, somos muy escuetos en las noticias sobre los unos y los otros (guerrilla y paramilitares)”, cuenta un reportero de Tuluá. “Muchas veces solo repetimos las informaciones de la policía, quitando el término de ‘narco-terroristas'”. Es así como los grupos armados ilegales también utilizan las armas para acallar a la prensa vallecaucana. En Tulúa y Cartago el problema también es de acceso a zonas alejadas del casco urbano. Según el corresponsal regional de la revista Semana, existen zonas vedadas para los reporteros por parte de los grupos guerrilleros. A ellas muchas veces sólo acceden e informan las emisoras comunitarias, de las cuales hay 16 organizadas alrededor del departamento del Valle. También existe la misma veda en sectores urbanos de Buenaventura controlados por las FARC, las AUC o grupos de delincuencia común. Cuando no les gusta las informaciones publicadas por ciertos medios queda restringido el acceso a ciertas zonas. Entonces, “se riega el chisme de que no podemos entrar a un barrio”, cuenta un periodista, quien por lo general respeta la interdicción. Los problemas llegan hasta la capital del Valle. El 20 de febrero, la sede de RCN radio y televisión en Cali sufrió un atentado cuando explotó un carro bomba abandonado frente a sus instalaciones. Por medio de un comunicado, el 24 de febrero el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de la guerrilla de las Farc aceptó ser el responsable del ataque a la sede y afirmó que RCN ha tomado parte en el conflicto a favor del gobierno y del ejército. La consecuencia de todo lo encontrado en la misión es que los periodistas sólo hablan de las muertes cuando las autoridades las reportan, que muchas veces no profundizan en la información y que no existe una verdadera confrontación de fuentes. La consecuencia directa, como en los otros casos, es que la comunidad vallecaucana no recibe una información completa debido a la autocensura generalmente practicada por los periodistas en la región. “Todos los días se va cerrando el espacio para trabajar”, asegura uno de ellos, en Buenaventura. Desvirtuando el miedo con el que muchos periodistas de la región se enfrentan diariamente al ejercer su trabajo, el coronel de Cali José Antonio Gómez Méndez dijo que “cada quien es dueño de su propio miedo”. Y esa afirmación puede ser cierta en otras circunstancias, pero no en el contexto del Valle del Cauca donde narcotráfico, guerrilla, paramilitares y autoridades locales corruptas atacan a la prensa y también impera la falta de investigación en los casos de agresiones contra periodistas. Es claro, entonces, que el periodismo en la región se volvió una profesión de alto riesgo y el miedo de la prensa es justificado. El mismo coronel, que hasta hace unos meses era el comandante de todo el departamento del Valle del Cauca, señaló que “el periodismo ha tenido una máxima protección”. Esta afirmación, no obstante, contrasta con el hecho de que cuatro reporteros en la actualidad estén amenazados, que dos de ellos han tenido que abandonar la región, que los medios sean víctimas de ataques y que el reflejo de todo ello sea una prensa que no toca los temas clave para la región. RECOMENDACIONES -A todos los actores del conflicto armado: que respeten la libertad de prensa como garantía del derecho de la sociedad a estar informada. Según el Primer Protocolo adicional de las Convenciones de Ginebra, los periodistas se considerados como civiles y están protegidos como tales. Su trabajo garantiza el derecho a la información de los ciudadanos y en tal sentido deben contar con garantias para ejercer su labor de manera independiente, libre y responsable, tal como lo contempla el artículo 73 de la Constitución Nacional. Todas las agresiones contra los derechos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión constituyen violaciones de los derechos humanos. Agredir a un periodista en medio de un conflicto armado es una infracción al Derecho Internacional Humanitario. -Al Alto Comisionado para la Paz : que en el marco de las conversaciones que desarrolla el gobierno con los diferentes grupos de autodefensas, reitere la importancia de proteger a la prensa como medio para mantener informada a la sociedad; en particular, que en los diálogos con los grupos de desmovilizados del Valle del Cauca que viven en la región exija el respeto al ejercicio del periodismo. -A la fuerza pública: que evite estigmatizar a los periodistas y a los medios de comunicación por la información que emiten. El legítimo derecho a consultar una fuente de información no significa que el periodista se identifique con los intereses de ésta. En ningún caso, citar una información proveniente de un grupo al margen de la ley puede ser considerado como un delito. Los periodistas tienen el derecho a proteger el secreto de sus fuentes. No se les puede obligar a revelarlas. -A la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los entes investigadores (Policía y DAS) : que investiguen el origen de las amenazas contra periodistas contenidas en este informe y sancionen a los agresores de periodistas. -A las autoridades civiles: que expliquen con base en qué criterios asignan la publicidad oficial en los medios de comunicación y que publiquen anualmente una rendición de esta asignación. Lo anterior con el fin de cumplir con el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresion de la CIDH, según el cual “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales (...) atenta contra la libertad de expresion y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. En caso de desacuerdo con una información, se les recomienda que usen el derecho legítimo a réplica y sigan los conductos judiciales establecidos para exigir una rectificación. Que en ningún caso ejerzan presión indebida sobre el medio, los directivos o los periodistas para que la información no sea publicada. Se debe recordar que según el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada en octubre de 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. -A los medios : que apoyen y respalden a sus periodistas cuando sean amenazados o presionados. En todo caso, que implementen las medidas de seguridad propuestas en el Manual de Autoproteccion para periodistas en el Conflicto Colombiano, elaborado por la Fundacion para la Libertad de Prensa con el apoyo de la UNESCO ; en las recomendaciones contenidas en la Carta sobre la Seguridad de Periodistas en Zonas de Conflictos y de Tensiones, elaborada con la iniciativa de Reporteros sin Fronteras, y en el Manual de Protección para periodistas de la Federación Internacional de Periodistas.