El presidente Néstor Kirchner niega las críticas relativas a la libertad de prensa

El presidente Néstor Kirchner negó con dureza, el 3 de marzo de 2005, la constatación efectuada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) relativa a la situación de la libertad de prensa en Argentina. El inquilino de la Casa Rosada considera a la SIP sospechosa de querer "defender los intereses de los grandes grupos de prensa", y ha denunciado su "alianza" con Claudio Escribano, subdirector de La Nación, diario del que ha criticado la actitud que mantuvo durante la dictadura militar (1976-1983). "Esta reacción del presidente Kirchner resulta sorprendente a la vista de la problemas, muy reales, expuestos por la SIP, que se apoya en una investigación efectuada tanto entre los medios de comunicación como entre los poderes públicos argentinos, nacional y localmente. Nos mantenemos vigilantes, sobre todo a la vista de las inquietantes conclusiones establecidas en el informe preliminar de la SIP, del 2 de marzo", ha declarado Reporteros sin Fronteras. En el documento, la delegación de la SIP en Argentina subraya que "sus miembros han recibido informaciones coincidentes, y casi unánimes, de que los medios de comunicación y los periodistas son el blanco de las presiones de algunos funcionarios del gobierno; presiones que pesan sobre la información transmitida al público". Además, el informe hace hincapié en que el Estado utiliza el reparto de los espacios publicitarios como una manera "de favorecer a determinados medios y castigar a otros". El documento de la SIP cita la discriminación llevada a cabo con algunos periodistas en las invitaciones a los viajes presidenciales, y recuerda la reciente protesta de los periodistas acreditados en la Casa Rosada contra "las repetidas muestras de autoritarismo del portavoz de la presidencia". Por su parte, en el gobierno se admite que "la estrategia de comunicación" del Presidente consiste para él en "dirigirse directamente a la gente, a través de discursos y actos". Finalmente, la SIP está preocupada por un proyecto de ley de acceso a la información, actualmente en debate en la Cámara de Diputados, que "concede un excesivo margen de discreción a los poderes públicos" y plantea "el interés legítimo" como criterio para recoger una información. Según la SIP, en su actual versión las personas morales, y entre ellas los medios de comunicación, se vería sometidas a esa ley y podrían incurrir en condenas administrativas, e incluso de cárcel. "La iniciativa representa una amenaza para la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas". La delegación de la SIP, encabezada por su presidente, el peruano Alejandro Miró Quesada Cisneros, tenía que finalizar su misión el 4 de marzo con una visita a la provincia de Neuquén donde, en agosto de 2004, el gobierno local quiso obligar a unos periodistas del diario Río Negro a revelar sus fuentes a un tribunal. El periódico ganó el pleito al mes siguiente.